Por: Diana Herrera
Con mucho entusiasmo fue recibida la noticia de la incorporación de El Salvador en la Unión Aduanera, lo que permitirá mayor competitividad en la región del Triangulo Norte.
Sin embargo, aún faltan muchos detalles aduaneros que se están negociando, y entre estos el tema de organismos vivos genéticamente modificados, especialmente abordaremos la biotecnología aplicada a semillas.
Los adelantos en la biotecnología han permitido reducir el impacto de las malezas, así como las pérdidas provocadas por plagas de insectos, reduciendo costos y aumentando los niveles de producción. También se están desarrollando cultivos con tolerancia a condiciones climáticas adversas, sujetos al escenario complejo del cambio climático que afronta la región centroamericana catalogados como uno de la región de alto riesgo.
Adicionalmente, la biotecnología permite habilitar zonas de producción que antes eran marginales, logrando también mayor aprovechamiento de terrenos limitados, así como prolongar la vida de los productos en los anaqueles en los supermercados hasta ser llevados a la mesa.
Hay quienes ven en ellos la solución a los problemas de la alimentación mundial en un futuro cercano, en tanto otros, los perciben como una amenaza a la salud, a la biodiversidad o a sus intereses económicos. Sin embargo, limitándonos al aspecto técnico, actualmente la homologación aduanera entre estos dos países surge nuevamente el debate sobre organismos genéticamente modificados, en especial relacionado al maíz.
Recordemos que Honduras tiene maíz transgénico que es producido bajo un marco regulatorio existente, en cambio Guatemala no tiene un marco regulatorio vigente para la producción o comercialización del maíz transgénico. Es decir, sí se llegará a comercializar el maíz transgénico de características únicas climáticas de Honduras en nuestro país, estaríamos escalando el problema al ámbito legal sobre protección de derecho de autor, patentes y otros temas legales.
Estos detalles y otros relacionados son importantes a la hora del proceso de negociación y posterior a la aprobación del Protocolo de Bioseguridad, que según han anunciado públicamente se está trabajando. El Protocolo debería contener cómo mínimo la capacidad de exigir una legislación interna en este caso según entiendo Honduras sí lo tiene a diferencia de Guatemala; en otras palabras, un protocolo que genere compromisos para desarrollar un marco jurídico de aplicación biotecnológico incluyendo la evaluación de riesgos de adaptación, determinar el nivel de protección deseado y contar con instituciones y recurso humano especializado preparado.
Sin embargo, preocupa las diferentes visiones frente a los productos transgénicos, para Estados Unidos sólo puede ser tema de regulación el producto final y no el proceso productivo; en cambio, para la Unión Europea tanto el producto final como el proceso productivo están sujetos a regulación.
La tendencia a regular el proceso productivo genera polémica, pues esta norma es tema de discusión en la Organización Mundial del Comercio.
