El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos, se encuentra en la recta final del juicio que se sigue en contra de siete supuestos integrantes de la primera estructura transnacional dedicada a la defraudación aduanera denominada “Agua Miel”.
El juicio inició en junio de este año, donde los principales sindicados son; José René Fuentes Perdomo, Manuel Vicente Flores Recinos, José Agustín Roca Estrada, Marco Tulio Araujo Arce, Wilfredo Raymundo Guerra, Estuardo Manuel Fuentes Ramos y Claudia Dinora Chinchilla Zeceña.
Durante esta mañana el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal debido a la incomparecencia de Chinchilla Zeceña quien no fue trasladada por el Sistema Penitenciario por medidas de seguridad, asignó para el próximo 28 de noviembre la audiencia de conclusiones donde el MP solicitará las penas de cárcel a cada uno de los sindicados.
Los delitos que ellos enfrentan son, asociación ilícita, defraudación aduanera en delito continuado, defraudación tributaria y envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia o medicinal.
Durante estos seis meses de debate, el Ministerio Público reprodujo un total de mil escuchas telefónicas que establecen por medio de los audios la forma de operar y coordinar los hechos ilícitos de los sindicados. En el debate también la Fiscalía presentó la declaración de un testigo presencial quien detalló la forma en que los sindicados comercializaban el azúcar en territorio guatemalteco la cual era procedente de Honduras.
Asimismo, han sido ostentadas las declaraciones de 16 testigos y cuatro peritos, diversas pruebas documentales, videos y fotografías de la forma en que la organización ingresaban el azúcar al país y la manera que la procesaban.
Prueba fundamental
En el dictamen realizado por la farmacéutica, Isabel Matta Lemus, detalló ante dicho Tribunal, que su informe se basó en el decreto 021-2000 Reglamento para la Fortificación del Azúcar con vitamina “A”. En su análisis Matta Lemus destacó que el azúcar que había sido ingresada a Guatemala, no era fortificada puesto que no contenía vitamina “A”.
El informe resalta que la falta de dicha vitamina es lesiva para la salud, puesto que estudios y análisis demuestran que causa ceguera en adultos y en los niños falta de crecimiento.
La Fiscalía detalla que dicha organización criminal coordinaba sus operaciones desde la ciudad de Guatemala utilizando distintas sociedades para hacer parecer legitima la importación y comercialización del azúcar proveniente de Honduras ingresando por la Frontera el Florido y posteriormente comercializándola en distintos puntos de la ciudad de Guatemala.
Entre las sociedades guatemaltecas, figuran Grupo de Representaciones Marinas, S.A, (Grupesa) comercializadora R&R S.A, Tiamat, Comercializadora Araujo, Mundo Natural, Sulneco S.A, Comercializadora ST, Vivien Paule S.A.
En Honduras era distribuida el azúcar por Central de Ingenios S.A de C.V (Cisa) Expoali, Geasa y Tiamat Export, las cuales eran utilizadas para hacer parecer legitima la importación y comercialización del azúcar, dichas comercializadoras fueron creada por dicha estructura.
Así operaban
La estructura operaba inicialmente ingresando el azúcar al territorio nacional en compartimientos ocultos dentro de camiones cisternas en los cuales se declaraba y pagaba el impuesto en aduana correspondiente al producto denominado Agua Miel, obviamente declarar y pagar el impuesto correspondiente al azúcar oculta dentro de las referidas cisternas.
Posteriormente los sindicados cambiaron la forma de operar procedente a ingresar el azúcar al territorio nacional en el interior de contenedores de gran tamaño denominados “Jumbos” por los cuales dicha estructura declaró y pagó el impuesto en aduana correspondiente al producto denominado “Emulsificante para la Industria Alimenticia” sin embargo dicho producto no era el que ingresaban.
Según las pesquisas este consistía en una mezcla de harina y azúcar que se preparaba en la república de Honduras y posteriormente el azúcar era separado de la harina en el territorio nacional. El azúcar trasladado a sacos con maquinaria industrial para la comercialización, obviando las normas establecidas en la ley con lo cual pusieron en riesgo la salud de los habitantes de la república de Guatemala y evadieron el pago de los tributos correspondientes.
Con estos hechos por medio de métodos y técnicas modernas de investigación permitieron determinar una pérdida al Estado de Guatemala por la cantidad de 33 millones 609 mil 755.79 de quetzales, en los meses de enero 2013 a marzo de 2015.
Fuente: MP
Fuente Fotográfica: MP
