Perspectiva contactó a cinco expertos en temas constitucionales, quienes explican por qué no es viable ni realista proponer una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en este momento y cuáles son las vías que permitirían reformar la Carta Magna. Los constitucionalistas Omar Barrios, Jorge Morales Toj, José Luis González Dubón y Mario Fuentes Destarac, así como el constituyente Fernando Linares Beltranena fueron los entrevistados.
Roxana Orantes Córdova
Las demandas que gravitan sobre las protestas de las últimas semanas iniciaron con cuestionamientos al presupuesto, pasando por críticas contra el Congreso para terminar pidiendo la refundación del Estado, que según la mayoría de los entrevistados, es un propósito poco realista e incluso cae en la demagogia, señaló Linares Beltranena.
Hay dos vías para reformar la Constitución Política de la República: una Asamblea Nacional Constituyente, que permitiría modificar los artículos relativos a los derechos de los ciudadanos, y la reforma constitucional, coinciden los entrevistados.
Sin embargo, ninguna de estas dos parece viable para responder a la demanda de “refundación” que plantean los grupos que han protagonizado las protestas, porque el Estado fue concebido a partir de la contrainsurgencia y no responde a las necesidades de toda la ciudadanía, afirma Morales Toj, quien plantea que la ruta para refundar el Estado son los Acuerdos de Paz firmados en 1996 y cuya institucionalización fue rechazada por el voto en una Consulta Popular.
El 7 de diciembre, representantes de la Asamblea Social y Popular ofrecieron una conferencia de prensa desde la Casa Q´anil, una ONG ubicada en la zona 1 de la capital. Entre las organizaciones no gubernamentales cuyos representantes expusieron sus demandas, se encontraba Mujeres Transformando el Mundo (MTM), grupo pro aborto; el Comité de Unidad Campesina (CUC), que agrupa a organizaciones cuya principal demanda es la tierra; estudiantes de la Universidad Rafael Landívar (URL) y el grupo de sindicatos llamado UNSITRAGUA. Tanto el CUC como esta central de sindicatos estuvieron bajo la influencia del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) durante el conflicto armado interno.
Al anunciar paros en carreteras a partir del 9 de diciembre, leyeron un comunicado en el que expresan: “las jornadas de lucha ciudadana continuarán hasta lograr transformaciones reales y estructurales”.
Según afirman, la declaración de Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo “no responde a las demandas de la población”, y son fruto del temor ante las protestas, que según afirman, solo concluirán con la renuncia del binomio presidencial, la depuración del Congreso, la elección de magistrados a cortes y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
Los Acuerdos de Paz como Norte para la refundación del Estado
Según Jorge Morales Toj: “Siendo objetivos y enmarcados en el Estado de Derecho, existen dos vías para modificar la Constitución Política. Sin embargo, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente se necesita de la voluntad política del Organismo Ejecutivo, y para aprobar un paquete de reformas, en caso estas llegaran al Congreso luego de reunirse 5 mil firmas, faltaría la voluntad política de los diputados”.
“Sin embargo, no debe descartarse que la presión popular pueda lograrlo, pero tendríamos que utilizar el andamiaje existente. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tiene que convocar a la consulta y la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), sería el canal. Es necesario reformar esta ley, pero de nuevo se pasa por el Congreso”.
“Como constitucionalista, soy de la idea de que la Constitución necesita reformas. Fue formulada en época de la contrainsurgencia y el mundo ha evolucionado, las nuevas generaciones claman por una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional donde se convoque a los cuatro pueblos que habitan este país”.
Lo primero, señala Morales, es reformar la LEPP, introduciendo modificaciones como la posibilidad de que puedan postularse candidaturas independientes a partir de las comunidades, las cuotas de participación por género y otras.
El mecanismo de cinco mil firmas de ciudadanos debidamente empadronados, tiene como dificultad que al llegar al Congreso podría estancarse la propuesta, señala. “Lo veo inviable. El Congreso no tiene interés en dar cabida a las demandas ciudadanas”.
