La solicitud de la CICIG-MP para que se retire el derecho de antejuicio al alcalde Álvaro Arzú, es percibida por unos como una vengativa politización de la justicia, mientras otros afirman que se trata de un duro golpe al corazón del poder tradicional que ha empañado al país con la corrupción. En cualquier caso, junto a la pretensión de los entes investigadores surgen muchas dudas que vale la pena tratar de esclarecer.
Equipo editorial Perspectiva
Que Arzú es un personaje polémico no puede negarse, como tampoco puede ponerse en duda que se trata de uno de los políticos de mayor relevancia y más larga trayectoria en el país. La petición de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) para que el alcalde pierda inmunidad desató una serie de reacciones que van desde la indignación del propio alcalde y sus adeptos, hasta la demanda para que renuncie hecha por grupos civiles.
La inmediata reacción de Arzú fue visceral, señaló el encargado del área sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (IPNUSAC), Christians Castillo. Según afirmó: “Es un proceso jurídico que conlleva un mensaje a la clase política. Se le está entrando por la vía de Arzú, uno de los políticos con mayor arraigo y de mayor nivel. Se están tocando las más altas esferas del poder político. El mensaje es que nadie debe ser superior a la ley. Es evidente que el alcalde no va a renunciar a su cargo y mientras lo mantenga, seguirá teniendo el derecho de antejuicio. También podría postularse nuevamente y, como candidato, seguirá gozando de ese derecho”, concluyó.
Con una interpretación muy diferente, el analista Giovanni Fratti dijo: “Es un antejuicio político, una venganza de Ivan Velásquez contra Arzú, porque a la CICIG se le cayó el antejuicio contra el Presidente. No es un crimen que les haya dado trabajo a dos viudas. Una de ellas, la viuda de Obdulio Villanueva es una señora que durante diez años ha estado haciendo limpieza en la Municipalidad. El caso es espurio, es político. No se puede decir que sea serio. Por ejemplo los fideicomisos municipales podrían ser una justificación para investigarlo. Arzú está con el agua al cuello y va a luchar”.
Otra de las opiniones que cuestionan a la CICIG en este caso es la del director de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz. Cabe acotar que Moisés Galindo, uno de los detenidos, es miembro de esa fundación. Según afirma Méndez Ruiz:
“La participación de Arzú en esta polarización que nos divide es un parteaguas en la historia del país y esto se ha manifestado desde la conferencia de prensa hasta su participación en televisión. No es lo mismo decir Arzú que Berger o Colom. Arzú es un líder en el país. Tiene gran credibilidad en un amplio sector de la población”.
Entre las muestras de apoyo al alcalde, un grupo de ciudadanos protestó a favor de Arzú frente a las instalaciones de la CICIG el domingo 8 de octubre. Este evento tuvo alguna resonancia en las redes sociales, donde durante unos días se desarrolló una confrontación de opiniones en algunos casos marcada por las ofensas e incluso, las amenazas entre ambos grupos.
Como antecedente de la solicitud de retiro de antejuicio, vale la pena mencionar que en agosto, el alcalde manifestó su apoyo al mandatario Jimmy Morales y se pronunció contra la supuesta injerencia del ente investigador de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esto ha sido interpretado por los simpatizantes de Arzú como una respuesta que evidenciaría la politización de la justicia en el caso llamado Caja de Pandora, donde resultaron detenidas once personas con acusaciones de diferentes actos corruptos que se relacionan con el sistema penitenciario, mientras el director de la Empresa Municipal de Tránsito, Howard Yang, se encuentra prófugo.
El señalamiento concreto contra el alcalde es el financiamiento electoral ilícito, con base en que habría financiado su campaña con fondos municipales. También se mencionó la existencia de plazas fantasma en la Municipalidad para las viudas de Lima y Obdulio Villanueva.
Entre las organizaciones surgidas al calor de la lucha contra la corrupción en 2015, denominadas “colectivos de la Plaza”, destaca Semilla, que actualmente es un comité pro formación de partido político y cuyo secretario, Samuel Pérez, señaló: “Pareciera ser que en este caso hay mucha confrontación y poca comprensión. Se encontró un elemento que puede señalar un nexo de corrupción entre Arzú y Byron Lima, y es necesario que esto sea investigado”.
Finalmente, la Presidenta de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Raquel Zelaya, quien presidió la Comisión de Paz durante la administración de Arzú, afirmó: “Fui colaboradora en esa administración, algo que siempre voy a valorar. Día con día, el asunto se ha tornado polémico y la rivalidad entre el comisionado y el alcalde parece un asunto casi personal. Hay que ver la personalidad de Arzú. En este momento, el retiro de la inmunidad está pedido y solamente queda esperar a que siga el proceso, cuya relevancia no es por el caso como tal sino por ser Arzú el señalado. Habrá que esperar la resolución de la Corte Suprema de Justicia, si da lugar o no al retiro del antejuicio. Especular a favor o en contra es algo muy complicado”.
