Mario Mérida
Comunicador, escritor y docente universitario
A los comentarios relacionados con el sector justicia y particularmente con la designación del sustituto (a) de la actual Fiscal General, se han agregado otros actores importantes conocedores del tema, otros se han alineado en una causa que consideran justa. La semana pasada se conoció una opinión respetable con respecto al relevo en el Ministerio Público de parte de la exmagistrada y jueza Yolanda Pérez:
“Seguiremos teniendo fiscales generales fallidos, por decirlo de alguna forma, magistrados que no responden a su compromiso con el país, sino con las personas que los han ayudado, nombrado o apoyado en sus campañas” (elPeriodico. 11/02/2022).
Los primeros interesados en tener control sobre el Ministerio Público y los responsables de impartir justicia, proceden del crimen organizado, luego siguen los evasores de impuestos y otras actividades ilícitas. Por último, están quienes utilizan la justicia como medio para lograr sus intereses políticos o para asegurar fallos a su favor de fiscales y jueces amigos.
Convendría que la justicia fuese imparcial e independiente de sectores, grupos y personas particulares, que pretenden cooptarla, para su beneficio particular o colocarla al servicio de intereses foráneos por premios o reconocimientos.
Es tan vil el sistema, que es necesario buscar respaldo público, formar asociaciones pro-justicia o tocar las puertas de la comunidad internacional, para buscar una justicia pronta, como ha sucedido en nuestro país en los últimos años.
En la actualidad se discute públicamente la inocencia de algunos exfuncionarios del sistema de justicia. Algunos de los señalados han logrado cierto respaldo público por sus calidades, otros lo solicitan y lo obtienen, cuando no se refugian en otros países. Uno de ellos es el licenciado Francisco Sandoval, entrevistado por Emisoras Unidas (10/02/2022-11 am), que hizo alusión a la importancia del apoyo de organizaciones nacionales y extranjeras. Sin embargo, otros prefieren quedarse como es el caso del juez Pablo Xitumul, a quien recientemente se conoció públicamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por una denuncia presentada en su contra por un policía nacional. También fue entrevistado por Emisoras Unidas, acerca de la necesidad de abandonar el país, a lo cual respondió que le fue ofrecida esa opción, pero prefirió quedarse para aclarar su situación.
La vigorosa y coordinada defensa mediática por parte de funcionarios, diplomáticos en medios de comunicación de jueces y fiscales, señalados de saltarse la ley, quizás con buena intención o creyéndoles anticipadamente inocentes, provoca un daño inapreciable al raquítico sistema de justicia.
Pero, ¿Qué sucede con los inocentes sin capacidad económica o influencia política, para impulsar una movilización mediática o lograr refugio en el extranjero? … simple: el juez (a) los envía a prisión preventiva o provisional, en donde algunos fallecen sin que se haya demostrado su culpabilidad.
Insisto: a los pocos guatemaltecos preocupados por la eficiencia y probidad de quienes administran los organismos de Estado, sus instituciones y dependencias, les preocupa lo que sucede y lo que ocurra en el futuro. En esta ocasión queda bajo la responsabilidad de los decanos hacer una buena propuesta de elección de candidatos a fiscales, recordándoles que ellos no fueron electos popularmente, es decir no tienen compromisos políticos, sino solamente con la academia.
Dejo para su reflexión el comentario del licenciado Álvaro Castellanos, también entrevistado por elPeriodico:
“Castellanos notó la importancia de analizar el riesgo de conflicto de interés del fiscal general o funcionarios judiciales, que en los ámbitos privados como la banca se considera espurio porque atenta contra la certeza jurídica y no ofrece condiciones de igualdad. Todas las decisiones que se toman a partir de un conflicto de interés deberían ser nulas, señaló el jurista”
“Los fiscales y jueces, no son buenos o malos por lo que opina el público, sino porque sus sentencias son apegadas a la norma jurídica y moral, en beneficio de la sociedad”.
