Por Redacción Perspectiva
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a los antejuicios contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, y siete diputados del Congreso de la República, presentados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP).
Los señalados son Estuardo Galdamez Juárez, quien es el actual candidato presidencial por el partido oficialista FCN-Nación; y los diputados Juan José Porras Castillo, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Medrano, y Marco Antonio Orozco, todos exintegrantes del extinto Partido Patriota.
En este caso también esta involucrada la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Este es un nuevo caso de corrupción denominado Subordinación del Poder del Legislativo al Ejecutivo: Una expresión de la captura del Estado, los hechos se remontan desde enero de 2012 a abril de 2015, donde se negociaba desde Baldetti el pago para obtener los votos necesarios en el Congreso de la República para la aprobación de leyes, la elección del Contralor General de Cuentas, la designación de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones y la elección de presidencias de comisiones legislativas.
El pago por estas elecciones era de Q50 mil bimensuales a cada diputado que votara a favor, el total de estos favores fue alrededor de Q57.8 millones, según las investigaciones.
Al ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela se le señala de haber cometido los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. Mientras que a los diputados se les acusa de haber cometido los delitos de violación a la Constitución y cohecho pasivo.