La única salida que encuentra el abogado para lograr este cambio, es obtener una actitud receptiva de las autoridades para “respetar el poder soberano de la ciudadanía, lo cual podría llegar a producirse si los ciudadanos mantienen el ritmo de las demandas. Hay que ver si los señores del Congreso se someten a la voluntad popular, al clamor ciudadano y acceden a asumir su compromiso con el pueblo”.
En cuanto al contenido de una reforma constitucional, considera que las planteadas por la CICIG “solo abordan la justicia. Una reforma acorde con las necesidades actuales debiera basarse en los Acuerdos de Paz, que caracterizaron el Estado multiétnico, plurinacional y multilingüe. Trazaron la ruta, pero en 1999 hubo sectores interesados que lograron el triunfo del NO en la Consulta Popular. Más de 20 años después, hay cambios, pero en esencia, los Acuerdos de Paz podrían ser el Norte de esta refundación”, concluye.
“Hablar de refundación equivale a hablar de poder revolucionario”, señala Fuentes Destarac
De acuerdo con la Constitución, hay dos mecanismos que permiten reformarla, señala Mario Fuentes Destarac. Las reformas que pasan por discusión en el Congreso y deben ser aprobadas en Consulta Popular, y la convocatoria a una ANC.
Esta última está prevista en la Constitución para reformar los artículos relativos a los derechos individuales. “Solamente estos artículos pueden modificarse a través de una ANC, y cabe resaltar que en Guatemala no existe poder constituyente originario, por lo que no es posible refundar el Estado”.
Lo que permite la ley vigente es reformar, pero no refundar, que para los efectos, sería el equivalente a instaurar un poder revolucionario, lo cual está vedado por la propia Constitución vigente.
“Es una violación a la Constitución. No lo permite”, dice el constitucionalista.
¿Refundación? Una palabra demagógica, afirma Linares Beltranena
“Reformar los artículos sobre derechos individuales, que son los primeros 47 de la Constitución Política de la República, pasa por una ANC. Las reformas de los otros artículos debieran ser aprobadas por mayoría calificada en el Congreso”, explica Linares Beltranena.
Como uno de los redactores de la Constitución de 1985, el abogado señala: “los que quieren reformar la Constitución, deberían basarse en su conocimiento de los artículos y los temas que pretenden cambiar. Deben entender la Constitución, cuya reforma no debe ser consecuencia de un exabrupto manejado por líderes”.
Por otra parte, agrega: “refundar el Estado no tiene sentido. Se funda en un terreno vacío, pero no es posible crear una nación a partir de algo que ya existe. Refundar es una palabra tan demagógica como cuando dicen Estado fallido. Hiroshima y Nagasaki fueron ciudades fallidas después de que cayó la bomba atómica y vaya si resurgió Japón, pero no es el caso de Guatemala, a menos que la pretensión sea invadir la propiedad privada”.
“No han dado una explicación clara sobre qué es refundación. ¿Pretenden quemar todo y comenzar desde cero? ¿Por qué deberían ser ellos, un pequeño grupo, quienes conduzcan esta destrucción y reconstrucción? ¿Qué legitimidad tienen estos grupos? En Guatemala existe un Estado democrático y debe respetarse”.
Finalmente, el constituyente dice:
“Disolver el Centro de Gobierno y archivar el Presupuesto, fueron acciones parcialmente positivas. Parcialmente, porque el Centro de Gobierno nunca debió existir. El vicepresidente tiene un lugar que le había sido negado, y el Centro de Gobierno fue un error que además es un pésimo ejemplo. Además, el presupuesto estatal sigue siendo inflado y en época de pandemia, el gobierno debiera demostrar austeridad, reduciendo los sueldos de todos los funcionarios, diputados y eliminando los pactos colectivos”.
“Los hechos vandálicos que se produjeron, por ejemplo los incendios, fueron resultado de la incompetencia policial. No se ha impuesto la ley. La policía debe ser firme ante estos hechos delictivos e imponer la ley con autoridad”.
