El 21 de marzo, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentó el cuarto tema de su proyecto Ruta para el Desarrollo de Guatemala 2010-2024, denominado Seguridad y Justicia. En el evento, miembros del equipo que realizó el estudio y expertos invitados presentaron los principales avances y dificultades de la seguridad ciudadana.
Roxana Orantes Córdova
Los investigadores del CIEN, Francisco Quezada y Walter Menchú, además de los expertos en seguridad ciudadana Juan Pablo Ríos y Mario Mérida participaron en el foro realizado durante la presentación del estudio Seguridad y Justicia, que abarca desde la situación actual de la seguridad ciudadana hasta las recomendaciones para mejorar este aspecto de la vida nacional.
El primer elemento que resaltaron los participantes es que los homicidios han disminuido significativamente, al tiempo que se incrementaron las extorsiones. Aunque la tasa de muertes violentas se redujo en 2018 a 22.4 homicidios por cada cien mil habitantes, el país sigue siendo uno de los más violentos, con el puesto 10 en Latinoamérica y el 13 a nivel mundial,
Los robos y asaltos son los delitos que más afectan a los guatemaltecos. Según los especialistas, la encuesta de victimización más reciente detalla que los delitos contra el patrimonio representan el 88% en el país.
La extorsión: un delito de alto impacto social
Un día antes de que el CIEN presentara su estudio, taxistas vapulearon y quemaron a dos presuntos extorsionistas quienes habrían disparado contra uno de ellos, quien se negaba a pagarles la extorsión.
Los supuestos delincuentes y uno de los taxistas fallecieron, mientras otro de los pilotos fue detenido. Las reacciones en redes sociales fueron de apoyo para los taxistas, a quienes algunos calificaron de héroes.
Casi inmediatamente, circuló también en redes, un audio que amenaza de muerte a todos los taxistas que se desplacen por Mixco y zonas aledañas. Según la voz en el audio, la amenaza proviene del “Barrio 18”, que reivindica la pertenencia de los dos presuntos delincuentes, si bien la madre de uno de los fallecidos aseguró que la muerte de su hijo había sido fortuita.
El hecho evidencia dos puntos mencionados en el foro del CIEN: 1. El objetivo de las pandillas, más que asesinar, es generar terror; 2. Las extorsiones son uno de los delitos con mayor impacto en la ciudad de Guatemala.
Entre la complejidad que rodea el tema está el hecho de que muchos de los elementos que rodean a las extorsiones pueden ser obra de “simuladores”, como podría ser el caso de la grabación mencionada.
Estos simuladores suelen ser delincuentes comunes (no organizados), que aprovechan para sembrar terror en la población.
Al mencionar las posibles causas en la disminución de homicidios, Ríos comentó que posiblemente a los grupos criminales les conviene más el miedo que ocasionar muertes, porque estas “generan costos y persecución penal”.
Las pandillas se han transformado. Actúan como corporaciones y manejan sus actividades criminales como negocios. Al mismo tiempo, se encuentran divididas. Cerca de la mitad de sus dirigentes cumplen condenas de hasta 500 años. Los que están libres son más jóvenes y optan por diversificar sus actividades delincuenciales.
Esto puede ser una de tantas causas en la reducción de los homicidios, dijeron los especialistas, quienes coinciden en que los delitos de las pandillas son uno de los flagelos actuales.
Apoyar a que niños y mujeres salgan de esas estructuras criminales, con abordajes mucho más amplios que la “mano dura”, encontrando nuevas metodologías y más enfoques para atender esos casos, puede ser uno de los elementos para reducir el impacto de las maras, dijo Ríos.
Según comenta, otro aspecto fundamental es la información sistematizada. “En 2011 y 2012 se utilizó información para elaborar los planes contra las pandillas”, mencionó.
Una institucionalidad débil
Actualmente, las fuerzas de seguridad son más profesionales y existen más agentes de policía que hace unos años, coincidieron los expositores. Sin embargo, queda mucho por mejorar.
Una de las debilidades señaladas es que la Policía Nacional Civil (PNC), no cuenta con instalaciones propias y la mayor parte de comisarías funcionan en inmuebles alquilados, lo que causa muchas limitaciones.
Además, la carencia de reglamentaciones donde se definan los ascensos y la politización que implican los cambios de ministro, motivan que la situación de los agentes no sea estable y que ellos tengan incertidumbre sobre su carrera, a diferencia de lo que sucede en el Ejército, señaló Mérida.
Según afirma Mérida, sería idóneo que la policía pudiera tener un presupuesto no dependiente del Ministerio de Gobernación y una carrera policial bien definida.
Junto con la policía, el sistema judicial es uno de los puntales de la seguridad ciudadana. La acumulación de casos no resueltos sigue siendo uno de los problemas constantes en el país, donde además se ha incrementado significativamente el número de personas en prisión preventiva.
El sistema penitenciario es “la oveja negra” de la seguridad ciudadana, comentó Mérida, quien señaló el incremento del hacinamiento, que deja el control de los centros carcelarios en manos de los reclusos. Finalmente, el analista dijo que en el país se han tratado de aplicar modelos exitosos en otros lugares, como el Serenazgo, el Plan Cuadrante y recientemente, las cárceles modelo. Sin embargo, instó a las autoridades a generar propuestas propias, adecuadas a esta realidad.
Recomendaciones para mejorar la seguridad ciudadana
En el corto plazo, el estudio recomienda: mejorar la información existente sobre seguridad ciudadana; elaborar un plan estratégico institucional y trabajar en el presupuesto 2020 y retomar el sistema de ascensos por mérito a través de convocatorias abiertas y cursos en la policía.
En el mediano plazo, sugieren que se necesita profesionalizar a los agentes penitenciarios, de la PNC, de inteligencia y de investigación criminal. Además, señala la necesidad de lograr la coordinación interinstitucional y poner en marcha proyectos de infraestructura policial y penitenciaria.
Y en el largo plazo, recomienda reformar procesos en instituciones del sistema de justicia y criminal e identificar cambios legales necesarios para agilizarlos; avanzar en la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria y modernizar la Academia de la PNC.
