Aunque la FECI insiste en la culpabilidad de Mynor Moto, sus abogados y otros juristas enfatizan en que el magistrado electo goza del derecho de antejuicio, como ha sido demostrado. Rolando Alvarado conversó con Perspectiva sobre este caso y otros dos allanamientos que parecen sacados de alguna novela negra, por el cúmulo de absurdos que los rodea.
Roxana Orantes Córdova
El 2 de febrero, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), allanó un apartamento como parte de las diligencias para capturar al magistrado electo Mynor Moto. En medios circularon fotos que muestran un supuesto menage doméstico, valorado “a ojo de buen cubero” en Q. 600 mil, estimación que muchos consideran errónea y que ha servido para “fundamentar” la imagen de un Moto corrupto, quien además de huir de la justicia, acumuló bienes suntuarios de dudosa procedencia.
Asimismo, se cuestionó que el apartamento allanado se ubique en la zona 14, sector con alta plusvalía y precios en dólares. Al respecto, la abogada Amanda Santizo dijo en sus redes:
“No creo que los Q. 28,000.00 del sueldo que gana un juez no alcancen para rentar un pequeño apartamento de Q. 8,000.00 mensuales, les encanta difamar”.
Poco antes se había divulgado que el juez se estaba transportando en un vehículo “implicado en actos criminales”, que resultó ser incautado por la SENABED y al servicio del Organismo Judicial, que lo habría asignado al juez. Entonces se cuestionó que el vehículo no hubiera sido asignado a un juzgado de alto impacto.
El ruido que han provocado en un público amante del amarillismo los hallazgos (muebles dignos de un sultán, apartamento exclusivo, vehículo proveniente de criminales), impide ver un hecho indiscutible: Moto continúa gozando del derecho al antejuicio, algo que sus abogados deben probar, señala el penalista Rolando Alvarado.
Allanamientos que parecen sacados de una «novela negra»
Mientras, los abogados de Moto presentaron un recurso de exhibición personal a su favor, y denunciaron que el allanamiento violó los derechos del magistrado, además de que la orden tenía otra dirección consignada.
“La dirección equivocada invalida cualquier valor de la diligencia. Llegaron a una dirección distinta, entonces no hay legalidad en el allanamiento. Y se apresuraron a revelar las fotografías a los medios. Si la dirección es equivocada, los rótulos de los muebles pudieron ser colocados”, dice Alvarado.
Entre los antecedentes de allanamientos similares al reciente, que pueden calificarse de surrealistas, está el caso de Pavel Centeno, quien resultó muerto (según los informes, se suicidó), por dos disparos durante un allanamiento del que finalmente se comprobó, no estaba dirigido a su vivienda.
Y como narra Alvarado, el allanamiento a la familia Bitkov ejemplifica la ilegalidad con la que actuó la FECI. Entre otros elementos, reitera:
“cuando se realizó el allanamiento a la vivienda de la familia Bitkov, se secuestró la mitad de los bienes encontrados. Por ejemplo, se llevaron la mitad del lote de joyas. Poco después regresaron y saquearon hasta objetos personales, como ropa. Un detalle que resulta hilarante es que había una litografía con la reproducción de una pintura famosa, que fue robada, probablemente porque quien la robó consideró que se trataba de un original. Esto nos ha dado mucha risa cuando hablamos con Igor. En el saqueo a la vivienda de esta familia, hubo más de 60 policías, además de los agentes de la FECI, por lo que es muy difícil saber quiénes fueron los responsables de los hurtos”.
“Una intención clara: estigmatizar o satanizar”
“Moto tiene derecho de antejuicio. Esto conlleva la ilegalidad de cualquier medida en su contra desde su origen. Por otra parte, publicitar los objetos del allanamiento, es una violación a la confidencialidad y la responsabilidad de las partes procesales”, expone Alvarado.
“Los bienes no fueron valorados por expertos valuadores, pero el efecto mediático de la evidente sobrevaloración tiene un objetivo claro. Lo encontrado en el allanamiento no fue llevado a proceso, no se llamó a un experto, sino “a ojo” se realizó una sobrevaloración exagerada. Todo se resume en la intención de estigmatizar, de satanizar. Por eso filtraron las imágenes”.
Los efectos de acciones como esta son evidentes. En primer lugar, se debilita mucho más la certeza jurídica y se manifiesta que no existe presunción de inocencia, Esto es resultado de la tendencia condenatoria que se adopta en algunos casos, en el actual, lo que está en juego es la Corte de Constitucionalidad (CC), comenta el abogado.
Para Alvarado, está claro que el caso de Moto es parte de una confrontación política. “Esta lucha impacta a todo el sistema de justicia, en esta ocasión a la CC, que ha sido prostituida. El mensaje es evidente: solo van a aceptar a personas que ellos consideren aliados. Por el momento, ningún abogado quiere llevar su expediente al Congreso”.
Alvarado enfatiza en que no se trata de defender oficiosamente a ningún corrupto, pero es indispensable ver las pruebas fehacientes sobre los delitos de los que se acusa a Moto, quien por otra parte goza del antejuicio, como magistrado y como juez.
“Tengo entendido que sus abogados presentaron apelaciones, estas deben llegar a un tribunal de amparo superior, que podría revocar la orden de la juez. El amparo podría llegar a la CC, donde los magistrados están obligados a manifestar si procede el antejuicio. Esto será decidido en los próximos días y podría cambiar el panorama”.
