En cuatro días, la Asociación la Familia Importa (AFI), reunió unas trece mil quinientas firmas de ciudadanos que piden suspender la iniciativa llamada Ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual, explotación sexual y trata de personas, presentada hace unas semanas por la bancada Convergencia.
Equipo editorial Perspectiva
A las doce semanas de gestación, el feto o niño nonato, mide aproximadamente cinco centímetros, “como un limón pequeño”, tiene un reflejo de succión que le permite chuparse el dedo y muchos de sus órganos comienzan a funcionar. Si la madre se toca el vientre, el nonato reacciona y se mueve, aunque ella no lo perciba.
Terminar con este proceso es poner fin a la vida de un niño y al mismo tiempo, provocar en la madre innumerables secuelas físicas y psicológicas. Quienes favorecen el aborto designan a este hecho “interrupción del embarazo” y al nonato “producto”. Para AFI, no se trata de un producto sino de un ser humano lleno de potencialidades y, sobre todo, con derecho a vivir, tal como está consignado en el Artículo Tercero de la Constitución Política de la República
El proyecto de ley que presentó Convergencia se basa en una propuesta de política pública elaborada por la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), una organización no gubernamental que impulsa procesos jurídicos contra diversos actos de violencia contra las mujeres, desde la perspectiva feminista.
En dicha propuesta de ley se contempla despenalizar el aborto cuando ha habido violación sexual hasta las doce semanas de gestación y cuando las víctimas son niñas y jóvenes de hasta 19 años. La diputada Sandra Morán ha expresado que la ley plantea una reparación integral y la transformación positiva del entorno de las víctimas.
Sin embargo, para AFI y otros grupos pro vida, el aborto no debería ser considerado como una solución en ningún caso. Por ello, el 21 de noviembre entregaron a las autoridades la petición ciudadana, donde se exige a las autoridades proteger la vida de todos los guatemaltecos, así como proponer verdaderas soluciones para la erradicación de la violencia sexual.
El aborto en ningún caso debe ser planteado como una solución y mucho menos como medida reparadora, puesto que su práctica “causará un doble sufrimiento a la víctima, sin aportar nada a su efectiva restauración”, señala el comunicado de AFI.
Luego de entregar la petición, el grupo se encaminó hacia la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde se le exigió al procurador Jordán Rodas que inicie la acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, a fin de que la iniciativa de ley no pase de la Dirección Legislativa al Pleno del Congreso de la república. Si el procurador no actúa, incurrirá en incumplimiento de sus obligaciones, afirmó AFI.
