La elección del juez Mynor Moto tiene por lo menos cinco impugnaciones, entre estas una de la FECI, mientras el presidente del CANG, Ovidio Orellana, afirma que no estuvo de acuerdo con la convocatoria a esa elección. Las declaraciones de cuatro abogados a Perspectiva reflejan aproximadamente las diversas posiciones sobre el tema.
Roxana Orantes Córdova
Mientras el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Ovidio Orellana, aseguró públicamente que votó contra las dos convocatorias y retrasa la certificación del acta que permitirá a Mynor Moto asumir como magistrado a la Corte de Constitucionalidad (CC).
La elección en el CANG tuvo varios tropiezos. En primer lugar, el recurso que frenó la segunda vuelta, y luego de que Moto fuera electo, las varias impugnaciones presentadas para evitar que asuma.
“Están dando patadas de ahogado”, afirma Falla
Quienes pretenden impedir que Moto asuma argumentan en primer lugar que el juez carece de comprobada honorabilidad. A esto, Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), señala que este señalamiento se basa en el antejuicio que al momento no ha sido resuelto.
“Si el antejuicio progresa, se verá el procedimiento legal para defenestrarlo, pero mientras tanto, goza presunción de inocencia. Es conocido que varios funcionarios y diputados tienen varios antejuicios iniciados, pero mientras no se le compruebe, no puede acusársele de falta de honorabilidad.
En relación con la impugnación realizada hoy por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Falla señala: “es una noticia sorprendente. Impugnar ante el Tribunal Electoral del CANG no le corresponde al Ministerio Público (MP), sino a un colegiado activo o al tribunal. No veo sentencia condenatoria, aunque hay un evidente abuso de autoridad de una institución pública que intenta frenar un proceso gremial establecido en la Constitución”.
Otro cuestionamiento que grupos civiles realizan a Moto es que no ejerció 15 años como abogado. A lo anterior, Falla señala que los requisitos constitucionales son: guatemalteco de nacimiento; abogado y notario con más de 15 años de graduado y persona de honorabilidad reconocida.
“En ningún lugar se exige que se trate de un abogado con bufete. Por ejemplo, Neftalí Aldana fue juez durante varios años, no ejercía en lo privado y en ese caso, no se cuestionó el tema”, explica.
Finalmente, en relación a los fallos de Moto que grupos de la sociedad civil cuestionan, el abogado de la FCT narra que hace unos cinco años, Mynor Moto falló contra esa fundación, que había cuestionado la declaración de testigos en un caso contra veteranos militares.
“Como juez Tercero de Instancia Penal, su fallo contra la FCT fue parte del ejercicio de su independencia judicial. Recuerdo que cuando dijo se desestima el caso, estaban presentes Rafael Maldonado y Yuri Mellini, de CALAS, además de abogados de CALDH y otras ONG´s, quienes aplaudieron a Moto, quien además ha emitido fallos que favorecieron a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)”.
“Hoy, Maldonado califica a Moto como juez de la corrupción, por lo que podríamos decir que sus detractores lo que esperan es jueces que resuelvan a su gusto, resoluciones a la carta”.
Finalmente, Falla recordó que la oposición contra Moto nació cuando el juez resolvió desligar del caso Rosenberg a los hermanos Valdés Paiz, contraviniendo las exigencias de la CICIG.
Zapata: “que esto sea una situación pasajera”
“La esperanza es que esto sea una situación pasajera. En menos de tres meses, termina el período de magistratura en la CC. Mejor pensemos en una situación nueva, en la que la CC designe nuevos magistrados, lo más adecuados posible, con la idoneidad y capacidad requeridas, y más que nada, independientes”, señala Adrián Zapata.
Según esta opinión, “los esfuerzos de la sociedad civil deben encaminarse a presionar a las instituciones con potestad para nombrar candidatos busquen a los más idóneos posibles”.
“En estos tres meses, el cambio en la correlación de fuerzas en la CC podría incidir en que cambie la naturaleza de algunas resoluciones. Más que cualquier crítica que pueda realizarse contra la CC, esta ha sido una barrera, el único valladar, para garantizar resoluciones no alineadas con las mafias y la corrupción. Esperemos que en estos tres meses la CC no emita resoluciones de ese tipo, sobre temas fundamentales”.
“Esto no significa que los magistrados no tengan sus propias convicciones ideológicas, que fundamentan los valores. La independencia de los fallos consiste en que estos no estén alineados con intereses políticos, corruptos o incluso particulares”.
“La sociedad civil también debe presionar para que en estos tres meses no se modifiquen los fallos anteriores”, finaliza.
“Es una disputa política”, dice Manfredo Marroquín
Según afirma Marroquín “se trata de una disputa política. Estamos ante el alineamiento de los tres poderes del Estado con el poder económico, en un esfuerzo por el control de las cortes para proteger determinados intereses. Esto aleja al país del tema democrático “.
En este intento de los sectores mencionados por garantizarse la impunidad, designando cortes para protegerse, se cae por lo menos en dos paradojas, señala Marroquín: por una parte, se aleja la inversión extranjera, ante el incremento en el índice de impunidad, y por otra, se gestan alianzas con mafias.
En el caso de Moto, el cuestionamiento más relevantes “es por sus fallos cuestionables, además de un pobre desempeño. Tiene problemas hasta para redactar, y se trata de un juez al que no le gusta juzgar a los corruptos. Resulta extraño que un juez, cuyo salario es de unos Q20 mil, cuente con fondos para impulsar una campaña millonaria”.
“Con Moto y Roberto Molina Barreto, los grupos pro impunidad tienen dos operadores ya probados. Ahora, a la sociedad civil le corresponde vigilar para garantizar que se elijan los magistrados idóneos”.
“Quieren garantizarse la continuidad del dominio en la CC”: González Dubón
José Luis González Dubón considera que “la apelación de Alfonso Carrillo fue extemporánea. Impugna el resultado, cuando debió impugnar el proceso. No se trata de una situación jurídica, sino política. Quienes han mantenido el dominio en la CC quieren garantizar su continuidad”.
“Para los abogados, el tema es claro y sencillo, pero se ha enrarecido por la injerencia de personajes como Helen Mack y sus operadores. La participación del ex rector Estuardo Gálvez incidió en esto, mientras la FECI y el MP parecen transformadas en instrumentos políticos, llegando a extremos de que conversar con cualquier señalado se ha convertido en un hecho delincuencial. La situación es clara: Mynor Moto ganó la elección y debe tomar posesión”.
