A través de un comunicado divulgado anoche, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), solicitó a las autoridades “abrir proceso legal a las personas responsables por usurpación de funciones y abuso de autoridad”. Esto, en alusión a verificaciones en empresas realizadas por diputados y delegados de PDH, que según afirma la CIG, transgreden la potestad legal. El comunicado comienza a motivar polémica en redes.
Redacción Perspectiva
Jordán Rodas fue uno de los primeros en reaccionar con un pronunciamiento de apoyo al Defensor de Personas Trabajadoras, Luis Daniel Reyes. En sus redes, escribe:
“En @PDHgt no somos observadores, ni acompañantes, cumplimos con nuestro mandato constitucional de supervisar la labor de Inspección General de Trabajo del @MINTRABAJOGuate”.
Entretanto, la diputada Ligia Hernández aprovechó para expresar su posición con humor y escribió en su cuenta de Twitter: “Ajá ¿y qué más no les gusta a estos muchachones? Solo para estar al pendiente.
En redes se expresaron muchos otros comentarios, en contra y a favor del comunicado, donde se expone que la CIG rechaza las visitas a empresas de diputados de Semilla y empleado de la PDH, pretendiendo verificar medidas sanitarias, porque:
• Ni los Diputados Samuel Pérez y Román Castellanos de la Bancada Semilla ni el Defensor de las Personas Trabajadoras de la PDH, Luis Daniel Reyes, tienen la potestad legal para realizar las inspecciones en el ámbito privado, siendo la Inspección General de Trabajo la única entidad legalmente facultada para el efecto.
• La función de fiscalización de los diputados del Congreso de la República se limita a entidades públicas y bajo los mecanismos de control establecidos en la Constitución de la República y en las leyes.
• En relación a la PDH, es común que acompañe a la Inspección General de Trabajo, pero deben contar con la autorización de las empresas para que los funcionarios de la PDH ingresen, aunque lo deseen hacer como observadores.
• La Constitución Política de la República es clara en relación a que, cuando un dignatario o funcionario en el ejercicio de su cargo infrinja la ley, el Estado o la institución serán solidariamente responsables por daños y perjuicios, pudiendo existir responsabilidad penal o civil.
Y el texto concluye:
