Cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ), accedió a la solicitud de antejuicio de la Asociación de Dignatarios de la Nación contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), se desató una “tormenta en un vaso de agua” que polariza las opiniones y motiva acciones que deterioran la institucionalidad, en un contexto en el que privan la confusión por informaciones falsas o inexactas y el desconocimiento casi absoluto de la mayoría sobre legislación y procesos judiciales, dijo a Perspectiva Mario Mérida, quien agrega que toda esta situación, lejos de abonar a la democracia, genera escenarios propicios para la delincuencia y el crimen organizado.
Roxana Orantes Córdova
El 11 de enero por la mañana, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, pronunció una conferencia de prensa ante lo que calificó como “la grave crisis institucional que representa la resolución emitida por la CSJ contra los magistrados de la CC”. Los señalados son Boanerge Mejía, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela. Según un comunicado de la Procuraduría General de la Nacición (PGN), más de un fallo emitido por estos magistrados transgrede los límites de su mandato.
Rodas afirmó: “En el uso de las facultades que la ley me confiere, y siendo un derecho humano el acceso a la justicia, se planteó una resolución de amparo para que no se remita la diligencia de antejuicio al Congreso”. La base para esta acción es que la CSJ estaría vulnerando el artículo 167 de la Ley de Amparo, que prohíbe tomar acciones contra los magistrados por sus fallos.
“Es un blindaje que permite la Constitución Política”, dijo el magistrado de conciencia, y añadió que según la ley de amparo, este tipo de recursos debe resolverse inmediatamente y notificarse al día siguiente. Debido a que anoche interpuso el amparo, afirmó que espera la resolución el día de hoy, “para evitar que esto vaya al Congreso de la República”.
En su alocución, el PDH también agradeció a los diversos grupos civiles que se agrupan bajo la consigna de “lucha contra la corrupción”.
El PDH tiene vedado pronunciarse sobre procesos judicializados, como es el caso presente de la CC, donde por otra parte, no se está capturando, apresando, defenestrando o vejando de ninguna manera a los tres magistrados de la CC: Gloria Porras, Boanerge Mejía y Francisco de Mata Vela, enfatizó Mario Mérida.
Simultáneamente a las acciones del PDH, diversas opiniones y comentarios a favor o en contra de la decisión de la CSJ contribuyen a exacerbar un clima de controversia que en nada aporta y por el contrario, genera una situación que podría tornarse crítica, dijo Mérida.
Desconocimiento y confusión en el ambiente
En primer lugar, señaló el entrevistado, el tema es crítico, porque la inmensa mayoría desconoce el sistema de justicia y el Derecho. Mientras se realicen más esfuerzos por presentar la situación, se producen más confusiones. Los argumentos que se exponen a través de redes sociales tampoco abonan a la comprensión, porque se basan en diversas interpretaciones de las leyes, no en la doctrina. Existe un hecho real y es que la CC se excedió en sus atribuciones.
Cualquier amparo para que no se tramite la solicitud de retirar el antejuicio a los magistrados, tiene que pasar por la CC. Y son tres magistrados de esa corte quienes están afectos al antejuicio, comentó.
Aunque se eligiera un grupo de suplentes, y no los tres señalados para conocer el amparo del PDH, entre otros, el grupo de suplentes ya conoció el tema y estaría dándose un conflicto de interés. Lo más procedente, es que el tema sea debatido en el Congreso, donde se decidirá si ha lugar o no el retiro de la inmunidad.
El antejuicio no es una violación a los derechos humanos
Este es uno de los mitos basados en el desconocimiento que privan en el ambiente, expuso Mérida. “El hecho de que se de lugar a esa circunstancia, no significa que el Ministerio Público (MP), entre a investigar, ni se verán afectados en el ejercicio de sus funciones. Sencillamente, significa que el Congreso recibe la solicitud y la analiza, para determinar si estos magistrados deben o no ser investigados”.
De esta manera, explica Mérida, es posible que finalmente el Congreso concluya diciendo: “no tenemos ningún elemento para retirar la inmunidad”, y entonces todo permanecería como antes de que la asociación mencionada llevara su pretensión ante la CSJ.
