Por: Nicholas Virzi Arroyave
Columnista de PERSPECTIVA
Se habla de la primavera árabe para hacer referencia a los movimientos sociales populares que se rebelaron contra los regímenes dictatoriales en el Medio Oriente Musulmán. Guatemala, el país de la eterna primavera, pasa por su primavera política.
El Presidente, sin embargo, intenta defenderla, cayendo en desgracia, ridiculez, y burla.
Guatemala pasa por una triple crisis de corrupción, confianza y credibilidad. El pueblo entero no le cree una sola palabra a su gobierno, mucho menos a quien gozaba de históricamente altos niveles de capital político, el Presidente de la República, Otto Perez Molina. A Otto le ha tocado presidir el colapso total de su credibilidad a raíz no solo del descubrimiento, por una entidad internacional asociada a la ONU (CICIG), de una red de contrabando y defraudación aduanera operada por el secretario privado de la Vicepresidente, Juan Carlos Monzón, hoy prófugo de la justicia nacional e internacional, sino por su necia negación de ejercer liderazgo ético en el asunto y tomar la única decisión moralmente permisible y políticamente aceptable – la renuncia de su compañera de formula, Roxana Baldetti. Su secretario privado viajaba con ella, a costos de los tributarios guatemaltecos, en el momento que se le acuso de graves crímenes de corrupción, y el desapareció durante dicho viaje, del cuál la Vicepresidente se negó ante los medios nacionales de decir cuando había retornado al país.
Contrario a la opinión pública, la crisis de gobernabilidad que atraviesa Guatemala no es un simple escándalo de corrupción. La ofensa de fondo es el descaro. La sociedad entera le advirtió a la Vicepresidente de no contratar como su secretario privado a un hombre con el apodo “Robacarros.” Robacarros viajaba con ella cuando se emitió la acusación en su contra. Robacarros desapareció. Al regresar a Guatemala, la Vicepresidente se negó a admitir la fecha de su ingreso al país, y ahora ha desaparecido por completo, y nadie puede decir donde se encuentra. El Presidente, sin embargo, intenta defenderla, cayendo en desgracia, ridiculez, y burla.
El gobierno de Perez Molina ha demostrado ser el mejor, o peor, ejemplo de gobierno de un país que solo se puede clasificar, en materia de su gobernanza, como una república bananera. Guatemala es un país donde los gobernantes, de cualquier partido, roban con las dos manos llenas, y reclaman al público su poca solidaridad, reflejada en su baja carga tributaria en términos porcentuales del Producto Interno Bruto. Cabe mencionar que en esta farsa participan entidades internacionales como las Naciones Unidas, la CEPAL, y un sinfín de ONG´s que siempre (y únicamente) señalan los problemas del país como consecuencia de su retrograda sector privado, que paga impuestos, pero nunca de su cavernícola sector público, que roba impuestos. El mismo Otto Perez ha afirmado que la culpa de la crisis la tienen los guatemaltecos, que por años se han acostumbrados a no pagar impuestos.
Ya los comunicadores políticos y sociales están tramando la nueva narrativa de que el problema de contrabando y traición en las aduanas de Guatemala es uno de empresarios evasores fiscales y que esto es problema porque debilita los ingresos del Estado, impidiendo que los corruptos hagan el buen trabajo que prometen hacer. Este argumento es falso y nefasto. No se debe aceptar, ni en Guatemala, ni en los demás países de la región.
La mayoría de los contrabandistas operan fuera de la ley a lo largo de su modelo de negocios. No contrabandean al entrar al país para después pagar IVA e ISR. Operan en el mercado informal, evadiendo todo impuesto. Son empresarios “capitalistas” que nacieron de arreglos políticos, no de iniciativa privada emprendedora. Es falsa la narrativa que pregona que es iniciativa del sector privado que corrompe el Estado, la causalidad es al revés. El poder y el abuso de la discrecionalidad del Estado crea mercado, ventajas desleales, y privilegios mercantilistas para quienes están cerca del poder, por lazos familiares, políticos, románticos, entre otras cosas. Aquí se propone un criterio simple. Si la “empresa” hace todo su negocio en base a contratos públicos, el dueño es un hombre de negocios, pero no un empresario, y menos un emprendedor. Es el Estado que corrompe y obliga a los ciudadanos a ser partícipes en la corrupción, no al revés. Si no fuera asi, no tendría sentido proponer que el Estado sea el ente rector de honestidad en toda materia de intercambio.
