Yace en su tumba: un violador y asesino que descuartizó a Jimmy Ryce, un pobre niño inocente, que no estaba al tanto de lo que sucedería cuando fue obligado a ir con él luego de bajar de su bus escolar en 1995. Este secuestrador, violador y asesino se llamaba Juan Carlos Chávez: escoria de la sociedad norteamericana que fue ejecutado en el 2014, aunque muchos años tarde, pero al fin y al cabo, ejecutado. Hubo polémica por la nueva droga a utilizar; sin embargo, esta técnica dilatoria no detuvo la ejecución. El pueblo celebró al ver la justicia.
Estados Unidos sigue aplicando la pena de muerte a toda esta escoria de violadores de niños, secuestradores y descuartizadores. Ah no, pero en Guatemala hubiera habido conmoción: las ONG y los derechos humanos (de todos, menos los nuestros) hubieran dado el grito en el cielo de que se le están violando los derechos humanos al violador. Porque a veces, aparentemente, valen más los derechos de violadores y secuestradores que los de la misma víctima. ¡Cómo es posible!
Desde que se firmaron los famosos Acuerdos de Paz, en 1996, en nuestro país han sido ejecutadas cinco personas. No se ha vuelto a aplicar la inyección letal porque existe un “vacío legal en torno a la facultad de otorgar indultos”. Álvaro Colom en su momento presentó al Congreso una iniciativa que ¡gracias a Dios! no prosperó, pues era para abolir definitivamente la pena de muerte.
El 15 de enero de 2014, en el Consejo Permanente de la OEA, se expuso el tema sobre la mesa: la pena de muerte en las Américas. El representante de México ante esta Organización, Emilio Rabasa, solicitó que se incluyera el tema en la agenda pues “desde una perspectiva de promoción y protección de los derechos humanos, debe figurar como un asunto prioritario”. ¡No digo, pues! Y dale con los derechos humanos. ¿Será que el violador de niños estaba pensando en los derechos de su pobre víctima? ¿Por qué será que la vida es tan injusta, que abogamos por criminales pero no hacemos nada por salvar a las víctimas? Porque así es la estupidez humana. La CIDH publicó el informe de la pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: de restricciones a abolición. Los países expresaron su postura: muchos dijeron creer que se podría considerar la pena capital como resultado de un proceso democrático y en medidas extremas.
Antes de tomar posesión de su cargo, Otto Fernando Pérez Molina, en un video del Partido Patriota que data de julio del 2010, expresa claramente que la pena de muerte “está vigente y lo que no ha habido es la capacidad ni el carácter para echarla a andar, así que, Otto Pérez Molina está dispuesto a aceptar esa responsabilidad”. Como muchas cosas que dejó de hacer por estar entretenido en el tema de aduanas, esta “vigencia” de la pena de muerte se postergó y no se avanzó en nada. Jimmy Morales recientemente reafirmó su apoyo a la pena de muerte, proponiendo como medida una Consulta Popular. La postura de la CC difiere: ha declarado inconstitucional el artículo 132 del Código Penal.
No me refiero a apoyar un régimen totalitario donde nos pueden mandar fusilar a todos solo por decir lo que pensamos. ¡Como columnista de opinión, sería estúpido de mi parte apoyar esto, entonces! Me refiero a que una gran parte de nuestra inseguridad es porque, antes, la gente tenía miedo y respeto por la ley. El que violaba a un niño era sentenciado: simplemente por eso, porque no merece vivir.
