Mientras el abogado penalista Raúl Falla califica la gestión de Jordán Rodas como la peor desde que se fundó la PDH, el Procurador de los Derechos Humanos asegura que la denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), es parte de una estrategia para criminalizarlo porque no aceptó ser parte del “Pacto de Corruptos 2.0”.
Roxana Orantes Córdova
Más de una vez, el PDH ha evitado cualquier intento de investigación interponiendo recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que los resuelve inmediatamente a favor del magistrado de conciencia. Jordán Rodas goza de “buena prensa” y ante un mínimo conato de investigación, surgen las denuncias sobre campañas de los corruptos en su contra.
Esta semana se conoció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó investigar a Rodas, quien según la denuncia de la Asociación la Familia Importa (AFI), habría promovido contenido favorable al aborto, que en Guatemala es un delito. El PDH se “curó en salud” con un ocurso de queja ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que cuestionaba a los 10 diputados que votaron para citarlo al pleno del Congreso para informar sobre su gestión.
A principios de agosto, la CGC presentó una denuncia contra el PDH y su jefe financiero, por “gastos realizados sin disponibilidad presupuestaria”. Según el informe de la CGC, un acuerdo del PDH modificó otro anterior, sumando Q20 millones al presupuesto asignado a la PDH en 2019. Estos fondos habrían sido comprometidos “sin disponibilidad presupuestaria”, dice la CGC.
El 17 de agosto, el PDH interpuso un recurso de amparo ante la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, y el viernes 21, luego de que se diera a conocer la denuncia de la CGC contra el PDH, interpuesta a principios de agosto, la PDH informó que :
“La Sala Primera de lo Contencioso Administrativo concedió plazo de 48 horas a la @Contraloria_gt para remitir informe por amparo contra confirmación de hallazgos en mayo, en violación a amparo provisional que se encontraba vigente en ese mes”.
El PDH tiene derecho a un debido proceso, dice el abogado Raúl Falla, quien se pregunta por qué se ha negado sistemáticamente a cualquier intento de que su gestión sea investigada, o siquiera cuestionada.
“El que nada debe, nada teme, dijo aquella señora prófuga”, señala Falla
Según Falla, Rodas llegó a la PDH precedido por una serie de señalamientos por su actuación en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde está investigado por un faltante de más de Q350 mil que el funcionario justificó como “viáticos” cuando fue vicepresidente del CANG. Falla comenta que esos fondos provenían de las cuotas que todos los abogados tributan al colegio.
Cuando Rodas entró a la PDH, su antecesor devengaba un sueldo mensual de Q31, 110. Muy poco después, esta suma se incrementó en Q19,665, con lo que el actual defensor de los guatemaltecos recibe un sueldo mensual de Q. 50,775.00, como consta en la página de la PDH, donde también consta que la entidad eroga poco más de cinco millones de quetzales mensuales en salarios de unos 700 trabajadores.
“Se ha demostrado que su gestión es opaca y no me extrañan los señalamientos de corrupción. Su gestión como procurador de los derechos para los más vulnerables ha sido deficiente y con un alto tinte ideológico. Por ejemplo, se ha negado a atender las demandas de los veteranos militares presos, aunque son personas de edad avanzada. Tampoco accedió a investigar las acciones de la FECI-CICIG contra la hija de la magistrada Heidy Tamara de León, una niña que fue investigada por esos entes, lo cual es ilegal. Sin embargo, Rodas y la procuradora adjunta Claudia Maselli, evitaron investigar esas denuncias”, dice Falla.
El jurista también menciona que la rendición de cuentas es necesaria y los ciudadanos tenemos derecho a conocer cómo ha sido la gestión de los fondos en la PDH. “Pero utiliza los recursos de amparo para evitar ser fiscalizado. “El que nada debe, nada teme, dijo aquella señora que está prófuga. Este es el peor PDH desde 1985”, concluye Falla.
Los defensores del defensor
Varios “defensores de derechos humanos” y políticos como el diputado Orlando Blanco (señalado por la CICIG de financiamiento electoral ilícito), han defendido al Ombudsman guatemalteco en diferentes momentos en que ha estado a punto de ser investigado o siquiera indagado.
Cuando Blanco asumió como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso dijo a los medios:
“Nosotros vamos a colaborar y a tener una comunicación estrecha con el Procurador de los Derechos Humanos, contrario a lo que hizo la anterior comisión, que se dedicó a hostigarlo y prácticamente a hacerle una persecución política”.
Rodas ha sido defendido por diversas organizaciones campesinas, de derechos humanos e incluso internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó medidas cautelares. En 2012, esa entidad falló para que su familia recibiera una indemnización por US$146.429,00 como “resarcimiento” por la desaparición de su hermano, militante guerrillero según el “Diario Militar” que dio origen a la demanda ante la CIDH.
Otro dato que vale la pena recordar es que algunos de quienes expresan su solidaridad al PDH e incluso uno de los magistrados de la CC que no se ha inhibido para conocer los amparos de Rodas, podrían tener conflicto de interés, debido a que tienen familiares laborando en la PDH y aunque no se trate de personas contratadas durante la administración actual, el conflicto existe.
Entre otros, Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), quien en 2019 afirmó que “quienes persiguen al PDH no tienen calidad ética”. Cristel Rodenas, hija del funcionario de la ODHA, trabaja en la PDH. Igualmente sucede con el magistrado Francisco de Mata Vela, cuya esposa Luvia Ruiz de Mata Vela trabaja hace varios años en la PDH, según datos de la institución que fueron sistematizados en la página Frente por la Verdad y los Hechos.
Más de un abogado ha señalado que, si bien no es un delito, los jueces y magistrados debieran abstenerse de fallar a favor o en contra cuando existen conflictos de interés, por un tema ético. Sin embargo, este no ha sido el caso.
De Mata Vela firmó la resolución de la CC que evitó la citación de Rodas al Congreso, cuando el PDH participó en la polémica “procesión de la vulva”, hecho que motivó la recolección de más de 20 mil firmas que pedían la destitución del PDH.
Actualmente, Rodas vuelve a esgrimir el argumento de una estrategia en su contra que busca defenestrarlo por no aliarse al “pacto de corruptos 2.0”. Muy probablemente en los próximos días circularán cartas públicas y otros documentos de organizaciones internacionales y políticos de izquierda pidiendo que termine el hostigamiento y persecución contra el magistrado de conciencia. Sin embargo, en medio de este “ping pong” de señalamientos y amparos, persiste una duda:
