La iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial, debe ser aprobada, afirma Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación Para el Desarrollo (FUNDESA). Hace varios años, el proyecto se planteó y aunque recibió dictamen favorable en 2018, no ha llegado al pleno para su discusión.
Roxana Orantes Córdova
La necesidad de una infraestructura adecuada en Guatemala se puso en evidencia de forma dramática este año, con un invierno especialmente largo y caudaloso. Deslaves, baches y trágicos hundimientos como el de Villa Nueva son la punta del iceberg de una situación estructural, en un país donde hace décadas no se ha construido una sola nueva carretera y las existentes reciben un mantenimiento precario, pese a los millones que recibe el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.
Conocedores del tema, como el diputado Lázaro Zamora, expresan que la situación está directamente vinculada a la falta de planificación y escasa capacidad técnica para proponer y ejecutar diversas obras de infraestructura.
El Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE), en 2017 se enfocó en esa situación. En ese evento se enfatizó en que la red vial guatemalteca es del siglo pasado. Entre otras situaciones absurdas, se mencionó que la libra de culantro guatemalteco es más cara en Cobán que en EE.UU., debido a que un agricultor nacional puede pasar más de cinco horas en carretera para cubrir 153 kilómetros entre una aldea y la capital.
En 2017, el promedio de velocidad de los guatemaltecos estaba estimado entre 30 y 37 kilómetros por hora. Esta situación no ha variado, aunque institucionalmente se reconoce que la infraestructura vial es uno de los principales pilares del desarrollo.
Urge aprobar la ley, señala Zapata
El director ejecutivo de FUNDESA, Juan Carlos Zapata, dijo a Perspectiva:
«Es urgente que el Congreso apruebe la iniciativa 5431 Ley General de Infraestructura Vial, moderniza el derecho de vía, velando por la protección de los derechos constitucionales de propiedad, pero generando una declaratoria de utilidad pública, con base en estudios previos. Se reducen los riesgos de los proyectos, dando certeza jurídica a los contratos y beneficiando la capacidad del Estado a poder planificar de mejor manera, priorizando proyectos y con la posibilidad de contar con propuestas no solicitadas, que hace que los costos de prefactibilidad y factibilidad se paguen, solamente al ejecutarse el proyecto, permitiendo con ello cargos por disponibilidad en los proyectos de carreteras»
