Aunque los indicadores de denuncias y homicidios se muestran a la baja, el investigador del CIEN, Francisco Quezada, considera que persiste la desconfianza de la ciudadanía en el ordenamiento jurídico, “esencialmente por la escasa garantía que ofrece la Justicia en el país frente a controversias, por lo que el poder público, que debería garantizar la Seguridad y la Certeza Jurídica, falla en este campo”.
Roxana Orantes Córdova
La Coalición por la Seguridad Ciudadana y la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), presentaron el Índice de Denuncias de Delitos y el tema Certeza Jurídica y Seguridad Ciudadana. El evento estuvo a cargo del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), como brazo técnico de la coalición.
El Índice de Denuncias de Delitos (IDD), monitorea mensualmente nueve delitos que dividen en dos sub índices:
Delitos contra las personas: homicidios, lesiones, violaciones y secuestros
Delitos contra la propiedad: extorsiones, robo de vehículos, robo de motocicletas, robo de furgones con mercadería y robo a viviendas.
En julio de este año el índice se redujo a 1.2%, lo que significa una reducción en conjunto de las denuncias por los nueve delitos, indica el CIEN, que define a este monitoreo como “fuente de información actual que puede servir a las autoridades para tomar decisiones de política pública priorizadas que mejoren el bienestar de los guatemaltecos” explicó Walter Menchú, investigador del CIEN y encargado del índice.
El investigador también dijo que la tasa de homicidios llegó a 16.6 por cada cien mil habitantes, lo que significa que regresó al mismo nivel de inicios del año. “De enero a julio 2020 ha habido un 35% menos de homicidios que el mismo período del año anterior”, señala, aunque algunos municipios, como Huehuetenango y Sololá, tuvieron incrementos notorios en estos delitos.
Diecisiete municipios concentran la mitad de todos los homicidios, que en la capital continúan a la baja. En algunas zonas, como la 9, no se reportó ningún caso este año, comparado con 13 en el mismo período de 2019, mientras la zona 18 reportó 49 casos, vs. los 85 del mismo período en el año anterior.
Sin embargo, la cabecera de Escuintla mostro la misma cifra del año anterior, con 12 homicidios y, como ya se mencionó, municipios que en años anteriores mostraban tasas bajas de violencia homicida, vieron esta cifra incrementada, como Sololá y Huehuetenango.
El sub índice de delitos contra la propiedad (extorsiones, robo de vehículos, motocicletas, furgones con mercadería y residencias) se redujo 2% comparado con el mes anterior
Un poder público que no garantiza la seguridad ni la certeza jurídica
El investigador Francisco Quezada, del CIEN, expuso el tema del mes, Certeza Jurídica y Seguridad Ciudadana, quien se refirió a la definición de Estado de Derecho de la Organización de Naciones Unidas como un principio de gobernanza en el que todas las personas e instituciones están sometidas a leyes que se promulgan públicamente. Esto puede producir incomodidad “de cara al dominio político, que lucha por obtener el poder”.
Por ello, “la estructura constitucional busca limitar efectivamente al poder político y al mismo tiempo deja espacios de autonomía individual frente al poder y debe buscar traducirse en una mejor legalidad, reducción de los costos de transacción en el mercado, el respeto a la propiedad privada, la economía de mercado y la certeza jurídica”, en la cual la ciudadanía guatemalteca tiene escasa confianza, indicó.
Esta poca confianza se debe a “la escasa garantía que ofrece la justicia a sus habitantes, quienes no encuentran una tutela judicial efectiva frente sus controversias, en consecuencia un poder público que no garantiza ni la seguridad ni la certeza jurídica”, añadió el investigador.
Quezada también explicó el Índice del Estado de Derecho, del World Justice Projet, que mide los siguientes indicadores en 128 países:
Límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales, orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia penal.
Este año, Guatemala cayó cinco puestos en el indicador y llegó a la posición 101, de los 128 evaluados. Guatemala fue el país con los punteos más bajos en ausencia de corrupción, justicia civil y justicia penal.
Quezada concluyó recomendando que “es imperativo trabajar por que el sistema público sea basado en el mérito, la rendición de cuentas y una evaluación constante para mejorar”.
