Ayer, la Sala Tercera de Apelaciones resolvió mantener en prisión preventiva a Jose Rubén Zamora, lo que desató una serie de reacciones a favor y en contra. Raúl Falla, como representante del querellante adhesivo FCT, explica los fundamentos jurídicos que motivaron esta resolución. Al mismo tiempo, el Comité Para la Protección de Periodistas insiste en que Zamora es víctima de persecución política.
Roxana Orantes Córdova
Prisión preventiva es una medida que los jueces piden cuando se considera que existe peligro de fuga por desarraigo en el país o riesgo de obstaculización a la justicia, por los vínculos que el procesado pueda tener con testigos o pruebas (cuentas bancarias, documentos etc), informa Raúl Falla.
La resolución de la Sala Tercera de Apelaciones refrendó que Zamora y la ex fiscal de la FECI Samari Gómez, quien estuvo a cargo del caso Arca (BANTRAB), deben permanecer en prisión preventiva, tal como había ordenado el juez a cargo del proceso.
Prisión preventiva motiva polémica
Natalie Southwick, coordinadora de Latinoamérica y el Caribe del Programa de Protección de Periodistas, afirmó en sus redes que la decisión del tribunal evidencia que a las autoridades les importa más castigar al periodista que mantener cualquier apariencia de justicia.
Además, se pronunció a favor del periodista el Secretario de Derechos Humanos del partido mexicano MORENA, Carlos Figueroa Ibarra, sociólogo de origen guatemalteco y quien recientemente mostró su consternación contra el presunto atentado sufrido por la vicepresidente Cristina Kirchner en Argentina.
Según Figueroa, en Guatemala apresan a los izquierdistas y no conformes con ello, también «ser decente» es motivo de encarcelamiento. A Zamora lo habrían encarcelado por su decencia, indica el activista político de MORENA.
Entretanto, el presidente de la FCT, Ricardo Méndez Ruiz, publicó en sus redes:
«A Zamora la izquierda trata de hacerlo ver como una especie de Nelson Mandela a la Tor Trix, cuando en verdad es un vulgar lavador de dinero y extorsionista, y no un preso político».
Garantías sui generis habrían dificultado medida sustitutiva
Cada ciudadano que es encarcelado debe tener derecho a medidas sustitutivas, indica Falla, quien agrega que esto se exceptúa cuando se dan las condiciones mencionadas por el tribunal de Apelaciones: riesgo de fuga y de obstrucción a la justicia.
La defensa de Zamora y Gómez no logró demostrar la inexistencia de ambos riesgos, añade el abogado, quien cuenta que el abogado de Gómez, probablemente por ser «un costarricense impuesto por la CICIG, contraviniendo las normativas guatemaltecas», propuso que el padre de la ex fiscal podría ser garante de que ella no se diera a la fuga.
Para Falla, esto resulta absurdo, ya que la ex fiscal no está bajo la tutela paterna ni es menor de edad. En cuanto a las garantías presentadas por Zamora, fueron una fotocopia de un recibo de luz eléctrica, cartas de las fundaciones Mirna Mack, Rigoberta Menchú y UDEFEGUA, además de algunas referencias firmadas por empresarios que pautaron en elPeriódico.
«En el caso de Zamora, el juez estableció que no hay arraigo, pese al recibo de luz presentado, porque la mayor parte de su familia reside en EE.UU. y él mismo, pasa gran parte del tiempo en una casa de Miami que le costó US$750 mil y compró en efectivo. Samari Gómez, si bien tiene arraigo, podría obstaculizar la justicia, ya que tiene mucha información sobre el BANTRAB, al igual que Zamora, quien podría influenciar a testigos y tener acceso a documentación relacionada con el caso. Esto también puede aplicarse a la gerente de elPeriódico, quien conocía información de las cuentas bancarias, como las claves y otros», indica el abogado.
