A pasos agigantados se está produciendo una interesada polarización en relación con las reformas constitucionales del sector justicia. De un lado, hay grupos que, aun sin conocerlas -todavía están por discutirse algunas enmiendas- abogan por la aprobación de ellas a como de lugar. De otro, la postura es totalmente contraria y se promueve la no aprobación. Sobran razones -al menos teóricamente- en unos y otros colectivos. Están los proCICIG/MP, grupos cercanos a la izquierda, indigenistas, etc. En el otro plato de la balanza, los antiCICIG/MP, grupos cercanos a la derecha y mucho anónimo de net center que apoya a enjuiciados por diversos delitos graves. El riesgo es, precisamente, desembocar en esa polarización inútil desde el punto de vista del debate, la razón y la búsqueda de soluciones a un problema que es innegable: el sistema judicial no es eficaz. De seguir así, ocurrirá lo que la historia nos enseña como lección aprendida, y cuyo destacado ícono fue la consulta popular llevada a cabo en 1999 para modificar algunos artículos constitucionales. Intentaré un planteamiento racional que permita una reflexión sin otros parámetros que no sea la lógica.
Desde hace tiempo se viene cuestionando el sistema de selección (comisiones de postulación) y elección de jueces y magistrados (acuerdos apañados en el Congreso). La conclusión, tras las experiencias tenidas en los últimos años, las modificaciones llevadas a cabo y los magros resultados, es que hay que cambiar el sistema. A poco que se mire en los antecedentes grabados de TV y radio o en hemerotecas, se comprobará que la mayoría de la población y los expertos o conocedores de la temática, han estado abogando por una drásticas modificación que saque de la ecuación a grupos de poder: universidades, colegio de abogados, intermediarios, organizaciones de la sociedad civil y diputados, entre otros. Solo los muy tozudos pueden negar esa evidencia. La sociedad guatemalteca ha pedido a gritos cambios en la selección/elección de sus jueces y hay un consenso poco discutible.
Sin embargo, la propuesta que se quiere presentar para aprobación, incluye dos aspectos nuevos que en modo alguno eran sentidos como necesarios: el consejo nacional de justicia y la justicia indígena. Alguien o algunos, han hecho como en aquel no tan lejano 1999 e incluido cuestiones que para nada son una prioridad/necesidad en el debate público. De esa cuenta, se ha generado una innecesaria crispación en la que lo secundario opaca a lo principal y, tal y como paso en aquel entonces, puede terminar por impedir el cambio necesario.
Creo, y esta es mi propuesta, que debemos avanzar en aquello que hay consenso, y la modificación en la elección/selección de jueces es lo sustantivo. Habrá, por supuesto, que afinar ciertos detalles como la duración en el cargo, el sistema de relevo (por cuotas o de una vez), las cualidades profesionales y aspectos no menores, pero más técnicos que otra cosa. Si en esto convergemos, vayamos a la reforma (o a los cambios en las leyes, que es otra propuestas) de manera que sea una realidad para cuando toque nuevamente recambiar a los juzgadores. Es más, debatamos la forma de elegirlos una vez seleccionados y propongamos el sorteo, y no la designación personal, como el método más correcto, equilibrado y justo de los que se puedan dar entre aspirantes con idénticas condiciones.
¿Qué hacer con el consejo nacional de justicia y la justicia indígena? Pues dejarla para otro momento que, incluso, puede ser inmediato, pero no concurrente. El consejo debe discutirse técnicamente y ver si no se crea un organismo con idénticos problemas que aquellos que se desean corregir. La justicia indígena, a la que no me opongo a priori, requiere ser conocida y dimensionado su alcance, de forma que no sea un cheque en blanco para que ciertos personajes identificados encuentren un saco sin fondo en el que echar cualquier reclamo “ancestral” o destruir la escasa certeza jurídica que hay en el país. No se trata de un “NO” sino de proponer una reflexión sincera, sensata, que garantice el acceso a la justicia, que promueva la certeza jurídica y que no cree más problemas de los que pretende solucionar. Siguiendo el recurrente discurso de algunos: “si ya está funcionando, entonces que más da reconocerla”, podemos contraponer el de “si ya está funcionando, para que hacer cambios bruscos que puedan ponerla en peligro de funcionamiento”.
Si se es sensato, racional y sincero, esta tercera vía que no aboga por un “NO” ni por un “SI” absolutos puede ser la solución del problema. Ahora bien, otra cosa a debatir es si esos mismos grupos -de uno y otro lado- desean de verdad cambiar el sistema o únicamente aprovechan el aventón del discurso para ganar adeptos, dinero, donaciones, protagonismo o poder. En el fondo el gatopardismo es una cualidad nacional en la que se han doctorado muchos personajes, instituciones, organizaciones y entidades publicas y privadas.
¡Ahí queda pues, el reto y la propuesta!