“Es el primer punto que debe aclararse para el gran público: no estamos ante ninguna orden de detención ni la negativa a que los magistrados continúen sus labores profesionales”, expresa Mérida, quien añade que un verdadero problema no mencionado es que no se habla de la libre opinión de los magistrados, que determina si solicita o no, el retiro de la inmunidad a cualquiera que goce de ella.
Un debate estéril y que comienza a hastiar a la ciudadanía
Según indicó Mérida, estamos ante una polémica de élites a favor o en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y esta fractura entre quienes toman las decisiones del país ya comienza a hastiar a la ciudadanía.
Lejos de contribuir, el debate fractura a diferentes sectores, mientras la mayoría vive en un contexto en el que los grandes problemas que los afectan permanecen vigentes: desempleo, inseguridad y violencia.
Por ejemplo, el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), no se ha pronunciado en esta coyuntura, debido a que entre ellos no hay un acuerdo sobre el tema, dijo y añadió que existen fracturas por este tema en diversos grupos gremiales, profesionales y de diversa índole, quienes finalmente son los que tienen incidencia y poder para tomar decisiones.
Los dignatarios de la nación pueden defender la Constitución que ellos redactaron
Entre quienes acudieron a la CC para pedir que el Congreso investigara a los magistrados está la Asociación de Dignatarios de la Nación, integrada por el grupo de constituyentes que redactó la Constitución Política de la República en 1985.
Una de las versiones que pretende detractar la acción de este grupo, enfatiza en que reciben fondos del Congreso de la República, de donde se sostiene su asociación. Sin embargo, esta versión omite decir quienes son.
Según dijo, no existe ningún conflicto de interés entre la acción de los dignatarios y su relación con el Congreso. “Ellos defienden el espíritu de la Constitución del 85, redactada por ellos. Plantearon su opinión y buscaron convertirla en un acto legal, protegiendo lo que ellos crearon en 1985 y es evidente que el embajador sueco Anders Kompass intervino en el ámbito político, lo cual está vedado a los diplomáticos”, señaló.
El papel de la PDH: llamar a la cordura sin tomar partido
En relación al amparo del PDH, Mérida explicó que la PDH está obligada a llamar a la mesura y a la concordia nacional, sin tomar partido por ninguno de los grupos que puedan estar implicados en diferendos de cualquier clase.
En el tema del antejuicio a los magistrados de la CC, no están involucrados los derechos humanos. “No está contribuyendo, ni con el respeto a los derechos humanos, ni con mantener la cordura de la sociedad, ni con el respeto a los dictados de las cortes, que debe ser observado siempre, nos guste o no nos guste su dictamen”, comentó.
“Los PDH jamás deben estar a favor o en contra de situaciones o actores. Su papel es seguir atentamente los procesos, mantener la cordura”, reiteró Mérida, quien fue uno de los actores clave en la defenestración de Jorge Serrano Elías o “Serranazo”, donde según recuerda, el papel de la PDH y la CC fueron ecuánimes y totalmente apegados a la ley.
Se complica el clima de confusión si quien está obligado a llamar a la mesura y diálogo abona en convertir a manifestantes simples en turbas, dijo Mérida, quien añadió que conforme se cierran los espacios de diálogo, se producen reacciones violentas, tal como el caso de pobladores de Petén desalojados, quienes se enfrentaron con fuerzas de seguridad y tomaron rehenes.
“El clima de violencia se está planteando. Como un parangón, lo que nos pasa se contagió hasta espacios como el Senado y el Congreso estadounidenses. Esto evidencia que podrían darse escenarios propicios para el crimen organizado. El 14, el presidente dará su informe al Congreso y grupos entre los que está el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), ya hicieron llamamientos a protestar. De esta manera, las fuerzas de seguridad que deben velar por la tranquilidad de la ciudadanía, deben enfocarse en atender la conflictividad interna. Debamos preguntarnos a quién beneficia esto”, concluyó.
