Dos denuncias ante la justicia contra directivos de ONG´s, y la implicación del ex presidente de Oxfam Internacional en un hecho de corrupción gubernamental, abonan a favor de que se legisle la fiscalización de las ONG´s, que si bien rinden cuenta de su ejecución financiera a sus donantes, podrían ser foco de diversas irregularidades.
Redacción
El abogado ambientalista Rafael Maldonado, considerado el artífice de la oposición a la mina San Rafael y sin duda, actor preponderante en el cierre de la minera, fue despedido del Centro Legal Ambiental y Social (CALAS).
En su cuenta de Twitter, con fecha 18 de julio, se lee: “Denuncié casos de fraude y malversación de fondos por parte de Yuri Melini y miembros la Junta Directiva de CALAS. Hoy, estando yo de vacaciones, me notifican que ya no soy parte de CALAS. La lucha contra la corrupción sigue, no importa donde esté”.
Consultado por Perspectiva, Maldonado reiteró el señalamiento, pero agregó que no puede dar detalles, debido a que la denuncia apenas inicia el proceso de litigio. El hecho resulta sorprendente porque durante varios años, los dos abogados enfrentaron diversas crisis, incluyendo reiteradas amenazas y atentados contra su integridad.
Maldonado fue el rostro visible del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) en más de un proceso, especialmente la suspensión de labores en la minera San Rafael. En 2017, los medios lo señalaron de negociar comisiones con los vecinos de la comunidad llamada La Cuchilla, para representarlos ante la minera y lograr que esta les pagara más por sus terrenos. Esta versión fue confirmada parcialmente por el abogado, quien enfatizó en que los vecinos pidieron sus servicios profesionales, los que prestó independientemente del trabajo que realizaba para CALAS.
Uno de los aspectos que ha sido señalado más de una vez sobre esa organización es que estaría manejando una agenda derivada de las considerables donaciones y financiamientos que reciben. En 2016, Danilo Parrinello aseguró en una de sus columnas de opinión que CALAS había recibido una donación noruega de Q19 millones.
Junto a lo anterior, se ha mencionado el vínculo de esa ONG con la Open Society, fundación del multimillonario húngaro George Soros, quien tiene inversiones en las mayores empresas mineras del mundo. En julio de 2016, una página de internet llamada Misión Verdad decía:
“Una vasta red de ONGs ha sido desplegada en las últimas décadas en todo el planeta, muchas de ellas bajo la directa influencia de las fundaciones de George Soros, no sólo para imponer relatos que sirvan a las mediocracias locales e intereses foráneos en un país, sino incluso para influir en las leyes que operan en las estructuras judiciales de las democracias representativas”.
Como respuesta a la publicación que aludía al vínculo de CALAS y otras ONG´s guatemaltecas con la Open Society, Melini (quien por un breve tiempo fue pre candidato a la presidencia de la URNG-Winaq y actualmente es cercano a Semilla), dijo a la agencia Cerigua: “CALAS se fundó hace 17 años, con fondos donados por Open Society, los cuales se obtuvieron mediante un concurso abierto en el que participaron otras organizaciones”.
El reciente desacuerdo entre quienes dirigieron CALAS hasta hace pocos días, desembocó en la salida abrupta de Maldonado y probablemente, el derrumbe de esa organización. Los señalamientos del abogado pueden develar un misterio que hasta ahora solamente ha sido vislumbrado por los guatemaltecos: la corrupción en las ONG´s.
Otros dos casos parecen apuntar a que existe opacidad en algunas de esas organizaciones: la detención de Juan Alberto Fuentes Knigth, ex presidente de Oxfam Internacional y fundador del movimiento Semilla, por supuesta participación en el caso Transurbano, y la denuncia del Congreso contra el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, a quien señalan de ejercer su cargo contraponiéndose a la normativa de la organización que dirige y de la cual es fundador. El MP informó a Perspectiva que actualmente la denuncia está en la Fiscalía del Distrito Metropolitano.
Controvertida, pero aparentemente necesaria reforma
En abril recién pasado, la Comisión de Gobernación del Congreso dio dictamen favorable a la iniciativa de ley 5257, que propone reformas a la Ley de Organizaciones Gubernamentales para el Desarrollo.
Analistas han comentado a Perspectiva que no es necesario fiscalizar a las ONG´s puesto que sus donantes cumplen esta tarea. Al mismo tiempo, la bancada de Convergencia ubicó a este proyecto legislativo entre el paquete de leyes regresivas.
Sin embargo, los tres antecedentes mencionados anteriormente parecen indicar que tal fiscalización es necesaria, en pro de la transparencia y especialmente, dice el dictamen: “cuando reciben aportes del Estado, es menester transparentar su utilización a través de la Contraloría General de Cuentas”.
El texto citado agrega que la iniciativa busca cumplir lo establecido en el Código de Ética de la Asociación Mundial de Organizaciones no Gubernamentales (WANGO), según el cual “toda ONG debe ser abierta y honesta internamente y en relación con sus donantes”. Los aspectos que debieran transparentarse son: información básica financiera, estructura gubernativa, actividades, dirigentes y socios.
Al referirse a la necesidad de una normativa para fiscalizar a estas organizaciones, el abogado Giovanni Fratti, de Guatemala Inmortal, afirma:
“Una parte de las ONG´s en Guatemala son partidos políticos de extrema izquierda disfrazados de organizaciones pro derechos humanos. Reciben millones de dólares de ONG´s de extrema izquierda extranjeras, no le rinden cuentas a nadie y nuestro sistema político representativo, no está hecho para que las ONG´s con dinero de extranjeros, traten de alterar las costumbres y las tradiciones de Guatemala, traten de alterar la política y las leyes, porque este no es el camino.
El camino para modificar o alterar una ley es ganar votos en el Congreso y hacerlo desde ahí. Guatemala no es una democracia que deba ser manipulada por dinero de extranjeros, sino debe ser una democracia donde los guatemaltecos, con dinero de guatemaltecos, sean los que opinen modifiquen o mantengan la legislación guatemalteca. No el dinero de extranjeros”, concluye Fratti.
