Alfredo García y Edgar Ortiz conversaron con Perspectiva sobre el Decreto 15-2020 y el veto presidencial. Ambos nos fallaron, afirma Ortiz, mientras García menciona que los legisladores no “saltaron la tranca” al votar para desconocer el veto, pero sí al incluir el tema del agua, que no es asunto del gobierno central sino de las municipalidades, las cuales gozan de autonomía.
Roxana Orantes Córdova
Más de un abogado asegura que el Decreto 15-2020, según el cual se deben diferir los servicios de “luz, agua y teléfono”, tiene errores de redacción que son inconcebibles en un documento tan breve, lo cual evidencia el desconocimiento de los legisladores que lo crearon y los asesores que seguramente lo redactaron y analizaron.
Sin embargo, también es cuestionado el veto del mandatario Alejandro Giammattei, puesto que tardó 25 días hábiles en tomar su decisión y lo hizo horas después de que la Corte de Constitucionalidad (CC), le diera 48 horas para vetar o sancionar el decreto citado.
En su cuenta de Twitter, Ortiz escribió: “Nos fallaron todos: el Congreso primero hace una ley con errores; luego el presidente tarda una ETERNIDAD en vetar algo que pudo vetar hace 20 días; el Congreso vuelve a fallar rechazando el veto e incumpliendo procedimiento. Mal, mal…”
Ayer, con 126 votos, los diputados rechazaron el veto presidencial. Para Ortiz, debieron someter el decreto a consulta de la CC, por lo que se habrían “saltado las trancas”. García, sin embargo, considera que la Ley de Amparo faculta a los legisladores para rechazar el veto con las dos terceras partes de votos.
Argumentos como “bien común” y “dar la espalda” abundaron entre quienes están a favor de la normativa, aunque presente errores que podrían convertirla en inconstitucional.
Poco después de que los diputados lograran revertir el veto del mandatario, un abogado interpuso un amparo ante la CC para que el texto sea revisado. Mientras los argumentos a favor del decreto insisten en el beneficio de las mayorías, quienes no lo avalan consideran que retardar los pagos por tres meses solamente lograría endeudar a los ciudadanos, al mismo tiempo que quedaría en duda quién asumirá la mora de los intereses por esas deudas.
Un comunicado de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expresa su aval al veto presidencial, enfatizando en: 1. La falta de precisión o ambigüedades en la propuesta pueden tener efectos negativos; 2. El mandatario está facultado para el veto; 3. Las iniciativas de apoyo deben plantearse sobre bases técnicas y correctas; 4. Es necesario evitar la quiebra y cierre de las pequeñas y grandes empresas.
“El retraso en la decisión presidencial fue maliciosamente extemporáneo”
Ortiz, encargado del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, comenta:
“estoy de acuerdo con que es necesario ayudar a la gente ante el peligro de cortes de servicios por la crisis, pero en el Decreto no se acotó por ejemplo, a quienes se va a ayudar. Se limita a indicar personas vulnerables pero no se fijaron parámetros. Tampoco se incluyó un mecanismo de compensación. Ciertamente, la Empresa Eléctrica tiene mucho dinero, pero era necesario establecer los mecanismos del pago de intereses moratorios. ¿Quién asumirá el costo del impago, será el Estado y cómo lo hará?”.
Por otra parte, el entrevistado señala que si bien existían razones para el veto, no fue correcto que el Presidente tardara tanto en tomar una decisión sobre un texto de cinco párrafos. Esto, indica, parece indicar que sus asesores no son muy versados. Especialmente, porque al final presentaron un argumento legalista simple. No se trataba de un tema complicado y tardaron mucho, lo que hace pensar que hubo un retardo maliciosamente extemporáneo.
En cuanto a las bancadas que lograron revertir el veto, considera que “saltarse el paso de acudir a la CC por una opinión consultiva, vicia el procedimiento. Fue un error saltar el procedimiento sin pasar por la CC y ya hay un amparo en esa instancia. La CC no puede ir contra su propia jurisprudencia”
“La consulta a la CC no es obligatoria”
Alfredo García, dignatario de la Nación, considera que la opinión consultiva es un paso opcional en el procedimiento, puesto que la Ley de Amparo faculta a los diputados para rechazar el veto.
“Están ejerciendo la primacía legislativa, que les permite inclusive pasar leyes anticonstitucionales. Esto no significa que lo deban hacer” dice.
Además de la imprecisión al referirse a la energía eléctrica como “luz”, hay un tema de fondo cuando se refieren al agua. El Ejecutivo y el Congreso no pueden obligar a las municipalidades a ejecutar ninguna acción, puesto que son autónomas.
El resultado, dice García, podría ser que alcaldes tomen decisiones negativas, como dejar de clorar el agua o prestar un servicio irregular.
Para la CC la situación es una “prueba de fuego”, porque deberá resolver la consulta que le plantea el amparo interpuesto el jueves por la noche, concluye.
