“Aplanadora de la corrupción y el saqueo” es el nombre que la diputada Sonia Gutiérrez dio al grupo legislativo que consensuó incrementar en Q3,191 millones el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Entretanto, comienzan a manifestarse cámaras empresariales, como la de Comercio, que se opone al incremento en un comunicado.
Roxana Orantes Córdova
Algunos diputados de diferentes agrupaciones expusieron su oposición al exagerado financiamiento que recibirá el CIV, históricamente conocido como la cartera que más se presta a la opacidad, pago de deuda política y ejecución dudosa.
Un antecedente es el famoso caso Oderbrecht, donde dicho ministerio recibió fondos de dos bancos. Fondos aprobados por congresistas presuntamente sobornados, para obras de infraestructura que jamás se concluyeron.
La normativa fue aprobada en tiempo récord entre el dictamen de la comisión y la sesión plenaria, con el aval de 112 diputados. Luis Fernando Pineda, de Semilla, expresó “cuando hay voluntad de hacer piñata con los recursos, se avanza a velocidad de la luz”.
“En dos semanas llegó a tercer debate y redacción final y por artículos. Ojalá con esa velocidad se aprobara una reforma a la ley electoral, una ley de aguas y una reforma constitucional. Esas, en su mayoría terminan engavetadas”.
“Repartir el presupuesto de los guatemaltecos para sus amigos y repartirse el dinero, es la verdadera prioridad de Alejandro Giammattei”, dijo Pineda.
Aplanadora de la corrupción y del saqueo
La diputada Sonia Gutiérrez Raguay, de Winaq y ex presidenta de la Asociación de Abogados Mayas, señaló:
“Denuncio que estamos convirtiendo el Congreso en antidemocrático, donde se calla y niega la palabra a la oposición. Le pedimos que respetara el uso de la palabra a los diputados”.
Y agregó: “hoy se consolida esa aplanadora que la semana pasada intentó anular derechos, cuando intentó pasar la ley retrógrada que hoy archivamos. Pero esa misma aplanadora está despilfarrando y convirtiendo en una piñata los recursos del pueblo de Guatemala. Esa aplanadora antidemocrática, antiderechos es la aplanadora del saqueo, de la corrupción. Si eso les molesta, escuchen pero no pueden negarnos la palabra”
Según Gutiérrez, “todos sabemos que el ministerio de Comunicaciones es el más corrupto”.
¿Preparándose para la campaña?
“Ya lo anunciaron, van a ir a inaugurar obras. Estamos en un año preelectoral. No nos va a sorprender que el oficialismo y sus aliados inauguren obras. No sorprenderá que el oficialismo y aliados pongan la primera piedra porque después las dejan abandonadas”, concluyó.
Datos espeluznantes
Evelyn Morataya, de BIEN, enfatiza en el dudoso destino de los fondos que se otorgan al CIV. es su obligación denunciar este tipo de situaciones.
“En 2020, 31 empresas recibieron Q2,435 millones del CIV. En 2021, 38 empresas se beneficiaron con Q1,280- En lo que va del año, 31 empresas recibieron más de Q598 millones”.
Entre otras obras dudosas, mencionó que a estas empresas les encargan obras como las “Escuelas bicentenario” (según los medios, se proyectaron 16 y solo se inauguró una). Estas escuelas cuestan más de Q34 millones, dijo Morataya.
Además, visitó dos empresas favorecidas por el CIV. “Una de estas empresas, sin señalización, recibió Q.168 millones. En la otra, hay una constructora. No sé a quién pertenecen. No quiero perjudicar ni terminar amenazada. Solo estoy cumpliendo con mi trabajo”, dijo.
Carlos Barreda, actualmente del Bloque de Oposición, expresó que no tiene sentido ampliar el presupuesto nacional en Q3.2 mil millones, si ni siquiera se ejecutó el 9% del presupuesto. “La mayoría va para Covial. No se incluyeron 10 mil escuelas sin agua, baños o techo, que no se pueden usar. Tuvieron dos años para repararlas y no lo hicieron”.
Por su parte, Pineda agregó que la mayoría de los fondos son para “obra sobrevaluada, recapeo mayor y menor”. Según dijo, “un tramo de 250 metros costará Q315 millones. ¿En qué país del mundo cuesta eso. Además, a ese tramo se le asignan otros Q126 millones”.
“Es tan grande, que exige justificación individualizada, pero no se da en ese dictamen de cinco páginas”, indicó.
Cristian Álvarez, de CREO, mencionó que diputados y funcionarios disponen de gasolina y vehículos de lujo, mientras el Ejecutivo no muestra indicios de proponer medidas de austeridad.
“De los excesos de los cuales ustedes van a ser cómplices si votan a favor de eso. Todavía se pueden arrepentir y pasarse del lado del pueblo. Están a tiempo de dejar esos 3,200 millones para otros usos. Se vienen tiempos complicados, viene aumento en muchos precios, viene mucha demanda de bienes y servicios por parte del gobierno y le queremos quitar al pueblo 3,200 millones, porque como dice un colega: ya vino una llamada que los convenció”, finaliza el legislador.
Cámara de Comercio pide veto
En un comunicado que circula en redes sociales, la Cámara de Comercio solicitó al Presidente vetar el decreto. El texto expone varios motivos mencionados por los diputados que no votaron a favor.
