Ex miembros de las bandas Los Pasaco y Agosto Negro, quienes cumplen condenas de por lo menos 50 años, están entre el medio centenar de testigos contra el ex ministro Carlos Vielmann y algunos de sus colaboradores, señalados de integrar una estructura paralela que habría cometido ejecuciones extrajudiciales en 2005 y 2006.
Perspectiva conversó sobre esto con el sociólogo criminalista y criminólogo Eddy Morales, el constitucionalista José Luis González Dubón y el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, quienes consideran que no es procedente usar estos testimonios como prueba confiable en un proceso judicial.
El jueves 15, el obispo Álvaro Ramazzini asistió a la Torre de Tribunales para presenciar la primera declaración de Vielmann. El religioso expresó su apoyo al exfuncionario. Al mismo tiempo, víctimas de las mencionadas bandas y la ex ministra de Gobernación, Adela Camacho, manifestaron su desacuerdo con que se le otorgue credibilidad y, posiblemente beneficios, a estos individuos. Otra preocupación es que, como sucedió en España, el caso se pueda plantear con base en testimonios de criminales juzgados y condenados. Ello, aunque la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), afirman que “cuentan con documentos oficiales y pericias científicas que fortalecen la hipótesis del caso”:
Redacción
A finales de los años noventa, Agosto Negro y los Pasaco sembraron el terror en Guatemala. Sus secuestros fueron famosos por lo sanguinario de sus procedimientos y muchas veces, también asesinaron a sus víctimas, sin importar la edad ni el género.
Eddy Morales menciona que esos testimonios no debieran ser considerados confiables, considerando que se trata de criminales patológicos.
“Un criminal tomado como testigo dista mucho de la veracidad. En el caso de estos secuestradores, estamos hablando de un perfil criminal nivel 10. Son personas con desviaciones conductuales sociales. No les importa violar la ley y todas las normas existentes. No tienen credibilidad cuando alguien los toma como colaboradores, puesto que su agilidad mental está orientada a la criminalidad. No creo que sus testimonios puedan servir como una prueba de valor”, dijo.
Según este especialista en conductas criminales y sociología del crimen: “ciertamente, la CICIG ha hecho un buen trabajo, pero evidentemente en este caso, no hubo una evaluación de los posibles testigos bajo la óptica criminológica. Se trata de delincuentes que fueron parte del grupo de19 fugados del Infiernito y posteriormente capturados. Si hubo ejecuciones extrajudiciales, no son ellos los más calificados para testimoniar sobre esos hechos que imputan al ex ministro de Gobernación”
Para Morales, no cualquiera puede ser tomado como testigo. Por ejemplo, dijo, “Eco” y Juan Carlos Monzón debieron ser sancionados y en cambio, resultaron premiados.
“Si no se sanciona a criminales y corruptos, cualquier criminal delator se convierte en colaborador eficaz y esto se torna en un negocio para los propios delincuentes. Es indispensable que estas personas sean perfiladas criminológicamente antes de pensar que pueden declarar y probablemente, recibir los beneficios del colaborador eficaz».
El constitucionalista José Luis González Dubón afirma que es una característica de la CICIG utilizar criminales como colaboradores eficaces “para cualquier cosa”, pero este hecho excede lo previsible. “Buscaron a los criminales más terribles que ha habido en Guatemala. Evidentemente, muestran desesperación por demostrar que están haciendo algo. No es secreto que Iván Velásquez es experto en fabricar testigos falsos y encarcelar gente en prisión preventiva, mientras presiona a los jueces. Es una táctica desesperada, pero que provoca mucho daño. Es un gran fraude y una lástima que el Presidente de la República lo permita. Es inexplicable por qué no interviene”, concluye.
Ricardo Méndez Ruiz señala que usar a estos criminales como testigos contra el ex ministro de Gobernación, evidencia “el pobre asesoramiento que tiene Iván Velásquez, quien se rodeó de personas que lo han hecho cometer errores”. Entre estas personas, mencionó a Arturo Aguilar, ex fiscal que fue colaborador cercano de Claudia Paz y Paz, y el ex canciller de Alfonso Portillo, Edgar Gutiérrez.
Méndez Ruiz afirma que el Presidente debe poner fin a la permanencia de esa comisión, que se ha extralimitado en más de una ocasión y cuyo mayor error ha sido asesorarse de personas no idóneas.
En el video de una entrevista a Vielmann, este afirma que lo están juzgando por el delito de “crear un grupo paralelo”, del cual fue absuelto en España hace unos meses. El lunes 12, un comunicado de la Cicig asegura: “Los hechos juzgados por la Audiencia Nacional de España, en el caso del imputado Carlos Roberto Vielmann Montes, refieren a otros eventos, ocurridos en tiempo y lugar diverso, relativos a ejecuciones extrajudiciales de víctimas distintas de las que ahora le están siendo imputadas”.
