Es necesario conceptualizar e interpretar a la corrupción como una falla en la estructura institucional de la sociedad, en particular de su capacidad de gobernabilidad. Si existiera una estructura institucional funcional y efectiva la mayor parte de los actos de corrupción serían detectados y sancionados como regla general y, a la vez, las normas rápidamente serían adaptadas para inhibir los actos de corrupción. Bajo ese análisis algunos autores distinguen dos categorías de corrupción.
La primera categoría comprende situaciones en que las instituciones funcionan de manera ineficiente por efecto de la corrupción, pero los actos de corrupción son esporádicos, aislados, o de impacto restringido. La segunda categoría comprende situaciones en que las instituciones son inoperantes debido a que la corrupción es la norma de comportamiento dominante y el principal objetivo de los funcionarios es obtener rentas parte fundamental del crecimiento de la corrupción en Guatemala. En este último caso, típicamente, parte sustancial de los trabajadores no acude al trabajo o sólo lo hace por pocas horas, la mayor parte de los ingresos del individuo provienen de prácticas corruptas, no existen mecanismos de control y el sistema de incentivos se encuentra gravemente distorsionado.
Alternativamente, otros autores distinguen aquellos actos de corrupción que se cometen “de acuerdo con las reglas” de las acciones que se desarrollan “en contra de las reglas” (Transparency International, 1996). En el primer caso, un funcionario está recibiendo un beneficio de parte de un particular por llevar a cabo algo que debe hacer, según lo dispone la ley. En el segundo caso, se cometen actos de corrupción para obtener servicios que el funcionario tiene prohibido proporcionar.
El análisis se puede ampliar particularmente al caso de América Latina aunque cuantificar los niveles de corrupción es una tarea compleja ya que obviamente se opera mediante una estructura secreta no existe un indicador que sirva de denominador común para hacer comparaciones en el tiempo».
Por tal motivo los indicadores disponibles se basan en el uso de encuestas estandarizadas sobre percepciones de niveles de corrupción. Esos indicadores, por lo mismo, deben ser considerados únicamente como indicativos de los verdaderos niveles existentes. Aunque la calidad de la información no es la óptima, muchos autores confían en que el contenido de información es suficiente como para permitir un análisis riguroso (Lambsdorff, 1999; Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobaton, 1999).
Según los diferentes instrumentos los indicadores de corrupción combinan resultados obtenidos de dos tipos de instrumentos. Primero, entrevistas estandarizadas a expertos en corrupción. Éstas tienen la debilidad de representar las opiniones de unos pocos individuos, pero son muy precisas y permiten la comparación entre países. Segundo, encuestas a empresarios e inversionistas, que si bien son menos precisas pues dependen de condiciones locales, tienen la ventaja de ser masivas y más representativas de la opinión general.
Tal vez uno de los problemas más serios en América Latina es que el respeto a las leyes es sorprendentemente bajo, incluso por debajo del nivel africano, lo que revela el grave problema de gobernabilidad. Dada la existencia de marcos regulatorios adecuados, el problema de la corrupción no parece provenir de la falta de leyes sino de su escasa aplicación. Ello es consistente con la virtual inexistencia de medidas de control de la corrupción en la región.
