Benjamín Pérez se gana la vida limpiando viviendas en Miami. Trabaja sin permiso legal, al igual que miles de otros inmigrantes que desempeñan un papel crucial en la economía de Florida. Sin embargo, el futuro de todos ellos está en peligro debido a la reciente y estricta ley antiinmigración aprobada.
Redacción Perspectiva
Esta iniciativa impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis tiene como objetivo, entre otras cosas, impedir la contratación de personas indocumentadas. A partir del 1 de julio, las empresas con más de 25 empleados deberán verificar el estatus legal de las personas a las que deseen contratar a través de E-Verify, la base de datos federal. Ignorar esta obligación y contratar a un extranjero en situación irregular conllevará multas significativas.
Benjamín Pérez, de 40 años, ha vivido y trabajado en Estados Unidos durante dos décadas, pero teme no poder continuar haciéndolo. Al igual que muchos otros, dejó su país natal, México, en busca de mejores oportunidades económicas. Anteriormente era albañil, pero tuvo que cambiar de sector debido a una lesión. Ahora reside en un apartamento en el centro de Miami con su esposa nicaragüense y un sobrino de ella, Joel Altamirano. Los tres trabajan, pero ninguno tiene permiso legal para hacerlo.
«Para aquellos de nosotros que llegamos sin ningún documento, excepto las ganas de trabajar, se nos dificulta cada vez más encontrar empleo», lamenta Pérez, quien prefiere usar un seudónimo por temor a los servicios de inmigración. «El sueño americano no es más que eso, un sueño», agrega. «El gobierno nos acorrala cada día más. Esta vez, el trato es despiadado. Prácticamente ya no tenemos ningún valor».
Las consecuencias de la ley antiinmigración en Florida son devastadoras. Según una estimación del laboratorio de ideas Migration Policy Institute, entre los 22.2 millones de habitantes del estado, viven alrededor de 772,000 migrantes indocumentados.
Muchos de ellos trabajan en sectores esenciales para la economía estatal, como la agricultura, la construcción y la hostelería. Impedir que continúen trabajando tendrá graves consecuencias económicas, advierte Samuel Vilchez, director para Florida de la American Business Immigration Coalition, una asociación empresarial que aboga por una mejor integración de los migrantes en la economía.
«Esto afecta a nuestras empresas y les impide crear nuevos empleos, generar ingresos y brindar los servicios que desean ofrecer», advierte Vilchez. «Va en contra de lo que sabemos que es beneficioso para la economía y tendrá efectos devastadores en Florida».
Según la ONG Florida Policy Institute, la nueva ley podría ocasionar pérdidas anuales de 12,600 millones de dólares para la economía del estado al reducir la fuerza laboral, los gastos de los migrantes indocumentados y los impuestos que pagan.
Aunque la ley aún no ha entrado en vigor y no obliga a denunciar la presencia de extranjeros en situación irregular, la incertidumbre generada por el cambio legal ya está teniendo consecuencias en los lugares de trabajo.
«En la compañía donde yo trabajo muchas personas se han ido, se han movido de estado. Hay mucho temor por la ley», dice Altamirano (otro seudónimo), un obrero de la construcción de 38 años.
DeSantis impulsa una agenda ultraconservadora de cara a su candidatura presidencial
El gobernador DeSantis, que parece listo para desafiar al expresidente Donald Trump en las primarias republicanas de 2024, se ha convertido en una figura de la derecha estadounidense por impulsar una agenda muy conservadora en asuntos como la educación, el aborto o la inmigración ilegal.
La semana pasada, acusó al gobierno del demócrata Joe Biden de desatender la frontera sur de Estados Unidos y defendió la nueva ley como una medida necesaria para reducir la delincuencia y el narcotráfico vinculados, según él, a la llegada de migrantes indocumentados.
