Dos Organizaciones no Gubernamentales con sede en Estados Unidos: WOLA y Human Human Rights Watch, cuestionaron el proceso electoral guatemalteco, argumentando que las autoridades niegan el derecho a participar a un «partido de izquierda y otro de derecha».
Redacción Perspectiva
Según las ONG´s mencionadas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), impide la participación de candidatos en la elección presidencial 2023, basado en «fundamentos dudosos, pone en riesgo derechos políticos y menoscaba la calidad del proceso electoral».
Para WOLA y Human Rights Watch, el TSE vetó a Thelma Cabrera, «líder indígena de izquierda» y a Roberto Arzú, «candidato de derecha», sin ningún fundamento.
Pese al prestigio que estas dos ONG´s han acumulado, especialmente en círculos de izquierda a nivel regional, sorprende que en el comunicado no se mencione el fundamento del TSE para negar la inscripción de Arzú, señalado de propaganda anticipada, lo que según la normativa electoral vigente, es un delito.
En cuanto a Cabrera y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), cabe mencionar que el impedimento no lleva el nombre de la líder indígena, sino el de su vicepresidenciable, Jordán Rodas, a quien el TSE no llegó a acreditar porque carece del finiquito que entrega la Contraloría General de Cuentas.
Este llamado finiquito es una constancia transitoria de que se carece de reparos o denuncias y justamente, Rodas fue denunciado por el nuevo Procurador de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova, quien dejó claro que si no realizaba la denuncia, caería en el delito de omisión de denuncia.
Rodas fue señalado ya que existen serios cuestionamientos sobre el destino de fondos de la PDH, denunciados por sindicalistas de esa institución ante el Congreso (el PDH es comisionado del Congreso).
Thelma Cabrera no tiene ningún impedimento y su candidatura se resolvería inmediatamente, de presentar otro vicepresidenciable. Sin embargo, está claro el aval que el MLP y Rodas tienen de la cooperación extranjera, que según algunos analistas, estaría intentando menoscabar el proceso electoral.
Este es el marco del reclamo de las dos ONG´s, que mencionan que en Guatemala existe un deterioro del Estado de derecho y las instituciones que supervisan las elecciones «tienen escasa independencia y credibilidad».
