El reconocimiento judicial de hoy por la mañana en el “edificio fantasma” es un primer paso en un caso que implica a dos personajes que según señalamientos, tuvieron relación con Alejandro Sinibaldi: Thelma Aldana, la ex fiscal que adquirió el inmueble por Q35 millones, y William Batz Gallardo, implicado en un caso que también vincula al ex titular del MICIVI.
Redacción Perspectiva
Hoy por la mañana, el Juez Undécimo de Primera Instancia Penal, acompañado por personal del Ministerio Público (MP), y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), como querellante, realizaron un reconocimiento en un edificio abandonado hace tres años y adquirido por el MP al costo de Q35 millones, con la autorización de Thelma Aldana.
Edificio fantasma es un inmueble “cuyas condiciones lo convierten en inconveniente para la venta y suele permanecer vacío algún tiempo. Esto lo convierte en candidato a ser vendido al Estado, que paga por el error empresarial”, dijo en 2018 a Perspectiva el abogado Fernando Linares Beltranena, uno de los primeros en denunciar esta compra.
Las irregularidades del edificio fantasma han sido minuciosamente detalladas por varios medios, aunque vale la pena recordar algunas, que expresó a Perspectiva el fiscal Marlon Pacheco hace unos meses, cuando se anunció que el MP podría solicitar orden de captura internacional contra Aldana (lo que finalmente no sucedió).
Según afirmó el fiscal en aquel momento, la jefe de departamento que debía autorizar la compra fue sustituida por Diana Benavides, procesada por el caso; se trató de una compraventa no presupuestada por el plan anual del MP; la jefe administrativa del MP realizó la negociación con personas que no eran propietarios ni representantes legales.
Todas estas irregularidades se suman a que William Balz Gallardo, propietario del inmueble, estuvo implicado en el caso de CICIG-MP llamado Red de poder, corrupción y lavado, que vincula a Alejandro Sinibaldi, hoy testigo protegido. Esto implica que dos de los principales actores en el caso conocido como “edificio de la corrupción” podrían haber tenido vínculos con el ex ministro, lo que plantea un reto interesante para el MP.
Entre los hallazgos más notorios en la inspección de hoy que fueron reportados por el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y el abogado Raúl Falla, se encontró que el inmueble no tiene agua corriente. Encargados de seguridad del edificio informaron que se compra una pipa de agua cada tres meses. Inicialmente, estaba programado que estas pipas se comprarían a una empresa de Balz. Con el edificio ocupado, el MP hubiera pagado a Balz Q400 mil al año, por proveer agua.
Además, el cielo falso comenzó a caer en pedazos en algunos sectores. Los sistemas eléctricos son deficientes, hay paredes descascaradas y el deterioro es notorio, pese a que cuando se hizo la compra estaba recién construido. El MP lo adquirió por Q35 millones aunque no tenía acabados.
El reconocimiento de hoy fue un hecho esperado mucho tiempo, considerando que las denuncias comenzaron casi inmediatamente después de una adjudicación con varias irregularidades que fue entregada en un día.