La triste figura del colaborador eficaz
El puntal del caso Caja de Pandora es la figura del colaborador eficaz, papel adoptado por la viuda del capitán Byron Lima, Alejandra Reyes, quien a finales de 2016 se presentó al MP para ofrecer información sobre la red de Lima en presidios. Después de su declaración, la viuda del militar salió del país con el aval del MP.
Alejandra Reyes es hermana de un compañero de promoción de Byron Lima Oliva y se conocieron desde que ella era niña. Siendo adolescente se convirtió en su pareja (él ya estaba en la cárcel) y posteriormente, se casaron. Lima había establecido una estructura en la cárcel y una fuente del sistema penitenciario asegura que se jactaba de nombrar o destituir a directores de presidios.
Cuando se establecieron las cooperativas en las cárceles, una de las primeras y la única que tuvo éxito a largo plazo, fue la de Lima, llamada Torre Fuerte, que producía serigrafía. Es conocido que Torre Fuerte realizó playeras y otros trabajos de impresión para las campañas del Partido Patriota (PP), lo cual no constituye un delito, enfatizó la misma fuente.
En su declaración al MP, Reyes mencionó que Torre Fuerte imprimió propaganda electoral para la alcaldía capitalina, la cual habría pagado con dinero proveniente del Fideicomiso de Apoyo para la Planificación Urbana.
También reconoció que, durante siete años tuvo una plaza fantasma en la Municipalidad Capitalina y señaló de lo mismo a la viuda de Obdulio Villanueva, Andrea Monzón Ramos, quien declaró a los medios que desde hace diez años es conserje de la comuna y que debe su plaza al alcalde Arzú. Monzón dijo a los informativos que su sueldo mensual es de Q3 mil. “No soy fantasma”, declaró Monzón. “todos los días asisto a trabajar desde las ocho de la mañana a las cinco de la tarde”.
Otros procesos también se han basado en declaraciones de colaboradores eficaces, figura controversial puesto que se trata de personas implicadas con la estructura criminal investigada que delatan a sus compañeros y aportan detalles sobre todas las características del grupo investigado.
En Guatemala, algunos de estos colaboradores son Salvador González, alias Eco, en el caso La Línea; Lucas Santiago y Adelino Morales, presuntos asesinos de Khalil y Marjorie Musa, que fueron eximidos de persecución penal, y finalmente, Luis Mario Paiz Mejía, colaborador eficaz en el caso Rosenberg. Paiz Mejía murió en 2014 y poco antes, se retractó ante las autoridades y afirmó que un fiscal lo había obligado a señalar a los hermanos Francisco y Estuardo Valdéz Paiz.
Evidentemente, una investigación basada en los aportes que realiza un delincuente que delata a sus compañeros puede tener muchas lagunas. Y podría no resultar suficiente prueba si su objetivo es el alcalde capitalino.
Luces y sombras de Arzú
Presidente entre 1996 y 2000, Álvaro Arzú ha sido criticado por su carácter prepotente y su autoritarismo, pero también ha recibido decenas de distinciones de diferente índole. Entre estas, Tercer Mejor Alcalde del Mundo por el certamen International World Mayor en 2005; la condecoración de La Giraldilla 2008 por la Asamblea del Poder Popular en La Habana, Cuba y Político Innovador del Año 2008 por la Asociación Latinoamericana de Consultores políticos.
| 1996. Se firman los Acuerdos de Paz. | 1996. El guardia presidencial Obdulio Villanueva dispara y mata al lechero Pedro Sas Rompich, en presencia del mandatario y su esposa. |
| 1997. Recibe el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. | 1997. Se consuma la privatización de Guatel por Q4,790 millones 547 mil 801. El proceso se criticó por falta de transparencia. Se privatiza la energía eléctrica. |
| 1998. Guatemala reinicia relaciones diplomáticas con Cuba y firma TLC con República Dominicana. | 1998. Asesinato del obispo Juan Gerardi motiva diferentes cuestionamientos contra el gobernante. |
| 1999. Su política de seguridad logró el menor índice de homicidios en el país, en los 16 años anteriores. |
1999. El semanario Crónica se vendió forzosamente, debido a la presión impuesta por el gobierno, que le retiró la pauta estatal a ese medio. |
| 2000. En enero, Arzú entregó la presidencia con una cobertura del 70% de energía eléctrica en todo el país. Cuando recibió el gobierno, la cobertura era inferior al 30%. La cobertura de telefonía también se incrementó de forma impresionante. | 2000. Pocos días después de que asumiera el gobierno Alfonso Portillo, son capturados por el caso Gerardi el capitán Byron Lima Oliva y su padre, Byron Lima Estrada. |