“La Constitución guatemalteca es una de las mejores del mundo”, afirma Barrios
Omar Barrios, docente y constitucionalista, expresa: “siendo realistas, la respuesta legal es no. Las constituyentes no se crean como respuesta a grupos inconformes. Recordemos la Asamblea Nacional Constituyente de 1985 y quiénes fueron los constituyentes. Estaban representadas todas las tendencias y corrientes ideológicas de ese momento.
«Esa diversidad logró que la Constitución guatemalteca haya sido reconocida como una de las mejores del mundo. Aunque siempre existe una mayoría, la Asamblea Nacional Constituyente refleja los anhelos políticos e ideológicos de diversas corrientes y puede afirmarse que un constituyente es un sabio”.
En el caso actual, donde grupos civiles piden una refundación del Estado, Barrios opina que es “insensato construir una idea no aplicable a la sociedad. Hay reglas en el sistema republicano. Para cambiar la Constitución, sus diputados pueden proponer una reforma, que no necesitaría de Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Pero es un suicidio ir a tocar los artículos relativos a los derechos humanos individuales, reformables con ANC. No es posible que esos artículos, planteados con un costo tremendo para la sociedad guatemalteca, sean entregados ahora para modificarlos antojadizamente”
Para Barrios, plantear una nueva Constitución es totalmente inviable. “La Constitución es la normativa que organiza al Estado y no porque haya un grupo inconforme va a modificarse para complacer esa demanda. Esto, exceptuando un rompimiento del orden constitucional y desaforo del Presidente, Vicepresidente y Congreso. Sin embargo, si el gobierno no funciona bien, no es justo que le echen la culpa a una dama tan digna como nuestra Constitución”.
“No tienen ninguna posibilidad de triunfar”, expone González Dubón
“Lo curioso de estos grupos es que en su ingenuidad no se dan cuenta de que están siendo manipulados por ideólogos de una izquierda que ha llevado a tantos países a la miseria”, señala el constitucionalista.
”Si se les pide a estos líderes que expliquen qué entienden por Estado, Constitución, o democracia, es probable que no respondan, porque parecieran no entender que con una ANC solamente pueden reformarse los artículos relativos a los derechos individuales. Solo a través de una revolución podrían lograr derribar el orden constitucional establecido y modificar el Estado”.
De esta manera, señala, “plantear la refundación del Estado es una propuesta ilegal y hasta delictiva. Guatemala es una sola nación donde todos los ciudadanos gozamos de igualdad ante la ley. Parece como si no tuvieran idea de que una sociedad funciona por ensayo y error, decantándose en el tiempo. No veo la menor posibilidad de que se acerquen al éxito, pero los que manejan esto están buscando cuotas de poder que no han podido conseguir por la vía legal. Parece que lo que pretenden es presionar para lograr un diálogo donde estén representados”.
Según González Dubón, estos grupos piden refundación del Estado no como consecuencia de un análisis profundo, sino en un simple ejercicio de repetir consignas provenientes del Foro de Sao Paulo.
“Consignas irracionales emitidas por un grupo que se dice autoridades ancestrales pero no son acuerpados por los indígenas. En Guatemala no existen autoridades ancestrales, se trata de caciques lugareños de tendencia izquierdista que se apoderan de los espacios de poder ilegalmente”.
“Como candidatos en elecciones, jamás alcanzaron una cantidad significativa de votos, exceptuando el fraude. Muchos no distinguen ni la O por lo redondo, y pretenden imponer cambios que buscan llevar a la destrucción de todos los valores que sustentan la sociedad. Sus cuadros medios son gente desinformada, y sus dirigentes, un pequeño grupo de gente miserable al que no le interesa la verdad y menos, proponer algún valor social o intelectual”.
“Desafortunadamente, poderosos mercantilistas los acompañan y comparten su responsabilidad con los problemas sociales que se dan en Guatemala actualmente. Estos mercantilistas solo buscan la protección del Estado para obtener privilegios”, concluye.
