“Certeza de castigo”

La corrupción ha sido una constante en los gobiernos de turno y un motor motivador a muchos de los candidatos a correr por algún cargo público. Es triste ver cómo los corruptos se pasean por cada esquina sin tener un castigo y hasta hace algunos meses, ni siquiera un castigo de rechazo moral de las personas.

Sin embargo, el mensaje de las manifestaciones pacíficas a los políticos y servidores públicos es contundente y obliga a cambiar la forma de hacer política en el país. La ciudadanía despertó y, además de la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, demanda a reformar el sistema político, depurar el Organismo Judicial y principalmente, poner fin a la corrupción. Es obvio que las manifestaciones han tenido sus resultados, pero lo más importante es que empiecen a aplicar la ley y que haya castigos para los infractores. En consecuencia, han salido propuestas de todo tipo y las propuestas que tienen más fuerza son los planteamientos de reformas a  las Leyes Electoral y de Partidos Políticos, de Servicio Civil y de Contrataciones del Estado, entre otras que tendrían efectos directos en los ámbitos de  seguridad y Justicia. Coincido en que estas leyes deben ser modificadas, pero creo que el funcionamiento del sistema político también depende de la honestidad, credibilidad y trayectoria de los actores.

Los valores y la honorabilidad van antes que cualquier ley y los que estén dispuestos a cumplirla son quienes deberían tener la responsabilidad de administrar el país».

 El principal problema de nuestro país  es la falta de una diligente, firme y contundente  aplicación de las leyes, ya que al no existir certeza de castigo, estas no se respetan. ¿Acaso no hay ya suficientes leyes para enviar a la cárcel a los corruptos? ¿No tiene el país suficientes leyes para garantizar que los cargos públicos sean ocupados por personas probas y profesionales? ¿No existen suficientes leyes para sancionar a los jueces que hacen mal su trabajo? El país está sobre-legislado, nos hace falta cumplirlas.

Un corto ejemplo de ello es  la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El artículo 21 regula, controla y fiscaliza el financiamiento de los partidos políticos. La norma establece que, si el gasto de campaña excede el límite máximo de Q58 millones, el Tribunal Supremo Electoral tiene facultad para aplicar sanciones administrativas o penales, así como para cancelar el partido y dejarlo fuera de la contienda electoral. Los magistrados no tienen por qué quejarse de que la ley no tiene dientes, su principal interés debiera ser  cumplir con la que existe, recabando pruebas y castigando a quienes violan el principio de igualdad y compiten de forma desleal. Solo ante un precedente de esta magnitud  los políticos respetarían la ley.

Lo que el país necesita es que las leyes vigentes se cumplan y que los castigos se apliquen. Mejorar las leyes es importante, pero cumplirlas es mucho más trascendental.