El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, informó que ha presentado una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra el Presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León, y la Vicepresidenta, Karin Larissa Herrera Aguilar.
Redacción Perspectiva
Según se dio a conocer, la acción legal busca que se declare la formación de causa para permitir la investigación de ambos funcionarios por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes.
La solicitud del MP se basa en la crisis penitenciaria ocurrida el 12 de octubre en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II. El hecho derivó en la revelación de la fuga de 20 reos, todos presuntos pandilleros del Barrio 18 de alta peligrosidad.
El Sistema Penitenciario confirmó en su momento que la evasión fue planificada y que habría contado con colaboración interna y externa. Tras la fuga, se han desplegado operativos de búsqueda a nivel nacional, además derivó en la renuncia de la cúpula de la cartera del interior.
En este contexto, la investigación del MP buscaría determinar el grado de responsabilidad o las omisiones de deberes de la Presidencia y Vicepresidencia en la prevención y manejo de esta crisis de seguridad.
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🚨 MP presenta solicitud de retiro de antejuicio contra el presidente y vicepresidenta
La Fiscalía de Delitos Administrativos presentó una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra el Presidente de la República, César… pic.twitter.com/IhbZCyBSNb
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 29, 2025
Postura de Presidencia: «Otro intento ridículo por parte del MP»
En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, la Presidencia de la República emitió una respuesta a la acción legal, calificándola como un ataque político.
«Otro intento ridículo por parte del MP. Como es costumbre, enfoca sus prioridades en burdos ataques políticos contra el Ejecutivo dejando a un lado investigaciones serias de delitos contra la vida, extorsiones y de corrupción”.
Cabe mencionar que la figura del antejuicio es un mecanismo legal que protege a altos funcionarios, impidiendo que sean investigados penalmente sin una autorización previa, la cual debe ser otorgada por un tribunal competente.
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