Pagar gradualmente la deuda del Estado y llegar a un Presupuesto General de la Nación (PGN) equilibrado, en el cual los gastos no superen a los ingresos, es una de las propuestas del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), de la Universidad Francisco Marroquín.
Equipo editorial Perspectiva
La recaudación fiscal es la principal fuente de ingresos del Gobierno, afirmó Edgar Ortiz, del CEES, en la presentación del análisis sobre el comportamiento del PGN en el período 2012-17 y del proyecto de presupuesto para 2018, que asciende a unos Q84,596 millones.
Esta entrada de dinero al Estado se incrementa a una tasa del 6 por ciento anual, señala el informe del CEES. El 78.1 por ciento de los ingresos de la nación provienen de los tributos. Sin embargo, existe una brecha entre lo que el Estado proyecta recaudar y la recaudación real.
En promedio, indica el informe del CEES, se percibe únicamente el 92 por ciento de los ingresos estimados cuando se proyecta el PGN. Con base en estos ingresos se distribuye la proyección del gasto público.
Entre 2016 y 2017 pareciera que esta brecha fue superada. Sin embargo, el incremento en la recaudación fiscal se debió a cobros judiciales, especialmente los Q 789.2 millones que Aceros de Guatemala pagó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en 2016.
“Este fue un ingreso extraordinario y el gobierno podría terminar devolviéndolo”, señaló Ortiz. Es decir, la brecha fiscal no se habría reducido y menos desaparecido, como plantean los datos oficiales.
Junto con la brecha fiscal, el endeudamiento a través de la emisión de bonos convierte al Estado en un eterno deudor que termina destinando parte de su presupuesto a pagar los intereses de la deuda. Entre 2012 y la fecha, el país se endeudó en más de Q. 33,000 millones, con una tasa de interés de 6 por ciento anual. La composición de la deuda en promedio es de 70 por ciento de bonos y 30 por ciento de préstamos externos. La firma Standard & Poor´s señaló que la deuda de Guatemala pasó de una perspectiva estable a una negativa.
Una característica recurrente, es que los ingresos de cada ejercicio fiscal son menores a las estimaciones, al igual que los préstamos y donaciones. “Llama la atención el hecho que, pese a no percibir los montos estimados en concepto de préstamos y donaciones, el presupuesto de ingresos se ha incrementado con cargos a esta fuente de financiamiento”, indica el documento del CEES.
¿Cómo y en qué se gasta el PGN?
La ejecución presupuestaria es otro de los aspectos que se mencionó en la presentación del informe. Actualmente, la ejecución se encuentra alrededor del 91.8 por ciento. Y la mayor parte de esa ejecución, un 33.7 por ciento, dice el CEES, corresponde al rubro Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que traslada recursos del gobierno central a entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas.
En 2017, el rubro ascendió a Q26,019.0 millones, divididos en cinco subprogramas que se desglosaron de la siguiente forma: Instituciones Estatales con Q11,701.6 millones; Municipalidades con Q6,788.9 millones; Consejos Departamentales de Desarrollo con Q2,159.8 millones; Clases Pasivas Civiles del Estado con Q4,855.2 millones y otras obligaciones del Estado con Q513.5 millones. (Separata del PGN aprobado en 2017, Ministerio de Finanzas Públicas).
Los gastos de funcionamiento acaparan la mayor parte del presupuesto. Es decir, el grueso del erario nacional, cerca de un 67 por ciento, se destina a pagar los salarios de una masa de empleados públicos de la cual, paradójicamente, no se tiene certeza del número, puesto que no existe un censo de los trabajadores del Estado, mientras la inversión pública ha caído desde 2015 hasta llegar a un aproximado del 19 por ciento.
La distribución del gasto es otro aspecto que merece observarse con atención. De los ministerios, el que tiene mayor asignación es el de Educación, con un 18.1 por ciento. De este porcentaje, el 89 por ciento corresponde a pagos de salarios. Este rubro, señaló Ortiz, se ha incrementado ostensiblemente debido a los pactos colectivos firmados por los sindicatos con diferentes administraciones.
Para paliar una deuda que crece cada año, el Estado se vuelve a endeudar, tal como cualquier persona que administra su dinero de forma irreal. De los ingresos por Bonos del Tesoro, un 14 por ciento se destina a funcionamiento, un 28 por ciento a inversión y el 58 por ciento es para deuda.
Las conclusiones del CEES son:
- Las estimaciones de ingresos muestran una sobrevaloración, que repercute en el incremento del presupuesto de egresos sin recursos para sostener los gastos programados;
- La estrategia de financiamiento refleja que la adquisición de la deuda es 70 por ciento bonos del tesoro y 30 por ciento préstamos externos, lo que implica obtener recursos más caros;
- Los principales rubros de gastos corresponden a: pago de servicios personales (29.3 por ciento); transferencias a terceros 36 por ciento, transferencias de capital 14.5 por ciento y pagos de deuda pública, 15.1 por ciento;
- En los recursos provenientes de ingresos tributarios se refleja rigidez presupuestaria superior al 92 por ciento, lo que limita el margen de acción del gobierno;
- Debe analizarse el financiamiento de gastos con bonos del tesoro, especialmente porque existe una ley que lo prohíbe;
- El Proyecto de Presupuesto de 2018 refleja la continuidad en la metodología de asignación. Esto evidencia que no se considera el comportamiento de los ingresos y los gastos.
Y las recomendaciones de este centro de estudios económicos fundado en 1958 son:
- Readecuar las estimaciones de ingresos, de acuerdo con su comportamiento histórico;
- Limitar la posibilidad de que se amplíe el techo presupuestario, especialmente en los recursos que muestran claras tendencias a la baja;
- Promover una revisión de impuestos que presentan destino específico, con el fin de permitir más flexibilidad presupuestaria.