Sin embargo, a través de redes y medios de comunicación trascendió el siguiente párrafo de la acusación presentada por la FECI a la juez Claudette Domínguez:
“… Usted aprovechándose del cargo de Ministro de Gobernación dispuso de los recursos del Estado para CREAR UN GRUPO PARALELO DE FUNCIONARIOS Y PARTICULARES, integrado por sus copartícipes que utilizaron la información privilegiada que obtuvieron de las fuerzas de seguridad del Estado, para cometer una serie de actos delictivos de manera concertada y sistemática, para alcanzar la finalidad criminal como parte de la planificación”.
Según los que apoyan a Vielmann, es evidente que se trata de la misma acusación de la cual el ex funcionario ya fuera absuelto en España: crear un grupo paralelo de seguridad.
En cualquier caso, el elemento más relevante que trasciende de este nuevo proceso a cargo de la FECI-Cicig, es que muchos de quienes han sido afines al ente internacional comienzan a cuestionar sus procedimientos. Entre ellos, personalidades de la sociedad civil catalogadas como “izquierdistas”, tal es el caso de monseñor Álvaro Ramazzini, y la ex ministra Adela Camacho, quien es dirigente del Movimiento pro Justicia, en el que participan la Fundación Mirna Mack y Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).
Evidentemente, ni Ramazzini ni Camacho pueden ser catalogados como “defensores del gobierno” o “miembros del pacto de corruptos”. Su posición merece la pena ser tomada en cuenta, puesto que pone en evidencia que el caso contra Vielmann bien puede ser un montaje, tal como ha dicho más de una vez el ex ministro.
Dos posiciones contrapuestas
Marco Tulio López y López (integrante de la banda criminal Los Pasaco); Luis Humberto Arana Sarceño (condenado por secuestro); Julio Oswaldo García Palacios (condenado por secuestro) e Isaías López Castillo (integrante de las bandas criminales Los Pasaco y Agosto Negro), fueron capturados entre 2005 y 2006.
Todos ellos fueron recapturados luego de una masiva fuga de El Infiernito. Víctimas de estas bandas fueron mutiladas y asesinadas. También se les acusa de violaciones contra niñas y otros delitos de alto impacto.
Además de monseñor Ramazzini, entre los asistentes a la audiencia pública del jueves estaba presente la señora Beverly Richardson de Solé, madre de Beverly Sandoval, una joven cuyo secuestro conmovió la opinión pública en 1996 y quien fue asesinada sin piedad por sus secuestradores.
Según Beverly Richardson, “es una vergüenza que secuestradores y asesinos que le robaron la libertad a niños y a otras personas inocentes sean tomados como testigos. Lo que más me impresiona es que sea un organismo como la Cicig, con apoyo de países del primer mundo, el que permita una farsa como la que se está haciendo. Los testigos dan pena”.
Por su parte, el comunicado de la Cicig afirma que “los privados de libertad que han brindado su testimonio han hablado únicamente sobre los hechos de torturas de las que fueron víctimas directas. Esas cuatro personas siguen cumpliendo su condena en calidad de detenidos y en ningún momento han sido favorecidos o han recibido beneficio penitenciario o de cualquier otra índole”.
Y agrega: “La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala aprovecha la oportunidad para recordar que los derechos humanos son universales y deben garantizarse sin discriminación de sexo, raza u origen social. Confiamos en que se respetará el debido proceso y se permitirá a las Cortes guatemaltecas dilucidar los hechos libres de presiones e influencias indebidas”.
El viernes 16, Madres Angustiadas expresó su repudio e indignación “porque reos miembros del crimen organizado, juzgados y condenados judicialmente, han sido utilizados como testigos por parte de la Cicig y la Feci”. Según indica el comunicado, es preocupante que estos reos puedan ser beneficiados con medidas sustitutivas, “como ya sucedió con Nelson Rodríguez, de la banda Los Pasaco, quien testificó en España en esta misma causa y a cambio fue asilado en Canadá sin que cumpliera su condena judicial en Guatemala”.
“Si ocurren estos beneficios, a todas luces riñen con el marco legal guatemalteco, ya que el Artículo 201 del Código Penal indica: “A quienes sean acusados de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa”.
Miembros de esa agrupación y víctimas de secuestro, también reconocieron la labor de Stu Velasco, uno de los acusados junto con Vielmann. Sobre Velasco, el comunicado dice:
“Nuestra solidaridad al comisario Stu Velasco, servidor público con una carrera intachable de más de 18 años, quien con su trabajo profesional puso frente a la justicia a estos secuestradores de nuestros seres queridos. Por ello, utilizar como testigos a secuestradores, extorsionistas y asesinos, desnaturaliza cualquier aspiración a la justicia”.
