El expresidente Otto Pérez Molina intentó bloquear el testimonio de cinco colaboradores eficaces en el proceso penal llamado Cooptación del Estado, pero la Sala Segundo rechazó la apelación interpuesta por el abogado del exmandatario.
Según Pérez Molina, los los convenios de colaboración eficaz, suscritos por el Ministerio Público (MP) con Víctor Hugo Hernández, Rogelio Chay Sontay, María del Carmen Valencia, Íngrid Marisol Dávila y Miguel Martínez Solís, no eran válidos.
Según Juan Carlos Monzón, al principio Hernández fungía como contador de sus empresas, luego fue el encargado de registrar las comisiones ilegales que recibía la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y tenía bajo su control grandes cantidades de dinero que Baldetti requería para pagar sus tarjetas de crédito.
Además fungía como testaferro de Monzón y Baldetti, ya que figuraba como propietario de varios bienes muebles vinculados a ambos, ocupaba una plaza fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC), y creaba empresas de cartón.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) propuso que Valencia declare como representante de la empresa Proyectos Marbella, la cual fue utilizada por Salvador Estuardo González, alias Eco, y la ex vicepresidenta para adquirir a los medios de comunicación Siglo 21 y Al Día.
La declaración de Dávila admite haber trabajado como secretaria de Monzón y da los detalles de las visitas de William Schwank –persona de confianza de Allan Marroquín, exinterventor de la Portuaria Quetzal y prófugo de la justicia– realizaba a la empresa Canchas Deportivas.
Martínez, ex subsecretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), relaciona a Mauricio López Bonilla exministro de Gobernación y a Rudy Gallardo y Julio Alvarado, exrepresentantes del Registro Nacional de las Personas (Renap), como los responsables de adjudicar, discrecionalmente, un contrato para la seguridad de las instalaciones de dicha entidad.
Como parte de los acuerdos de colaboración eficaz, los primeros en recuperar su libertad fueron Juan Carlos Monzón y Salvador Estuardo González. Ambos aceptaron la comisión de delitos y los declararon culpables a cambio de devolver los bienes adquiridos con fondos ilícitos.
