A una semana de haberse iniciado las protestas en contra de la Fiscal General, María Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público (MP) y Fiscal General de la Nación, el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y otros operadores de justicia, la funcionaria expuso a través de un mensaje, su postura ante las manifestaciones, en donde insistió en varias ocasiones en la vulneración de los derechos y rechazó los bloqueos asegurando que, “las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito”, dijo.
Redacción Perspectiva
La Fiscal General llamó a las autoridades a cumplir con el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC), al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), en donde ordena a las autoridades a despejar los bloqueos de carreteras en el país.
La jefa del MP dijo en el mensaje que expresaba su desacuerdo y desagrado por el sufrimiento de las familias que están siendo víctimas de la violación de sus derechos y en muchos casos exponiendo su integridad física y su vida, por no poder llevar el sustento diario a sus hogares, como consecuencia de los bloqueos que se han realizado en los últimos días.
Además, reconoció el derecho a manifestar, pero aseguró que, “un grupo de guatemaltecos” se aprovechan de este beneficio constitucional para generar bloqueos, saqueos, cierres obligatorios con amenaza a los comerciales, así como la obstrucción de varias sedes del MP y a varios juzgados.
“Como Fiscal General, estoy obligada a investigar todos los hechos denunciados y debo garantizar el estricto cumplimiento de los preceptos de la Constitución Política de la República, de las leyes del país y las convenciones de derechos humanos”, dijo Porras.
Señaló que no hace discriminación en la investigación y persecución penal de ninguna persona, de ningún sector o nacionalidad, independientemente de los momentos nacionales.
Agregó que la CC, resolvió en dos acciones de amparo en donde ordena que se garanticen los derechos humanos de la vida, la salud e instruyó a los funcionarios a cargo de las distintas instituciones encargadas de velar por dichos derechos, que actuaran de manera inmediata para resolver los agravios.
“Desafortunadamente, hasta el momento no se ha visto el cumplimiento de dichas resoluciones, razón por la cual, el MP, ya accionó legalmente, ante el incumplimiento ordenado por el alto tribunal constitucional”, aseveró.
Además, señaló que por dicho rechazo han presentado la debida ejecución y se presentará cualquier otra acción legal que sea necesaria. “No podemos continuar esperando que la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de todos los guatemaltecos, se apliquen discrecionalmente”, por lo que llamó a las autoridades a asumir su responsabilidad con el cumplimiento de la ley.
También, hizo un llamado al Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación para garantizar el Estado de Derecho en el país, a fin de que no se sufra una confrontación violenta entre los guatemaltecos por temas políticos e ideológicos y que cumplan con lo ordenado por la CC.
En esa línea, pidió a las autoridades electas a reflexionar, que para lograr la unidad nacional, hay que emprender acciones, respetando la ley.
Al pueblo de Guatemala, pidió sumar esfuerzos para consolidar la armonía y la paz social, como principios y valores, así como anteponer la hermandad, solidaridad y respeto a los derechos humanos.
¿QUÉ RESOLVIÓ LA CC?
La CC resolvió el expediente 5697-2023 en el que el Cacif había interpuesto una acción de amparo para que se garantizaran varios derechos de la población ante el anuncio de manifestaciones y bloqueos el pasado 19 de septiembre por parte de Codeca.
Las autoridades denunciadas eran el presidente de la República -Alejandro Giammattei-, el ministro de Gobernación, -David Napoleón Barrientos- y el director de la Policía Nacional Civil (PNC) – Edwin Manfredo Ardiano López-.
El sector empresarial accionó en su momento, ante la amenaza de que las autoridades impugnadas no fueran a garantizar los derechos constitucionales de protección de la persona (habitantes de la República), libertad de acción, libertad de industria, comercio y trabajo, y mantenimiento del orden público y por ende hubiera una violación directa y específica de esos.
¿QUÉ HAN DICHO LAS AUTORIDADES IMPUGNADAS?
Ayer, el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, envió un mensaje a la población para informar que desde la cartera que dirige se trabaja por el mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes, así como la garantía de sus derechos.
“El Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Policía Nacional Civil (PNC), con instrucciones del Presidente Constitucional de la República, continúan privilegiando el diálogo, la meditación y el respeto de los derechos humanos”, informó el funcionario.
Además, destacó que el Organismo Ejecutivo y sus dependencias son garantes de los derechos de todos los guatemaltecos, y se han ejecutado acciones orientadas a la protección de las personas, por medio de los diferentes protocolos de actuación policial.
Finalmente, hizo un llamado a los líderes que han motivado las manifestaciones, para que guíen a sus seguidores hacia el respeto de la ley, a la búsqueda del bien común y reconocimiento de la dignidad de las personas, para el logro de la convivencia pacífica.
 y Fiscal General de la Nación, el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y otros operadores de justicia, la funcionaria expuso a través de un mensaje, su postura ante las manifestaciones, en donde insistió en varias ocasiones en la vulneración de los derechos y rechazó los bloqueos asegurando que, “las manifestaciones pacíficas son un derecho, los bloqueos son un delito”, dijo.){kind=link}