En octubre se cumplirán dos años de que el Ministerio Público (MP), comprara un edificio en la zona cinco de la capital. A la fecha, el inmueble sigue vacío, porque no resulta de utilidad para la institución que lo adquirió. Esto lo convirtió en un “edificio fantasma” y motivó que el MP haya solicitado orden de captura contra la ex fiscal general, para quien mañana jueves, la Fundación Contra el Terrorismo pedirá que sea una orden de captura internacional.
Roxana Orantes Córdova
Mañana, representantes de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), acudirán al MP para pedirle a la fiscal general Consuelo Porras que solicite a un juez competente la orden de captura internacional contra la ex titular del MP, Thelma Aldana, por la compra de un inmueble en una negociación plagada de irregularidades.
El viernes 13 de septiembre, al final de la tarde, el fiscal encargado de la Fiscalía de Asuntos Internos, Marlon Pacheco, informó a los medios sobre el caso del edificio fantasma, investigado durante varios meses y que, según dijo, ya no está bajo reserva, lo cual le permitió al MP dar a conocer algunos datos de la investigación.
La información central de lo expuesto por Pacheco fue que se giraron órdenes de detención contra la ex fiscal general Thelma Aldana; Miriam Salazar Duarte ex jefa administrativa; Patricia Beatriz Guzmán Rivera, exdirectora administrativa; Diana Odette Benavides, ex jefe del Departamento Jurídico; Lourdes Leyton, de la Fundación Gradiosa; Mynor Lobos, representante de Bertram S.A y William Balz Gallardo, de Invierno Corp.
Entre las anomalías más evidentes de la compraventa, Pacheco mencionó:
- La sustitución de la jefe del Departamento Jurídico que se negó a autorizar la compra, por Diana Odette Benavides, actualmente con orden de detención.
- La compraventa no estaba presupuestada en el Plan Operativo Anual de Compras del MP, como manda la ley.
- Thelma Aldana aprobó la compraventa.
- La negociación se hizo entre la jefe administrativa del MP (que no tenía potestad para ello) y “personas que no eran propietarios ni representantes legales”.
- No se realizó licitación ni contratación, transgrediendo lo establecido en las normativas.
- Según indica la ley, para compras de ese tipo las instituciones deberían tener un manual que cuando se realizó esa transacción, el MP no había desarrollado.
Un dato que ha sido resaltado por los medios, es que William (Billy) Balz Gallardo es uno de los implicados en el caso de la CICIG-MP llamado Red de poder, corrupción y lavado, que vincula al ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. El 26 de agosto, durante una audiencia de ese caso, el fiscal Carlos Vides solicitó que tres de los acusados fueran declarados en rebeldía, entre ellos Balz Gallardo.
La declaración en rebeldía incluye la solicitud de alerta internacional a la Interpol para ubicar a los señalados, A la solicitud, la juez Erika Aifán argumentó que “la defensa de William Balz Gallardo compareció a través de un memorial” y no autorizó que Balz fuera declarado en rebeldía, aunque accedió a decretar rebeldes a los otros dos señalados.
Pese a que el MP estaba investigando los vínculos oscuros de Balz, fue la titular de esa agencia gubernamental la que autorizó la compra de un edificio sobrevalorado, sin acabados y que además, resultó ser propiedad de Balz, quien actuó a través de la empresa Bertram S.A. cuyo representante no superaba los 25 años en una negociación que fue aprobada por Guatecompras en 20 minutos.
“No es un caso político, es estafa al erario nacional”
Como querellante adhesivo, la FCT tiene un papel relevante en este caso, al cual aportaron varios elementos valiosos para la investigación. Su presidente, Ricardo Méndez Ruiz, dijo a Perspectiva :
“El MP debe pedirle a un juez competente que emita una orden de captura internacional. Si esto sucede, vamos a comprobar la posición de los demócratas estadounidenses que encubren a una delincuente en Washington. Aparentemente, Aldana está intentando lograr que se le aplique la figura de refugiado político, pero este no es un caso político. Ella está implicada en dos actos de corrupción, con suficientes elementos de prueba que parecen señalarla. No es un tema político, sino de estafa al erario nacional”.
“Iván Velásquez estaba perfectamente informado sobre los dos temas, especialmente sobre el edificio sobrevalorado. Sin embargo, no se pronunció, no hizo absolutamente nada. Interpusimos la primera denuncia penal contra Aldana exactamente el día en que perdió su inmunidad y quedó sin derecho de antejuicio, pero Velásquez no reaccionó ante esa denuncia y la otra que también motivó una orden de captura”.
Según afirmó, en la conferencia de prensa del MP hubo varios elementos esperanzadores. “En primer lugar, acudió solamente el fiscal de Asuntos Internos. No hubo show mediático, los capturados y señalados no fueron expuestos ante la opinión pública. Se debe reconocer a Consuelo Porras que las cosas están cambiando, sin fotos ni circo”.
El presidente de la FCT insistió en que no se pretende tomar revancha contra Aldana y expresó que es necesario respetar su presunción de inocencia, así como las de los otros señalados. “Algo que ella no hizo cuando en infinidad de casos crucificó en prisión preventiva a personas que finalmente fueron declaradas inocentes. Eso puede calificarse como complicidad con las muertes de varios de ellos: el doctor Jesús Oliva, Flavio Montenegro y otros presos injustamente durante años”.
Perspectiva logró contactar a Samuel Pérez, diputado electo y secretario de Semilla, partido que había propuesto a Aldana como candidata presidencial. Pérez afirmó:
“Nunca ha habido un caso contra Thelma Aldana. Hay que ser responsables en los procedimientos y cómo se plantean los casos. La población lo tiene claro. Los ciudadanos que la persiguen se saltan procesos y cometen muchas irregularidades. Esto es evidente”:
Al momento, dijo Pérez, no hay una posición oficial de Semilla sobre el tema.
¿Estandarte de la lucha contra la corrupción?
“Culto a la personalidad” es un término nacido en los regímenes socialistas, donde se consideraba una “desviación”, si bien fue en los países socialistas donde ese culto llegó a sus máximas expresiones.
Al parecer, la tendencia se ha prolongado hasta los admiradores de Aldana, quienes aseguran que la segunda orden de captura contra Aldana es parte de una persecución política. La inclusión del elemento político contribuye a la polarización entre las nuevas “izquierdas y derechas”, que han trasladado el debate sobre corrupción y transparencia al plano ideológico, en parte, gracias a la politización de la justicia evidente durante la gestión de Aldana en el MP.
La polémica se manifiesta con toda su carga de emotividad y tendencia en las redes sociales, donde un “tuitero” escribió:
“Están convirtiendo a @ThelmaAldana en nuestro más grande estandarte. Eso necesitamos. Gracias, corruptos ¡ella no está sola!”.
A esto, otro ciudadano que se expresa en las redes respondió:
“Estandarte de la corrupción. Simplemente, que resuelva su situación en tribunales. Aunque digan que la justicia está cooptada. Lo mismo podrían haber dicho las personas que ella acusó y encarceló. Lo siento, pero esto es de dos perspectivas. Derecha e izquierda”.
