En los últimos días hemos estado embriagados por el sentir de cambio que una buena parte de los guatemaltecos ha logrado con base en protestas y el inicio de procesos judiciales que van en contra desde mandos medios hasta las más altas autoridades del país, sin duda algo nunca visto en la historia de Guatemala; precedentes importantes que nos hacen pensar en el renacimiento del Estado de Derecho.
Existen retos importantes para que lo anterior haya tenido sentido, es decir, que los esfuerzos de las personas en puntualizar sus descontentos y exigir el cambio resulte en un verdadero cambio para el país. De las cosas más importantes es poder recuperar la confianza, si es que algún día existió, que cada Quetzal que el guatemalteco paga en concepto de impuesto o tributo va a ser utilizado de una manera transparente, diligente y auditable, y que con ello verdaderamente se empezarán a cubrir las necesidades del país.
Es una falacia argumentar que el contribuyente nunca quiere pagar impuestos, y por lo general, es eso lo que escuchamos todo el tiempo. Sin embargo, no es cierto. Casi puedo asegurar, que aquello a lo que los contribuyentes se oponen, es al mal manejo de los fondos obtenidos por el Estado a través del pago de impuestos y la poca transparencia con la que son invertidos. Y tenemos ejemplos muy claros en los cuales resulta un verdadero gusto pagar un tipo de impuesto, cuando observamos que el dinero se invierte de una buena manera y sobre todo con transparencia. El fenómeno del IRTRA, es un caso de esos. Las personas disfrutan y pagan con gusto su contribución con el sentir que les devuelven más de lo que han aportado y que ha valido la pena.
Pero cuando hablamos de pago de impuestos, la situación es otra. De todos es sabido que la recaudación es como un hoyo negro, el Estado se queja de las carencias y el escaso dinero con el que cuenta para operar pero pareciera que nunca alcanza más que para operar al mínimo en ciertas áreas e instituciones y gastar desmedidamente en otras. Los mensajes son contradictorios y el destino del dinero de los contribuyentes es incierto. Lo anterior, sumado a los chantajes y extorsiones que sufren algunos contribuyentes por personeros del ente fiscalizador. Que pareciera que reciben comisión por el monto que recaudan y ven a toda costa de qué manera, aún a través de coacción, ajustan al contribuyente en muchos casos sin razón.
Resulta pues indispensable que cada contribuyente, por grande o pequeño que sea, pueda exigir la rendición de cuentas sobre su dinero y que cuente con la legitimidad y canales dinámicos para poder fiscalizar de manera ágil y fácil el destino de los recursos que forman el erario público. La Contraloría General de Cuentas juega un papel indispensable en los cambios que exige la población. Es urgente que asuma su función, tome el liderazgo que se exige y empiece a cumplir su mandato, para que cada contribuyente se sienta con el derecho de cuestionar, de fiscalizar, de señalar el uso de los fondos públicos.
El Congreso, por medio de la creación de normas que incentiven la fiscalización, debe propiciar que cada ciudadano se convierta en un aliado del recaudador como cuando se permitía la deducción del IVA a la presentación de facturas. En fin, muchas cosas por hacer, pero indispensable devolverle al contribuyente la confianza que el dinero que paga vía los impuestos, sea utilizado como debe ser y sirva para que el país y la sociedad mejoren. La danza de los millones se acabó, cada centavo cuenta en la reconstrucción del país y es imprescindible generar los medios necesarios para devolverle la confianza al contribuyente y que éste cuente con la certeza que su dinero está siendo bien invertido y administrado.
