Los principales medios de investigación presentados por el Ministerio Público mediante la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, continúan siendo fundamentales en el segundo día de análisis de resolución por el Juez Miguel Ángel Gálvez quien sustenta en las pruebas preliminares antes de decidir si liga a proceso penal a los 57 sindicados en el caso denominado Cooptación del Estado.
El juez Gálvez manifestó que en este caso hay suficiente evidencia presentada por la Fiscalía la cual vincula a los procesados con los casos que les imputan a los sindicados de los delitos lavado de dinero y otros activos, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita y cohecho activo.
Asimismo, el juzgador mostró un teléfono celular que fue incautado en los allanamientos realizados por el Ministerio Público en las residencias de los involucrados, aduciendo que forma parte de los indicios racionales ubicados, y que hay declaraciones de personas que se presentaron al MP.
Durante la audiencia el Juzgador explicó que de acuerdo con los indicios del MP, las empresas de Roxana Baldetti no son de cartón, porque existen evidencias que fueron utilizadas para que las personas firmaran hasta 200 cheques en blanco y con ello realizaban compras de apartamentos en la zona 14, por cantidades que superan los Q.10 millones, para sustentar lo anterior mostró los planos de uno de los edificios en donde consumaron los negocios.
En su análisis resaltó que mucha de la información recabada fue localizada en los dispositivos móviles de Juan Carlos Monzón y Estuardo González, alias “Eco” durante las diligencias de allanamientos realizadas en sus viviendas y oficinas. Gálvez aseveró que en el caso de Dwight Pezzarossi existen indicios suficientes en los cuales se demuestra que mantenía comunicación con Juan Carlos Monzón en donde le comentaba que el nuevo Contralor General de la Nación sería Carlos Mencos.
Otro hallazgo que resaltó el juzgador fue que por medio de la Sociedad Anónima Marbella S.A; la organización hizo un préstamo de 10 millones de quetzales a un banco del sistema para materializar la compra de el periódico Siglo 21.
Aclaró que el proceso es muy extenso y que entre los indicios hay un cuadro del grupo estrella donde se compraron varios bienes con dinero de TCQ y una tercera parte fue por medio de dinero de contratistas, entre los terrenos menciono en la finca Zaragoza en Chimaltenango y entre las personas que participaron esta la empresa Arco que es propiedad del ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinabaldi.
A todos los medios de convicción de los que presentó el Ministerio Público el juzgador resaltó que tiene ubicadas, lanchas, helicópteros y los inmuebles los cuales coinciden con las declaraciones que dio Juan Carlos Monzón. En su análisis mostró la foto de la camisola de un equipo español que fue localizado en uno de los allanamientos que hizo el Ministerio Público en la casa de Otto Pérez Molina.
Fuente: MP
