“Es una canallada”, dijo José Luis González Dubón, al comentar la solicitud de antejuicio de la FECI-CICIG contra el candidato a la alcaldía Ricardo Quiñonez (PU) y las capturas contra varios de sus colaboradores. Según el constitucionalista, los sucesos de hoy explican las repentinas ausencias de tres personajes clave en las elecciones y tendrán “un efecto negativo para ellos. La ciudadanía se volcará a favor de Quiñonez y castigará a Roberto González, (Canela) por esta ruindad”. Otros analistas y una candidata del PU también compartieron con Perspectiva sus opiniones sobre el hecho.
Roxana Orantes Córdova
Los abogados Omar Barrios y Adrián Zapata, además de la candidata a diputada Tilly Bickford (PU), coinciden en que la acción se produjo en un momento inadecuado, puesto que “no se necesita ser muy inteligente” para deducir la intencionalidad política. Perspectiva intentó comunicarse con Matías Ponce, vocero de la CICIG y con el departamento de Comunicación del MP, pero no respondieron las llamadas.
Un comunicado que la CICIG envió a los medios informa que miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, con el acompañamiento de la CICIG, realizaron 16 allanamientos en instalaciones de la Municipalidad capitalina y en viviendas de personas investigadas por esas instancias. Como antecedente, entre 2017 y julio de 2018, se habían realizado 34 allanamientos que aportaron diferentes elementos de prueba a la investigación.
Según la CICIG, el PU “instrumentalizó a la Municipalidad de Guatemala, conformando un grupo que de forma organizada y sistemática”, habría realizado planes y estrategias partidistas utilizando fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) para sufragar actividades partidistas del PU y de la administración de Álvaro Arzú, “con el fin de perpetuarlos en el poder municipal”.
Un dato impreciso en el comunicado de prensa de la CICIG motiva que el lector realice dos lecturas del aparente error. En el comunicado se señala que Héctor Cifuentes es secretario general del PU, cuando es de dominio público que desde 2015 ese puesto es ocupado por Álvaro Arzú Escobar.
La primera y evidente conclusión apunta a un imperdonable descuido en un documento de esa naturaleza, divulgado por una institución que destina millones de dólares anuales a las remuneraciones de sus profesionales. La segunda, que pese a saber que el dato es falso, se informa a los medios, que podrían caer en el error de repetir la imprecisión e identificar a Cifuentes como secretario del PU, sumando desgaste político a la organización citada.
“Caja de Pandora” y su testigo estrella: una variable para recordar
Aunque el comunicado de hoy no lo menciona, la investigación actual deriva del caso “Caja de Pandora”, cuya figura clave fue la ex compañera de vida del capitán Byron Lima, Alejandra Reyes, “colaboradora eficaz” cuyas versiones fueron el puntal más visible de una investigación que, según la CICIG cuenta con todas las pruebas científicas y documentales necesarias para sostenerse.
Alejandra Reyes dejó de ser un personaje mediático y la estrella en el caso “Caja de Pandora”, luego de que Marvin Montiel “El Taquero”, divulgara varias fotografías que ilustraban la relación amorosa entre la viuda de Lima y el investigador de la CICIG Rogelio Ramírez Cartín, quien renunció inmediatamente.
El abogado y doctor en ciencias sociales, Adrián Zapata considera que “la prueba testimonial ayuda para orientar, pero una resolución judicial sobre la base de testimonios es débil, cuando no se suma a pruebas científicas, puesto que un testimonio siempre está permeado por la subjetividad”.
El penalista Omar Barrios recordó que como consecuencia de los testimonios en el caso Caja de Pandora hay una síndico presa hace por lo menos dos años “por la compra de unos pachones que costaron Q40 mil. La señora es madre soltera de dos hijas y permanece en prisión preventiva, mientras los implicados en el Transurbano, entre quienes están el ex presidente Álvaro Colom y Juan Alberto Fuentes Knigth, están libres bajo caución, en un caso que representó varios millones desviados del Estado”.
Tres funcionarios que abandonaron su puesto en un momento clave
A la ausencia del Fiscal de Delitos Electorales, Oscar Schaad, se sumó el permiso logrado por el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y poco después, la licencia al director del Registro de Ciudadanos del TSE, Leopoldo Guerra.
