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miércoles, enero 20, 2021

El antejuicio que desata pasiones

Dos abogados opinan sobre el trámite de antejuicio contra dos magistrados que el Congreso presentará ante el pleno: Amanda Santizo, quien representa a Guatemala Inmortal contra Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, y Edgar Ortiz, de la Fundación Libertad y Desarrollo, quien afirma que “no es adecuado perseguir a los magistrados del tribunal constitucional por sus resoluciones”.

Roxana Orantes Córdova

Finalmente, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, informó que la diligencia de antejuicio contra Gloria Porras y Francisco de Mata Vela será presentada ante el pleno. Para que la investigación a los magistrados se inicie, faltan 107 votos de diputados. Sin embargo, la sola idea de que puedan ser investigados motiva reacciones extremas.

El miércoles 25, en la última parte de la sesión plenaria celebrada en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el pleno archivó el proyecto de presupuesto 2021, que deja vigente el de 2020.

Minutos después, el presidente del Congreso trató de incluir el tema del antejuicio, lo que fue calificado por medios de comunicación como el “detonante” para un espectáculo de violencia, desprecio al protocolo y vulgaridad, que protagonizaron Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Fidel Reyes Lee, de BIEN, y el independiente Aldo Dávila, quien gritaba alrededor de los contendientes.

Otros incidentes develaron la calidad y probablemente la intención de los legisladores. Por ejemplo, la oficialista Sofía Hernández, de la Junta Directiva, señaló de agresión a Taracena, quien por su avanzada edad es considerado de alto riesgo ante COVID y no había asistido al Congreso por ese motivo.

El escándalo en el Congreso fue una acción para evitar siquiera la mención del antejuicio, según el consenso entre quienes opinan que “quien nada debe, nada teme” (como dijo una vez Thelma Aldana), por lo que los magistrados deberían permitir que se les investigue.

Por otra parte, quienes avalan a Porras y De Mata Vela, consideran que estos están siendo amenazados por fuerzas “oscuras para debilitar el sistema judicial”. Este argumento omite que contra la Corte de Constitucionalidad (CC), el abogado Giovanni Fratti ha documentado 22 posibles fallos irregulares.

Este no es el mejor momento para algunos magistrados de CC. Recientemente, fue nombrado magistrado titular Roberto Molina Barreto, a quien la “sociedad civil” no tiene entre sus favoritos. Sumado a lo anterior, hoy se conoció que un tribunal ordenó al Colegio de Abogados y Notarios (CANG), nombrar al sucesor de Bonerge Mejía.

Los dos recién nombrados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), más el titular que deberá nombrar en breve el CANG, son elementos que modifican el equilibrio de los votos en la CC, donde podrían darse cambios en la orientación de los fallos hasta abril de 2021, cuando se renueven las magistraturas.

Entretanto, la alarma de los antiguos aliados y operadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se expresa en una serie de acciones, que van desde las declaraciones del G13 (grupo de países donantes de la CICIG), hasta la posición de la ex mandataria de esa comisión, Delia Dávila, actual vocal en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien se opone a que Porras y de Mata Vela sean investigados.

Asimismo, el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas interpuso un amparo para impedir el trámite, lo que según Amanda Santizo, va contra la Constitución Política de la República.

¿Cómo pueden pedir a una particular que no use la ley?

Como penalista, Amanda Santizo se ha enfrentado a todo tipo de casos. Su convicción de que “algo está mal” en los llamados “autoamparos” de la CC la llevó a representar a Guatemala Inmortal (GI), en esta denuncia que encaminó la posible investigación a los dos magistrados mencionados.

Sobre la acción  de Rodas dijo:

“En este caso, el PDH carece de legitimación activa. Según la Constitución Política de la República, el ombudsman no puede promover acciones en pro de los funcionarios. Su naturaleza jurídica es equilibrar la desigualdad entre funcionarios y ciudadanos que estamos en desventaja cuando se trata de interponer acciones contra funcionarios que tienen influencia”.

“En este caso no tiene legitimación activa. La PDH no se creó para una defensa oficiosa de los funcionarios. Encima de la influencia que ya tienen no deben tener un funcionario para defenderlos. Causa extrañeza, un abogado como es el PDH se tome como atribución defender a funcionarios públicos”.

Como ciudadana particular, y como abogada, estoy en pleno derecho de usar la ley. No comprendo cómo es posible que haya quienes pretenden impedir que haga uso de la ley. “¿Cómo pueden pedir a una particular que no haga uso de la ley?”, recalcó.

Además, Santizo señaló que el 23 de noviembre, Gloria Porras se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar información. “En el caso de antejuicios, no se concede audiencia a los denunciados. Que tenga ese cargo y se haya apersonado para presentar un memorial, es improcedente e injustificado. No era el momento procesal oportuno”.

Entre las reacciones que condenan la posible investigación a los magistrados, están los comentarios de los embajadores miembros del G13 y la congresista estadounidense Norma Torres. Santizo narró que incluso se ha mencionado que “un grupo criminal” estaría demandando a los magistrados.

Ni la senadora ni los embajadores tienen potestad para emitir ese tipo de declaraciones, según establece la Convención de Viena, explicó la abogada, quien dijo:

“Norma Torres no tiene competencia para calificar mis acciones ni para afirmar que represento a un grupo criminal. Igualmente los embajadores ex financistas de la CICIG, no tienen derecho a inmiscuirse en este asunto. En un tribunal internacional europeo, me otorgarían la razón y ganas no me falta de acudir a esas instancias. Que no me toquen, me van a encontrar”, concluyó.

“Van por los magistrados para que la CC no resuelva destituir al ministro de Gobernación”

El 23 recién pasado, Edgar Ortiz escribió en su cuenta de Twitter:

“Van por los magistrados de la CC ahora. Seguramente para meter presión a la CC para que no resuelva destituir al Ministro de Gobernación.

El Congreso no aprobó entrar a conocer ahora la recomendación de destituir al Ministro de Gobernación. Qué vergüenza. Ahora, ¿armarán antes pesquisidora contra magistrados de la CC?”

Consultado por Perspectiva sobre la posibilidad de que se realice una investigación a los magistrados, dijo:

“Pretender perseguir por la vía penal a los magistrados del tribunal constitucional por sus resoluciones no es la vía adecuada. La propia CC ha sentado jurisprudencia sobre la irresponsabilidad de las opiniones vertidas en sus resoluciones como una garantía de su independencia judicial”.

“Pienso que el antejuicio tiene un sentido: evitar la persecución por razones espurias. Y lo que veo es que se pretende someter a la CC a la agenda del grupo mayoritario en el Congreso. No veo que se busque justicia, sino que se busca someter a la CC”.

En relación a los comentarios de embajadores, dijo:

“Creo que no se trata de que el G13 opine de las resoluciones internas de nuestros jueces, sino que ven que un grupo político tiene una persecución contra ciertos magistrados de la CC porque sus resoluciones no les son favorables”.

Asimismo, señaló que no existen pruebas de que Neftalí Aldana se haya inhibido cuando estaba enfermo. “Yo el único expediente que vi donde apareció  Neftalí inhibiéndose fue un auto donde se hacía alusión a que él se inhibió inicialmente y por eso conocía un suplente”.

Finalmente, comentó: “sigo leyendo en este contexto que se trata de otro intento por desaforar a los magistrados que le son incómodos a un grupo de políticos. Dudo que en el Congreso haya 107 votos para retirar el antejuicio a los magistrados de la CC”.

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