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Muchas expectativa
s se han generado en las últimas semanas por la Ley de Tarjetas de Crédito. Una iniciativa que fue prometida en campaña por el diputado Ronald Arango, que actualmente sigue acaparando los centros de atención al respecto a pesar que la iniciativa que avanzó en el pleno fue la presentada por Luis Contreras.
El día miércoles, se realizó la aprobación por artículos donde la iniciativa sufrió algunas enmiendas. Una de ellas, la del artículo 9, exige a los emisores que estén interconectados para verificar la morosidad de los usuarios y, en caso de que tengan una tarjeta sin pagar, no puedan ser beneficiados con otra.
Sin embargo las mayores discusiones se generaron alrededor de la propuesta para fijar una tasa tope de interés. Entre los opositores a dicha disposición se pueden mencionar a Álvaro González Ricci que asegura que dicha medida hará que muchas personas pierdan sus tarjetas dado que se les otorga bajo intereses altos puesto que tienen alto riesgo de incumplimiento de pago. El diputado Emmanuel Seidner, ahora asesor económico del Presidente electo, reclamó que establecer un tope afectaría la recaudación tributaria que de dicha fuente percibe aproximadamente Q.3 Millardos. Pese a estas críticas la iniciativa avanzó.
Una modificación más se hizo para obligar a los emisores a otorgar facturas al momento de cobrar comisiones u otros extras. Tras tres horas de la lectura por artículos la sesión debió suspenderse por falta de quórum.
Por el momento, aunque no se ha aprobado en su totalidad y falta por establecer cuáles serán los mecanismos que utilizará la Superintendencia de Bancos para sancionar a quienes no cumplan con lo estipulado, ya se han anunciado algunas acciones legales. Ayer, ante algunos medios de comunicación, representantes de la Asociación de Emisores de Tarjetas de Crédito manifestaron su inconformidad por el avance de una ley respecto de la que, afirman, no fueron consultados. Además aseguran que fijar el tope de intereses no sólo atenta contra el libre mercado sino que hará que prolifere el mercado negro de usureros. A su vez, aseguran que lo que corresponderá será apelar ante la Corte de Constitucionalidad tal y como se hizo cuando una iniciativa similar fue impulsada durante el gobierno de Alfonso Portillo.