Estas ausencias no tienen precedentes en los 34 años de existencia del TSE, e inmediatamente motivaron una serie de especulaciones y comentarios sobre la opacidad del proceso. Aunque los tres justificaron sus súbitas retiradas aduciendo amenazas y problemas de salud, la imagen institucional quedó lesionada, han mencionado analistas.
Según afirma González Dubón, la captura de Héctor Cifuentes, secretario de la Municipalidad, y del doctor Luis Pedro Villanueva, vocal del Comité Técnico del FAPU y concejal IV de la comuna capitalina, son la explicación para “la huída de Schaad, las vacaciones de Sandoval y el permiso de Guerra. Todos sabían que se acercaba esta canallada y quisieron evadir su responsabilidad. Pero son responsables”.
Capturas: ¿una acción oportuna o un evidente oportunismo político?
Capturar a figuras relevantes del PU, que durante décadas ha ganado la alcaldía en el Distrito Metropolitano, y pedir el retiro de la inmunidad contra el candidato Ricardo Quiñonez, es una acción demasiado obvia como para no pensar que se trata de una poco hábil jugada política.
“Estoy sorprendida. El PU ha realizado una campaña transparente y esta es una evidente maniobra política contra personas intachables, como el doctor Pedro Villanueva, un médico ejemplar que al ser capturado, ha dejado de atender a varios de sus pacientes. Es una persecución política evidente. Es impresionante que luego de once años de investigar a la Muni, la CICIG y la FECI realicen estas acciones cerca de un día antes de las elecciones. Al mismo tiempo, se dejó libre el camino a la candidatura de Sandra Torres, contra quien sí hay muchas evidencias de corrupción. Aunque nos encarcelen a todos no van a lograr callarnos. Seguiremos luchando y no nos van a quitar a Guate”, dijo la candidata a diputada por el PU Tilly Bickford.
El mismo desconcierto por la temporalidad manifestó Barrios, quien afirma que desde 2015, se han realizado allanamientos, entrevistas e interrogatorios. “Visto como penalista, es muy injusto que no se calibre el daño que se realiza a la corporación municipal. Los ciudadanos están confundidos y desinformados. Esto no contribuye para nada”, comentó.
Además, también mencionó el caso de Sandra Torres, contra quien se pidió el retiro del antejuicio un día después de que fuera acreditada como candidata, mientras las acciones legales contra la corporación municipal y sus candidatos se producen horas antes del evento electoral.
“Quiero dejar claro que no estoy contra la investigación. Si existen pruebas, deben evaluarse. Pero me parece improcedente que se haya capturado a dos funcionarios ediles de larga trayectoria, quienes no tenían peligro de fuga y debieron ser citados, no capturados. Además, es ilógico que las acciones no se realizaran el lunes luego de las votaciones, para no perjudicar la pureza del evento electoral”, dijo Barrios.
Adrián Zapata también manifestó: “motiva duda si el hecho responde a los tiempos judiciales, si se trató de una casualidad que se realizara tan poco antes de la elección o si es una intencionalidad muy obvia. Habría que ser de muy buena fe para no plantearse que pueda ser una maniobra política”.
González Dubón concluyó: “esto es una patraña de “Canela” en contubernio con el MP. Montar este escándalo a escasas horas del evento electoral, dibuja de cuerpo entero a este fracasado político. La lástima es que se pasan llevando a dos personas honorables: Héctor Cifuentes, un profesional del Derecho muy correcto, que siempre estuvo cerca de Álvaro (Arzú); fue secretario general del PU y ministro de Trabajo durante su presidencia, y luego secretario general en la Municipalidad, y el doctor Pedro Villanueva, también una persona solvente y médico personal de Álvaro. Sinceramente, no se vale luchar con estas armas innobles, solamente por la desmedida ambición de apoderarse del gobierno municipal”.
Sin embargo, señaló que el hecho probablemente tenga un efecto boomerang y las votaciones del domingo serán de castigo a quienes habrían urdido este despropósito político disfrazado de hecho judicial.
