Como en el cuento de La Cenicienta, la medianoche era el tiempo limite para la aprobación presupuestaria 2016 y los Diputados, haciendo gala de su tradicional desidia e inutilidad, aprobaron el presupuesto diez minutos antes de dicha hora. El ciudadano “feliz” por tal evento, aparca la discusión del tema y mira hacia otro lado, especialmente en esta fechas más familiares que político-sociales.
El caso es que tendremos un techo de gasto superior a los Q70 mil millones y una desfinanciación teórica cercana al 20% y real, quizá, muy superior al 25% de ese monto».
No hemos aprendido mucho, o no queremos aprender. En el documento se siguen apreciando exorbitantes cantidades que nadie sabe para qué son y, sobre todo, cómo se gastarán en detalle. Casi medio millón diario en seguridad presidencial y vicepresidencial; mas de Q200 millones a Defensa para “protección del patrimonio”; Q1200 millones entre Agricultura, Educación y Desarrollo Social para “apoyo para el consumo adecuado de alimentos”; casi otros Q600 millones repartidos en varios ministerios para “aportes y cuotas a organismos”; Q6,5 millones para “desarrollo de telefonía”, en un país que tiene casi dos teléfonos por habitante; Q750 mil para “empresa de ferrocarriles de Guatemala”, a pesar de que no circula ningún tren hace 50 años; subsidio millonario al transporte urbano, pagando los habitantes del interior tal lujo capitalino; Q137 millones para una comisión presidencial de Derechos Humanos, a pesar de contar con una PDH; una secretaria de asuntos agrarios (Q42 millones) a pesar de contar con un ministerio de Agricultura; Q60 millones en diversas secretarias presidenciales que duplican labores de ministerios o entidades gubernamentales; Q10 millones para la “oficina de prevención de tortura”, ignorando al MP cuya labor es perseguir esos delitos; Q17 millones -todavía- para la reconstrucción del desastre del Agatha, ya olvidado por la población; Q188 millones para el desconocido “fondo social de solidaridad”, cuyo fin estará en la mente del político de turno y su discrecionalidad; Q150 millones de aporte al fideicomiso del transporte de la ciudad de Guatemala, rubro seguramente desconocido por el 99,9% de la ciudadanía; Q400 millones para el PINFOR y el PINPER, programas ambos de incentivos forestales; y otra serie de cuestionadas partidas que quedan lejos de la comprensión ciudadana y del entendimiento político racional, aunque representan el saco donde pretenderán, como siempre, meter la mano los políticos mafiosos de turno, que suelen ser demasiados.
Ese discurso de que necesitamos más dinero, de que somos el país que menos gasta en el mundo o de que es preciso un mayor pago de impuestos (especialmente para los “ricos”), contrasta con esas cifras y partidas indicadas (hay otras muchas) y el despilfarro que se hace de lo que se tiene. A todo ello hay que sumar la imposibilidad de conocer como gastan el dinero algunas instituciones, como por ejemplo la USAC, monopolio educativo nacional y ejemplo de opacidad en el gasto, a pesar de pedir trasparencia, igualdad, equidad y otras cuestiones incluidas en discursos que se desvían de la realidad estructuralmente podrida en la que vive dicho centro educativo.
No obstante, y así las cosas, todos felices. También como en el cuento. A partir de ahora a seguir criticando el despilfarro público, pero poco o nada preocupados por la base aprobada que lo sustenta y permite.
