Luego de casi un año de vigencia, el Congreso salvadoreño aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción. Mientras, el gobierno continúa con el traslado de pandilleros a la “mega prisión”.
Renée Saravia
El Congreso de El Salvador aprobó la nueva prorroga con 67 votos a favor de los 84 diputados del Congreso. Únicamente siete diputados votaron en contra, ocho diputados opositores se abstuvieron y dos no asistieron a la sesión.
Este 27 de marzo se cumple un año desde que El Salvador anunció el primer estado de excepción. Esto como una medida urgente, solicitada por el gobierno, tras una sangrienta jornada que registró 62 asesinatos atribuidos a las pandillas.
El estado de excepción permite al gobierno suspender la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser informada sobre los motivos de su detención, y el derecho a contar con la asistencia de un abogado.
Además, durante este régimen, se amplia de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Los funcionarios del gobierno de Bukele han reiterado la importancia de mantener el estado de excepción, tras corroborar los resultados positivos.
Las cifras de homicidios en El Salvador se han reducido de forma extraordinaria, presentando las cifras más baja de las últimas décadas, con un total de 495 en 2022.
En lo que va de 2023, el país centroamericano ha registrado 36 homicidios, incluyendo los de siete presuntos pandilleros que fallecieron durante un enfrentamiento con las autoridades.
