Guatemala, 21 de diciembre de 2014. Una acción de amparo contra varias disposiciones del Congreso de la República fue presentado el viernes ante la Corte de Constitucionalidad del país, por las tres empresas operadoras de telecomunicaciones en defensa de los más de 15 millones de usuarios de teléfonos celulares en Guatemala.
Las tres empresas, conocidas por sus nombres comerciales, Tigo (Comunicaciones Celulares S.A, COMCEL), Claro (Telecomunicaciones de Guatemala S.A.) y Telefónica (Telefónica Móviles Guatemala, S. A.) continúan actuando para que los nuevos impuestos no afecten a sus consumidores.
Esta acción de amparo, de ser resuelta de manera favorable por la Corte de Constitucionalidad, detendrá un acto ilegal que amenaza el derecho a la privacidad de los usuarios y afecta negativamente la productividad del país».
En este orden de ideas, las telefónicas coinciden en que existen al menos dos importantes agravios dentro del texto:
- El amparo es contra disposiciones del Congreso que en un acto violatorio de principios constitucionales dispuso un impuesto de Q5.00 mensuales por cada línea telefónica.
- El Congreso de la República aprobó también una norma que faculta a la SAT para instalar dispositivos en las redes de comunicaciones para monitorear el uso de las líneas y el tipo de comunicaciones (sonido, textos, fotografías, videos) que se difunden por medio de éstas. Por ley, los operadores de telecomunicaciones tienen la obligación de garantizar la confidencialidad de las comunicaciones de sus usuarios y la instalación de dichos dispositivos constituye un potencial riesgo al derecho a la privacidad de los ciudadanos garantizado constitucionalmente.
Con la presentación de esta acción de amparo, la industria de la telefonía busca encontrar rutas viables para continuar prestando el mejor servicio a sus clientes, a pesar de la inesperada imposición de este gravamen, ante el riesgo inminente que más de ocho millones de líneas tengan que ser suspendidas debido al impacto del nuevo tributo en los ingresos de las operadoras, quienes en un esfuerzo por no transferir el costo a los clientes, asumirían pérdidas.
A la anterior acción de amparo también se suma la devolución en días pasados, de más de 6 millones de líneas a la Superintendencia de Telecomunicaciones, previéndose que dicha cantidad incremente en los próximos días.
Los operadores consideran que esta acción de amparo, de ser resuelta de manera favorable por la Corte de Constitucionalidad detendrá un acto ilegal que amenaza el derecho a la privacidad de los usuarios y afecta negativamente la productividad del país.
Tigo, Telefónica y Claro reiteran al público en general su compromiso de velar por el desarrollo de sus clientes, en beneficio del crecimiento de Guatemala.
