En una conferencia de prensa ofrecida el 18 de julio, el sector empresarial organizado expresó su preocupación “por las repercusiones que ha tenido la suspensión de la mina San Rafael. En este caso, suman ya 378 días sin operar y 266 días sin que la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelva”.
Algunos de los efectos que ha tenido esta prolongada suspensión son el despido de 500 personas, que afecta a igual número de familias, así como 5,500 empleos indirectos perdidos. El país dejó de percibir Q. 1,887 millones entre impuestos, regalías, pago a proveedores y salarios.
Para el CACIF: “lo que se constituye también en una tragedia es un sistema de justicia inerte. El máximo ente rector de la Constitución en el país no ha emitido pronunciamiento sobre la suspensión de la mina San Rafael, con lo que desafía los plazos de ley que el tribunal está obligado a cumplir.
Sin embargo, nos sorprende que ha conocido con celeridad otros casos, con lo que se acrecientan las dudas sobre la forma en la que actúa la corte. Ni los trabajadores cesantes, ni la economía del país están en condiciones de esperar a que la CC salga de su letargo, por lo que el sector empresarial anuncia que se ha presentado un memorial ante ese tribunal.
Basándose en la Ley de Acceso a la Información Pública, piden a la CC que les proporcione las siguientes informaciones:
1. Nombre del magistrado ponente actual en el caso de la mina San Rafael
2. Que se informe cuántas veces los magistrados han presentado sus ponencias a la Secretaría del Pleno de Magistrados de la CC;
3, Que se señale durante cuántos días, la Secretaría del Pleno ha tenido por recibidas las ponencias y no las ha incluido en agenda para conocimiento del pleno de magistrados;
4. Que se informe, de conformidad con los controles administrativos internos de la CC, qué magistrados y cuántas veces, han solicitado el retiro de las ponencias
5. Se entreguen los audios o vídeos en los cuales conste la presentación
6 Se informe cuál es el estado administrativo actual del expediente.
La gremial de empresarios concluye con la siguiente afirmación: “Esperamos que la CC actúe con transparencia y responda con precisión a las peticiones formuladas en el memorial que hemos entregado este día con base en la ley citada. Los plazos se han vencido y Guatemala necesita enviar mensajes claros de certeza jurídica en estos momentos, cuando las oportunidades de inversión y desarrollo para los guatemaltecos se ven bajo una eminente amenaza”.
