Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) revisará los casos de Roberto Arzú y José Armando Ubico Aguilar, quienes ya están inscritos como candidatos a la presidencia, para determinar si cumplen o no con el requisito de idoneidad, honorabilidad y capacidad contenidas en el artículo 113 constitucional.
Arzú, candidato presidencial del Partido de Avanzada Nacional (PAN)-Podemos, tiene una orden de captura en Miami por una supuesta deuda con el consultor político Juan José Rendón, quien reclama US$6.1 millones, el pasado 4 de abril fue citado a comparecer ante el tribunal pero Arzú no asistió, motivo por el cual la jueza hizo la petición de detenerlo.
Por otro lado, el diputado Ubico Aguilar, inscrito para la reelección por el partido Todos, figura en una lista de siete guatemaltecos implicados en corrupción y narcotráfico elaborado por los departamentos de Defensa y de Estado de Estados Unidos.
Dicha lista especifica que Ubico Aguilar “es un diputado que fue condenado a 46 meses de prisión en 2003 en Estados Unidos por tráfico de heroína y que después de su liberación anticipada en libertad condicional en el 2005 y posterior deportación, Ubico fue elegido en el 2015 para integrar el Congreso”.
En el caso de Norma Quixtán y el comité cívico Organización Ciudadana de Acción Social (OCAS) no participarán en el proceso de elecciones 2019 debido a que el TSE rechazó el recurso de nulidad que presentaron en contra de la resolución de la delegación departamental del Registro de Ciudadanos (RC) que rechazó el expediente de inscripción.
El TSE decidió no inscribir al comité ya que en el acta que dio vida a la agrupación no incluyeron el nombre del vocal 11 y del suplente 3.
En el comunicado que emitió la organización subrayó varias irregularidades que a su criterio cometieron la delegada del del RC en Quetzaltenango, y el personal de Organizaciones Políticas del TSE.
