Esta noche se aprobaron «de urgencia» nacional dos ampliaciones presupuestarias, que podrían afectar el monto del próximo presupuesto, además de generar dudas sobre el destino que tendrán los fondos, especialmente en el caso de la ampliación para infraestructura vial.
Redacción Perspectiva
Hoy fue archivada la polémica normativa llamada Ley para protección de la vida y la familia, considerada como inconstitucional y plagada de errores. Sin embargo, al mismo tiempo el Congreso aprobó dos normativas que amplían el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación.
Congreso: entre la opacidad y el populismo
La primera de las normativas aprobadas esta noche de urgencia nacional es la Ley de Apoyo social temporal a consumidores de diésel y gasolina regular, que amplía en Q750 millones el presupuesto nacional para paliar mínimamente el consumo de combustibles y contó con el aval de 130 diputados.
Esta ley ya es considerada populista y quienes la critican señalan que no representará ningún beneficio real para la población, como sí hubiera sido una rebaja significativa o eliminación de impuestos a los combustibles.
La otra ley, que los congresistas dejaron para el final de la jornada, es una ampliación de Q131 millones, los cuales según afirman, se destinarán en gran parte al mantenimiento, recuperación y sostén de infraestructura vial, incluyendo puentes, además de algunas erogaciones para reparar escuelas.
La redacción final de la normativa se aprobó con 112 votos.
Un dato «de color» que el Congreso expone en su página noticiosa (porque la ley todavía no puede verse en esa plataforma), es que la normativa «faculta» a la Contraloría General de Cuentas para verificar las contrataciones, obviando que precisamente, esas verificaciones son el mandato constitucional de la contraloría.
