La Ley General de Electricidad, celebra 25 años de vigencia, como un instrumento clave para la industria eléctrica y la población en Guatemala.
Redacción Perspectiva
Es importante recordar que, a inicios de 1990, Guatemala comenzó a experimentar la escasez de un insumo indispensable para su población y sus actividades productivas: la energía eléctrica.
El déficit de generación para satisfacer la demanda de electricidad forzó por aquellos días a la interrupción del suministro en determinados horarios. Especialmente, en determinadas áreas de servicio, períodos que se prolongaban a varias horas por día, con cierta frecuencia.
Además de la falta de inversión en la generación, no se contaba con los recursos necesarios para ampliar la capacidad del sistema de transmisión y dotarlo de robustez para afrontar contingencias y asegurar la continuidad de suministro.
Solucionar una dificultad de alcance nacional de tales dimensiones económicas requería, en la misma proporción, de soluciones que solo podían fundarse en el diseño de nuevas reglas del juego. Lo que implicaba una restructuración, nuevos actores, un mercado de electricidad.
Ley General de Electricidad
Es así que, el 16 de octubre de 1996, el Legislativo decretó la Ley General de Electricidad. Con la cual, se estableció las nuevas condiciones para el mercado eléctrico. Hoy, 25 años después de la aplicación de dicha ley, se pueden analizar los cambios que provocó a partir de su vigencia.
Se registra un significativo aumento en la electrificación que pasó de poco más del 58% de la población en 1995 a cerca del 90% en 2021. De dos actores entera o mayoritariamente públicos a inicios de la década de los 90. Se tienen en la actualidad 13 prestadores del servicio de transmisión, 3 de distribución, 63 de generación, 26 de comercialización y casi 1300 Grandes Usuarios.
De 810.9 MW instalados hacia 1990 (CEPAL, 2013), Guatemala tiene en la actualidad una capacidad instalada de más de 3,400 MW, con producciones que superan los 11,100 GWh producidos y 10,600 GWh consumidos, anualmente, en el país.
Exportación de energía eléctrica
Y como evidencia del éxito en la atracción de inversiones, la generación ya no solo queda limitada al consumo interno, sino que permite la exportación a la región en el orden de los 1,000 GWh anuales (2020).
El precio promedio del MWh a nivel mayorista, expresado en US$ disminuyó de 57.33 en el año 2000 a 41.15 en el año 2020; valor que, si se expresa en dólares corrientes del año 2000, equivaldría a US$ 18.54 en 2020.
Es importante reconocer que los propósitos de aumentar la producción, transmisión y distribución de energía para satisfacer las necesidades sociales y productivas de los habitantes de la República, como se los trazó la Ley General de Electricidad, están siendo cumplidos y han sido sobrepasados. Lo cual permite a la industria eléctrica del presente, bajo la continuidad y estabilidad de sus disposiciones, constituye un activo de su población para una actividad esencial, así como un atractivo tangible para la inversión en Guatemala.
25 años de progreso
Los últimos 25 años en la industria eléctrica en Guatemala están marcados por la aplicación de la Ley General de Electricidad cuyos efectos y virtudes son palpables, más allá de tener en cuenta que los retos existen y son propios de todo sector económico, gracias a la aplicación que de ella ha hecho tanto el sector público como el sector privado.
Además, en 25 años, se ha logrado cumplir con los objetivos de la Ley:
- La oferta es alrededor del doble de los requerimientos de la demanda nacional.
- Se han resuelto los principales problemas de transmisión.
- Dotado de mayor robustez.
- Construido los refuerzos nacionales para permitir el abastecimiento de la demanda.
- Se ha logrado suficiencia de capacidad.
- Participación en inversiones.
- Optimización del crecimiento, sin que ello tenga impacto en los costos de la electricidad.
- Se mantiene la certeza que toda inversión requiere.
- Creado una institucionalidad que también contribuye a fomentar la confianza para invertir.
- Mayor eficiencia.
- Se mantiene la competencia en segmentos de la industria que propician la eficiencia.
- Reducción de precios a nivel mayorista, que permiten disponer de precios competitivos.
- Asegurado el abastecimiento de la demanda.
