Durante la audiencia de primera declaración en el caso del «Edificio Fantasma» o edificio de la corrupción, la ex directora jurídica del Ministerio Público, Diana Benavides realizó una declaración que motivó varias reacciones, entre estas la de la fiscal Consuelo Porras.
Roxana Orantes Córdova
Diana Odette Benavides Lázaro, señalada por el Ministerio Público (MP), por incumplimiento de deberes y fraude, en el caso de la compraventa de un edificio sobrevalorado, declaró hoy ante el MP y sus palabras «agitaron las aguas».
La abogada laboró durante nueve años en el MP. De estos, el último año fue jefe del departamento jurídico, cargo que ejerció entre septiembre de 2017 y octubre de 2018, cuando según afirmó hoy ante el tribunal, habría sido intimidada por personal afín a Consuelo Porras para renunciar o prestarse a un manejo poco claro, según sus palabras en la audiencia y en un comunicado que divulgó el 15 de octubre de 2018.
Recientemente, el MP dio a conocer que había solicitado orden de captura para Thelma Aldana y algunas de sus funcionarias afines. Benavides fue señalada por el fiscal de Asuntos Internos, Marlon Pacheco, por incumplimiento de deberes y fraude.
Pacheco también afirmó a los medios que Benavides habría asumido el puesto a finales de julio de 2017, debido a que «la fiscal general de ese entonces mueve a la jefe del departamento jurídico (quien no accedió a dictaminar a favor de la compraventa), y la nueva jefe emitió un dictamen favorable, donde se asegura que se cumplieron los requisitos en esa negociación».
Citada por ese tema que aparentemente la implica, Benavides defendió la compraventa, asegurando:
«entre los activos del MP se encuentra un edificio. No existe ninguna defraudación preliminar».
Evidentemente, el edificio existe, aunque los querellantes del caso han insistido en que se trata de un inmueble sin condiciones para ser habitado. Desocupado desde su adquisición, debido a que el MP no puede hacer uso de él por sus innumerables deficiencias, resulta ser una compra inútil, además de onerosa, insisten los querellantes.
Sobre la sociedad anónima que vendió el edificio al MP, llamada Bertran SA y cuyo representante era un veinteañero actualmente prófugo, la ex funcionaria dijo: «la entidad sí existe, y está inscrita en el Registro Mercantil». Luego de esas dos afirmaciones vinculadas con el tema por la cual la citaron, Benavides narró una serie de inconvenientes que ha sufrido a raíz de su renuncia al MP.
Entre estos, mencionó que se siente amenazada, incluso por su comadre (madrina de su hijo), quien es asesora de bancada del partido oficial y le pidió que declarara contra Thelma Aldana. También reiteró los señalamientos expresados en su comunicado del año pasado, y mencionó que ha realizado denuncias penales y ante diferentes instancias.
Consuelo Porras, en una conferencia de prensa poco después de que los medios dieran cobertura a Benavides, afirmó que los señalamientos de la ex jefe jurídica son un asunto que «se está dando a lo interno y en el marco de un proceso que se está ventilando». Y agregó:
«Cualquier ciudadano puede decirlo, pero serán los tribunales los que decidan. En los temas penales, el MP tiene que inscribirse a los hechos. No podemos irnos por la periferia para tratar de desvirtuar una sindicación».
