El convenio de cooperación entre la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), es percibido por algunos como un valioso instrumento para combatir los vicios electorales. Otro sector lo considera una franca injerencia, pero sobre todo, el inicio de una serie de maniobras de la CICIG para ubicar a su candidata en la Presidencia. Según el doctor José Luis González Dubón, el convenio es espurio, puesto que cualquier pacto de esta naturaleza debe ser firmado por el Presidente y aprobado por el Congreso de la República.
Redacción
El evento se perfilaba como uno de tantos en los que, luego de los discursos y firma, se realiza la “foto oficial” y se procede a la ronda de preguntas y respuestas. En su alocución, el comisionado Iván Velásquez recordó el informe de la CICIG sobre financiamiento electoral ilícito en el proceso electoral 2011, que esa comisión publicó en 2015.
Simultáneamente, representantes de Guatemala Inmortal y la Fundación contra el Terrorismo cantaban el himno nacional en las afueras del TSE. El nerviosismo de la mesa directiva ante esa acción fue evidente, pero la actividad se desarrolló tal como estaba planificada.
Después de que se firmó el convenio o carta de entendimiento institucional, inició la conferencia de prensa, interrumpida cuando el propietario de un canal televisivo intentó realizar una pregunta a Velásquez y fue interrumpido por los reporteros presentes, quienes argumentaron que el empresario “no es periodista”. Al escándalo se sumó la voz de una conocida “tuitera”, quien señalaba a los periodistas de “faferos”, mientras ellos la llamaban “corrupta”.
Los insultos subían de tono cuando representantes de Guatemala Inmortal y la Fundación contra el Terrorismo comenzaron a tocar la puerta, debido a que los agentes de seguridad no les permitían el ingreso. La puerta se abrió segundos después de que los agentes de Velásquez lo hubieran sacado por una puerta secundaria. Cuando los dos grupos civiles ingresaron al salón, también se dispersaron los funcionarios del TSE y los reporteros.
Un dato revelador y al mismo tiempo, simbólico, es que cuando salió el comisionado, alguno de los encargados de protocolo también retiró la bandera de la ONU, que solamente se expone en los actos promovidos por esa organización o donde la ONU participa activamente.
Las secuelas del convenio: acciones legales
Raúl Falla, uno de los que lideraba a los grupos que protestaron en el TSE, expresó su molestia porque se vedó el acceso de ciudadanos guatemaltecos al evento, lo cual es un derecho.
“Nos llevamos una sorpresa desagradable al saber que el TSE firmaría un convenio de asistencia con la CICIG. Esto parece implicar que dicha comisión tendrá injerencia en los comicios. Con este convenio se comienza a concretar el fraude electoral. Está claro que la intención es involucrarse en el proceso para apartar a los candidatos participantes que puedan dificultar la elección de su favorita: la licenciada Thelma Aldana”.
El entrevistado agrega: “estuve revisando el convenio y es ilegal. El acuerdo que estableció a la CICIG en Guatemala es claro en cuanto a que esa entidad debe asesorar al Ministerio Público en materia penal. La carta de entendimiento reciente, desnaturaliza el acuerdo marco que creó a la CICIG. Cooperar con el TSE no es su competencia. Por otra parte, el TSE no es una entidad con competencia como para firmar un convenio de cooperación con un ente internacional”:
Falla también informó que en breve, la Fundación Contra el Terrorismo presentará un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra el convenio firmado. Al mismo tiempo, Guatemala Inmortal pedirá antejuicio contra los cinco magistrados del TSE.
“El convenio es un aporte valioso”
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, afirma que el convenio se trata de un aporte valioso, puesto que permite que la instancia rectora de los procesos electorales cuente con mejores herramientas para garantizar la transparencia de los comicios.
Según Marroquín, estos cambios apenas comienzan, puesto que son derivados de las reformas a la normativa electoral y es importante que se construyan capacidades institucionales. “Es un mensaje fuerte para los competidores en el proceso, quienes ya saben que estarán bajo vigilancia”, señala.
Quienes se oponen a este instrumento son grupos defensores del status quo, señala. Sin embargo, agrega que se trata de una colaboración relevante puesto que contribuirá con la adopción de nuevas técnicas de investigación, lo que dotará al ente rector de los procesos electorales de nuevas capacidades.
Un convenio espurio
El doctor en derecho y constitucionalista José Luis González Dubón afirma que el acuerdo es espurio. En primer lugar, señala que la carta de entendimiento suscrita el 16 de agosto viola el artículo 41 de la Convención de Viena, donde se establece que: “Todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido”.
González señala que firmar un convenio de esta naturaleza está fuera de las facultades del TSE, que no es exactamente un tribunal ni un ministerio, sino una entidad administrativa.
Otra ley que resulta violentada por la referida carta de entendimiento, es el artículo 183, en su literal O, dice el jurista. Según este artículo, es atribución y facultad del Presidente: “Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución”.
Con lo anterior, el TSE habría cometido el delito de usurpar las atribuciones del Presidente, señala González, quien agrega que el hecho es “una nueva intromisión. Por ello, lo procedente sería que el mandatario reitere la declaración de non grato a este funcionario”, dice.
Según el comunicado de prensa de la CICIG: “Con la firma de dicho convenio de cooperación, la CICIG proporcionará apoyo a la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos y la Unidad Especializada de Control de los Medios de Comunicación y Estudios de Opinión ”.
Al respecto, González dijo a los medios: “Es inaudito que la CICIG quiera tener el control de los medios de comunicación ¿Para qué? ¿Qué pretende Iván Velásquez?
La suspensión de la conferencia por el ingreso de ciudadanos que manifestaban su inconformidad con el convenio, parece evidenciar cierta tendencia a la censura y coerción de la libertad de expresión. Si se llegara a instalar una dependencia encargada de “control” de medios, este podría ser el primer paso hacia un régimen de intolerancia, coincidieron en afirmar dos de los entrevistados.
