Hace algunos años se creía que era casi imposible medir la corrupción y la gobernabilidad. No se consideraba posible estimar la magnitud de las transacciones corruptas. Sin embargo, en el último tiempo ha habido una explosión en las técnicas de medición de estos temas. Efectivamente la recopilación de estos datos ha permitido que se conozca a través de expertos en medición, con encuestas de empresas y usuarios de servicios públicos, la percepción y la magnitud de los sobornos y la mala gestión política.
Controlar la corrupción beneficia particularmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), que son quienes soportan una parte importante de lo que en Guatemala se conoce como “extorsiones”. Así también los hogares de más bajos ingresos tienden a pagar una mayor proporción de sus ingresos en extorsiones que los catalogados como ricos.
Según datos revelados por el Banco Mundial (BM), la corrupción constituye un impuesto elevado sobre la inversión, equivalente a una carga tributaria del 20% para los inversionistas extranjeros».
En investigaciones recientes se ha logrado establecer que, de manera general, la corrupción es una de las principales limitantes, en ocasiones la más importante, para una empresa en mercados emergentes. Asimismo, se estableció que el sector empresarial puede crecer en promedio del 3% más al año cuando la corrupción es más baja y mejora la certeza jurídica y el imperio de la ley.
Según el Índice de percepción de la corrupción al 2014, publicado por la Organización para la transparencia internacional, Guatemala obtuvo 32 puntos. Si bien el país mejoró ocho posiciones respecto al periodo anterior, ocupa el puesto 115 de los 174 países del ranquin de corrupción gubernamental y sus habitantes creen que existe mucha corrupción en el sector público.
De acuerdo a las cifras publicadas al primer trimestre de este año por el Banco de Guatemala (Banguat), la inversión extranjera directa (IED), ascendió en US$301.8 millones. De los cuales el 33.4% lo aportó Estados Unidos, el 19.5% Colombia, el 9.8% provino de España y el 7.3% de México.
Para el 2015 se estima que la IED ascenderá a más de US$1 mil 500 millones. Esta cifra proyectada representa US$104.2 millones más del monto de inversiones captado en el 2014. En los últimos cinco años la IED ha crecido un 73.22%, de US$805.8 millones en el 2010 a US$1 mil 395.8 millones en el 2014.
La tendencia creciente del indicador de inversión en los últimos cinco años, se traduce en oportunidades de empleo para el país. Sin embargo, el impacto de los recientes escándalos de corrupción en el país pueden ser nocivos para la inversión en Guatemala.
Los datos demuestran que una buena gestión de los asuntos públicos y la lucha contra la corrupción deberían ser elementos centrales para mejorar las condiciones para la inversión y el clima empresarial. Sin embargo, en el caso particular guatemalteco las condiciones son realmente preocupantes y alarmantes.
Durante el presente año la situación de gobernabilidad y corrupción en el país se ha deteriorado, siendo aún un calificativo alentador.
Los recientes escándalos de corrupción aunada a la crisis política desatada desde abril recién pasado, dejan entre ver en la cuerda floja a la atracción de capitales extranjeros. Efectivamente la figura política de Guatemala en el exterior impacta en la captación de inversiones.
El inversionista demanda un sistema de justicia estable, certeza jurídica, institucionalidad en el país y bajos índices de corrupción. Por lo que para Guatemala el escenario es perjudicial derivado de los altos índices de corrupción ocurridos este año dentro de las mismas instituciones del Estado.
En el último año la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ha solicitado antejuicio contra diputados y jueces por señalamientos de actos de corrupción, a estas investigaciones no han escapado funcionarios del Ejecutivo.
La situación política del país es crítica y preocupante por ser uno de los principales problemas sistémicos, estructurales y endémicos del Estado. Como un reflejo de ello se ha desencadenado una crisis política donde la corrupción se ha hecho más evidente.
Si bien los procesos de antejuicios que han iniciado a solicitud de la Cicig contra diputados, jueces y funcionarios del Ejecutivo tendrán un impacto positivo en los índices y calificaciones internacionales que miden la corrupción en el mundo. En el caso de las inversiones el efecto puede ser negativo, ante la incertidumbre, la falta de certeza jurídica y gobernabilidad en Guatemala.
La imagen del país hacia el exterior se ha deteriorado, lo que desincentiva la atracción de inversiones. Los procesos de negociación también se han visto afectados derivados del primer escándalo de corrupción “La Línea” desmantelado dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Donde la corrupción es más alta, la posibilidad de que se desperdicien los préstamos para el desarrollo también es mucho más elevada. Igualmente, en tema de corrupción diversos estudios arrojan que sin un decidido compromiso del país de controlar la corrupción, es posible que los fondos de los donantes no fluyan libremente.
A manera de conclusión, los esfuerzos de un país en materia de gobernabilidad y corrupción permiten una mejora notable en la atracción de capitales extranjeros y los negocios internos de un país. Pero si estos resultados no son favorables, la inversión se estanca o deteriora.
La gran cuestionante es si las proyecciones de inversión se verán truncadas o si esta coyuntura de corrupción y falta de gobernabilidad pueden ser de utilidad en las reformas que se necesitan en términos de transparencia.
