El presidente de la Asociación de Dignatarios de la Nación, Guillermo Pellecer Robles, y la abogada Amanda Santizo, explican algunos detalles sobre la pronta toma de posesión de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), y ambos coinciden en que Gloria Porras podría tener dificultades, debido a la jurisprudencia que ella misma estableció.
Roxana Orantes Córdova
En cinco días serán juramentados los diez magistrados de la CC: cinco magistrados titulares y cinco suplentes. El proceso ha sido totalmente distinto a los anteriores, donde si bien hubo más de algún cuestionamiento o recurso, era una noticia de bajo perfil mediático.
Esta elección ha sido sui generis por muchos motivos: la captura de un rector y un ex rector de la USAC, en el marco del proceso secreto, cuando la ley establece que sea público, donde se terminó nombrando a Gloria Porras, quien no es docente universitaria; los diversos incidentes en la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y por último, ya juramentados los magistrados por el Congreso, recursos de amparo que pese a no estar apegados a la ley, fueron aceptados para su trámite por la CC, comentaron los dos entrevistados.
En cuanto a los amparos interpuestos ante la CC por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), y el abogado Alfonso Carrillo, para impedir que tomen posesión los magistrados Roberto Molina Barreto (quien se reelige por la CSJ), y Leyla Lemus, nombrada por el Ejecutivo, tiene la característica de ser una maniobra que raya en lo absurdo, puesto que la ley es clara al indicar que los designados por los tres poderes del Estado no pueden ser impugnados.
Sin embargo, de forma inexplicable, la CC dio trámite a esas solicitudes.
“Gloria Porras sentó el precedente”, afirma Santizo
Según expone Amanda Santizo, Gloria Porras podría quedar fuera de la magistratura, debido a que en este momento hay un proceso de antejuicio iniciado por la Asociación de Dignatarios de la Nación, que se encuentra en la fase de Comisión Pesquisidora en el Congreso.
Cuando el juez Mynor Moto fue electo por el CANG para completar el período de Bonerge Mejía, que llegaría hasta el próximo 14 de abril, Gloria Porras influyó para que se resolviera un amparo según el cual los magistrados a la CC con antejuicios iniciados no pueden asumir.
“Ella sentó la jurisprudencia, no solo con el caso de Moto (cuyo antejuicio no había sido admitido para trámite) sino otras dos veces, entonces es probable que no pueda asumir el 14”, dice la abogada, quien además recuerda que como representante de Guatemala Inmortal (GI), interpuso un amparo contra el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC, debido a las irregularidades encontradas en el proceso. El CSU determinó que GI no tenía legitimidad activa para cuestionar esa elección, solo los candidatos. Sin embargo, en 2016, Gloria Porras fue parte de la sentencia donde se estableció que cualquier persona podría objetar esos procesos”.
Como respuesta, señala Santizo, “presenté un amparo que ya fue admitido a trámite. Llama la atención que Porras, sin ser notificada, se presentó y pidió que se resolviera a su favor. Alguien le avisó. Este amparo no podrá ser resuelto antes del 14, y con solo el hecho de que este único amparo haya sido admitido para trámite, ella no debería asumir el 14, debido a que hay más de tres resoluciones de ella misma que sientan jurisprudencia”.
“Pusimos un recurso de recusación para garantizar la imparcialidad”, señala Guillermo Pellecer Robles
“Creo que va a ser muy difícil para Gloria Porras. Aunque el pleno del Congreso ya aprobó a todos los electos, ella tiene una querella pendiente, que está siendo analizada por la Comisión Pesquisidora del Congreso”, dice el constituyente.
Además, comentó que este viernes la Asociación de Dignatarios de la Nación que preside interpuso un recurso de recusación para garantizar la imparcialidad de la comisión.
«El presidente ha demostrado parcialidad, debido a que la Comisión Pesquisidora es un grupo colegiado y Mario Taracena ha absorbido las decisiones y la información. Pusimos el recurso para que el pleno del Congreso conozca estos elementos de parcialidad y sesgo en el proceso. Nadie puede ser juez y parte», señaló.
La actual CC ha realizado varios actos fuera del Estado de Derecho, señala el constituyente, quien recuerda que hace 36 años, 88 guatemaltecos de diversos partidos redactaron la Constitución actual, donde se establece la creación de la CC como un ente cuya misión es defender la Constitución.
En cambio, explica, en el último período, la CC ha emitido diversos fallos polémicos que han pasado sobre la autoridad de los poderes del Estado. «Lamento mucho las interpretaciones que ha hecho la CC y la serie de amparos interpuestos por el Procurador de Derechos Humanos, que se alejan de la ley», expresó y concluyó:
