La Conferencia Episcopal de Guatemala publicó una Carta Abierta dirigida a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Organismo Ejecutivo, en la que manifiestan su preocupación por el “conflicto ocasionado por la dilación en la elección de las Cortes”.
Redacción Perspectiva
En una coyuntura marcada por la pandemia, que demanda la solidaridad entre todos los guatemaltecos, los obispos expusieron su preocupación por el retardo en el proceso de elección de los magistrados a la CSJ y Salas de Apelaciones Cortes, que ha sido “accidentado en los años 2009, 2014 y 2019” pero que actualmente, a instancias del MP, la CC volvió a interrumpir mediante el otorgamiento de amparos provisionales.
Los prelados plantean la duda sobre a quién beneficia este proceso: ¿al pueblo, al orden constitucional, al bien común, la convivencia pacífica? “¿O a actores y sectores con intereses en que la justicia pronta y cumplida no sea un objetivo realizable en nuestro país?”.
Con base en su “comprometido sentido cívico y pastoral”, llaman a la reflexión a las autoridades, para que cumplan con la “sagrada y única responsabilidad que ustedes han recibido del mismo pueblo de Guatemala: la búsqueda del bien común y su primacía sobre otros intereses”.
En la carta intercalan varias citas de santos católicos, entre ellos varios papas, quienes expusieron la esencia de la democracia y preguntan a los destinatarios: “¿Se sentirían ustedes halagados si el pueblo de Guatemala los considerara cómplices de un sistema totalitario? Pensamos que no”.
Además, la misiva alude a los “aprovechados” que pueden ejercer presiones indebidas y bloqueos fácticos y apela a la conciencia de los legisladores, para que tomen una decisión que apuntale la institucionalidad y la separación de poderes.
Entre los interrogantes finales, los obispos guatemaltecos expresaron:
“¿Se dejarán arrastrar por el torbellino de la así mencionada “politización de la
elección o pondrán sus mejores esfuerzos y su responsabilidad ciudadana para actuar con miras políticas altas, cada uno desde sus atribuciones, fin que dicho torbellino no termine de destruir nuestra incipiente democracia?”.
